Luego de Juan Orlando Hernández viene nueva temporada de extradiciones

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Una nueva temporada de políticos, policías y militares desfilando por las cortes federales de Estados Unidos comenzará próximamente, luego que se cerró la etapa relacionada con el cartel de los hermanos Hernández, presagian los investigadores.

El viernes recién pasado, un jurado de la Corte del Distrito Sur de Nueva York declaró culpable de narcotráfico al expresidente Juan Orlando Hernández (JOH).

Anteriormente, el 18 de octubre de 2019, su hermano y excongresista Juan Antonio Hernández (“Tony”), otro jurado -en el mismo tribunal- también lo encontró culpable de tráfico de drogas y un juez lo sentenció -el 30 de marzo de 2021- a cadena perpetua más 30 años de prisión. Ambos hermanos fueron considerados como narcotraficantes a gran escala.

Así, la justicia norteamericana cierra una fase del proceso de lucha contra las drogas en Honduras, pero, según los expertos, continúa con otra etapa en persecución de aquellos individuos que fueron mencionados en el juicio de Hernández y de aquellos que saldrán salpicados por el excongresista Midence Oquelí; el exalcalde de Yoro, Arnaldo Urbina; el exexdirector policial Juan Carlos “El Tigre” Bonilla y el expolicía Mauricio Hernández Pineda, todos ellos presos y en espera de juicio o sentencia en Estados Unidos.

“Mi oficina no se detendrá ante nada para investigar y procesar a los responsables de enviar veneno a esta comunidad, sin importar su estatus o poder político”, advirtió Damian Williams, fiscal de Nueva York.

Igualmente, el fiscal general de Estados Unidos, Merrick B. Garland, también dejó claro que el Departamento de Justicia irá contra todo “el ecosistema de redes de narcotráfico que dañan al pueblo estadounidense, sin importar qué tan lejos o cuán alto debamos llegar”.

“¿De hecho usted estuvo en una reunión donde estaban planificando el asesinato del general (Julián) González y en esa reunión estaba un hijo del expresidente Zelaya?”, preguntó el abogado Raymond Colon, defensor de Hernández, al capo Alexander Ardón.

“¡Objeción!”, gritó uno de los fiscales poniéndose de pie y pidiendo permiso al juez Kevin Castel para conversar o intercambiar opiniones con Colon. El acusador vio la carpeta en la que el defensor estaba basando su interrogatorio, luego le dijo algo al oído y volvió a su asiento. De inmediato Colon cambió sus preguntas.

Este pasaje deja entrever que hay más líneas de investigación que las autoridades norteamericanas han ejecutado o siguen trabajando de manera muy discreta, sostuvo Nery Ordóñez, abogado, criminólogo e investigador.

Él está seguro de que las autoridades estadounidenses tienen investigaciones adelantadas de varios mencionados en el juicio.

“Ellos tienen todo muy bien calculado, sí van a haber nuevas peticiones de extradición, tanto de los que fueron mencionados, como de aquellos que son parte de las nuevas estructuras del narcotráfico”, dijo.

Ordóñez manifestó que si los mencionados en Nueva York son acusados en Honduras no podrán ser extraditados de inmediato.

Un ejemplo claro es el de Arnaldo Urbina, exalcalde de Yoro, quien fue acusado por los delitos de lavado de activos, luego el 9 de junio de 2019 se aprobó su extradición a Estados Unidos, pero ésta fue ejecutada hasta el 31 de enero de 2023, después que un tribunal sobreseyera definitivamente su caso en Honduras.

Además, en mayo de 2018 se ordenó la extradición de José Miguel Handal Pérez, pero como él está sentenciado en Honduras a 17 años de prisión por lavado de activos entonces su traslado a Estados Unidos se ejecutará hasta que cumpla su pena.

El fiscal general Johel Zelaya dijo que todo el que ha sido mencionado allá será investigado y acusado en este país. Entonces solo podrán ser extraditados después de ser sobreseídos definitivamente o que hayan cumplido su sentencia en Honduras, explicó.

En el interrogatorio a Devis Leonel Rivera, “El Cachiro”, el fiscal le preguntó: “¿Cuáles son los tipos de personas que lo protegieron?”.

“Políticos, militares, policías, jueces, fiscales, alcaldes y otros”, respondió el capo.

“¿Y cómo logró su ayuda?”, consultó otra vez el juez.

“Sobornándolos”, dijo “El Cachiro”.

“¿De dónde provenían los recursos?”, interrogó.

“Del narcotráfico”, contestó Rivera.

En el juicio de JOH, 28 personas -entre políticos, policías, empresarios y exfuncionarios- fueron vinculados con el narcotráfico, según un recuento que hizo este rotativo basado en los testimonios.

De esta cantidad 19 están actualmente en el país, seis guardan prisión en Estados Unidos y tres ya fallecieron.

Mike Vigil, exjefe de operaciones internacionales de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), está seguro que luego del cierre del caso del expresidente Hernández van a haber más extradiciones porque habrá más acusaciones formales, no solo contra políticos, sino también empresarios, miembros de las fuerzas de seguridad ya que fue una conspiración muy amplia.

Sobre por qué no se ha extraditado a los otros dos expresidentes hondureños mencionados por los capos (Porfirio Lobo Sosa y Manuel Zelaya), Vigil sostuvo: las autoridades de Estados Unidos “jamás van a hacer una acusación formal contra un mandatario o exmandatario si las evidencias todavía no son supremamente contundentes. Yo creo que siguen con sus investigaciones y preparando casos porque en el caso de ‘Pepe’ Lobo lo mencionaron varias veces, nuevamente”, comentó.

Acerca de la prescripción de los casos por las fechas que mencionan a Lobo y Manuel Zelaya, explicó que todo depende, porque no hay un límite de tiempo.

La DEA y la Fiscalía determinan si un caso prescribe a los cinco años porque no hay movimientos de una conspiración; “pero si en esa conspiración hay otros miembros metidos en el narcotráfico entonces no hay prescripción”, explicó.

Vigil también explicó que un caso que haya sido cerrado también puede reabrirse si se encuentran nuevos elementos vinculados con el narcotráfico.

Por otro lado, Fátima Mena, diputada por el Partido Salvador de Honduras (PSH), pidió a los mencionados en el juicio contra Hernández que se pongan a la orden de la justicia norteamericana, pero que también la justicia hondureña reaccione no solo enviando fiscales a Nueva York, sino también buscando una colaboración mutua.

Recordó que, según el informe de la comisión de extradiciones nombradas por el Congreso Nacional, en el 2022 había aproximadamente 33 extradiciones pendientes y hasta la fecha unas cuatro o cinco han sido ejecutadas, “estamos hablando que entre 27 y 28 están pendientes. No quisiera pensar que los fiscales van a regresar a Honduras a priorizar presentación de requerimientos en contra de personas ya solicitadas, con el fin de obstaculizar su extradición”, cuestionó Mena.