TEXAS, ESTADOS UNIDOS.- Encadenados por los tobillos y las muñecas, y sin cordones en sus zapatos, una larga fila de hombres y mujeres esperaban en la pista mientras agentes los palpaban y se aseguraban de que no tenía nada escondido en sus bocas.
Luego, uno por uno, subían por una escalera a uno de los aviones alquilados del tamaño de un avión comercial.
Se trataba de un vuelo para deportados manejado por ICE Air. A su ocupantes les retirarían las cadenas y les devolverían los cordones al aterrizar en El Salvador.
Una oscura división del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido por sus siglas en inglés, ICE, opera cientos de vuelos anuales que transportan inmigrantes deportados. Estos vuelos son un gran negocio: El gobierno ha gastado aproximadamente mil millones de dólares en ellos en la última década y la administración de Donald Trump se propone aumentar un 30% el presupuesto para esos vuelos.
Los aviones transportan inmigrantes detenidos de una ciudad de Estados Unidos a otra y, cuando hay orden de deportación, a su país de origen. Unas 100,000 personas son devueltas a sus países en esos vuelos todos los años.
Si bien los mexicanos generalmente son transportados por aire a ciudades del sur de Estados Unidos y de allí llevados por tierra a la frontera, los centroamericanos son trasladados a sus países en aviones.
Según registros de la actividad aérea, los vuelos con deportados que son enviados a Guatemala y Honduras aumentaron marcadamente este año. Y el ICE pidió un aumento del 30% en su presupuesto para estos vuelos comparado con el del año pasado.
El organismo calcula que el año pasado gastó unos 7,785 dólares por hora en los vuelos.
El ICE empezó a alquilar aviones privados hace una década después de usar por mucho tiempo aviones del gobierno. La dependencia dice que el uso de aviones privados le permite ahorrar unos 25 millones de dólares por año y le da mayor flexibilidad. El uso de aviones alquilados, por otro lado, evita que se envíen grandes cantidades de deportados en vuelos comerciales, que requieren la compra de pasajes para los agentes que acompañan a los deportados, o retenerlos en el país por más tiempo que el necesario y ocupando espacio en los centros de detención.
“No quiero prolongar la detención de nadie”, dijo Pat Contreras, director de la unidad de transporte de deportados del ICE en Houston. “Si un juez dice que tienes que ser enviado a tu país, debemos apresurarnos a cumplir esa orden para que la persona no pase detenida más tiempo del necesario”.
Activistas que defienden los derechos de los migrantes, sin embargo, dicen que los vuelos alquilados son un ejemplo de cómo las políticas duras hacia la inmigración ilegal --desde la detención hasta el monitoreo de la deportación-- enriquecen a compañías privadas.
“La forma de ahorrar dinero es deportando menos gente, no privatizando la industria”, manifestó Bob Libal, director de Grassroots Leadership, que se opone a la detención de inmigrantes.
“ICE es mayormente una agencia privatizada”, sostuvo Libal. “En muchos sentidos, ha sido capturada por industrias que se benefician con las deportaciones y las detenciones”.
The Associated Press observó cómo los inmigrantes subían a un avión que se los llevaría del país en una terminal privada del Aeropuerto Intercontinental George Bush en Houston.
El Boeing 737 no tenía cartel alguno que indicase que transportaba deportados. Tenía la insignia de Swift Air, una firma privada que también alquila vuelos para campañas políticas y equipos deportivos, incluidos los Boston Bruins y los Chicago Blackhawks de hóckey sobre hielo. En este caso, Swift Air había sido contratada por Classic Air Charters, una compañía con sede en Huntington, estado de Nueva York, que obtuvo un contrato con el ICE para transportar deportados el año pasado.
Classic Air cobró 51 millones de dólares del ICE este año, según cuentas de gastos federales. El contratista anterior, CSI Aivation de Nuevo México, había percibido 906 millones de dólares del ICE desde el 2010, cuando aviones privados empezaron a ocuparse de los traslados.
Cuando el avión aterrizó en Houston, ya tenía unos 30 salvadoreños a bordo, traídos desde Alexandria, Luisiana, uno de los centros de operaciones del ICE. Miraban por las ventanillas mientras el aparato permanecía en la pista.
Llegaron entonces dos autobuses, con 45 hombres y cinco mujeres. Sus escasas pertenencias estaban en unas bolsas de redecillas rojas, que los trabajadores separaron en la pista.
Los agentes revisaron a cada detenido antes de que abordasen el avión, un trámite que tomó unos 20 minutos.
De acuerdo con la agencia, 29 de las 50 personas que abordaron el aparato en Houston habían sido detenidas por cometer delitos, incluidas cuatro que eran buscadas en El Salvador por intento de asesinato o por homicidio, indicó la agencia.
Las otras 21 no eran consideradas delincuentes, lo que implica que estaban siendo deportadas por violaciones a las leyes de inmigración. Veinte de los 50 ya habían sido deportados anteriormente.
El ICE no permitió a la AP subir al avión, pero los agentes dijeron que los vuelos son tranquilos. Se sirve una comida y hay un médico a bordo. Pero los detenidos --incluidos los que no son considerados delincuentes-- permanecen encadenados hasta que aterriza el aparato.
“Tratamos de ser lo más humanos que podemos con todo lo que hacemos”, aseguró Contreras. “Tratamos de que estén seguros. Queremos asegurarnos de que nadie hace nada malo”.
Luego, uno por uno, subían por una escalera a uno de los aviones alquilados del tamaño de un avión comercial.
Se trataba de un vuelo para deportados manejado por ICE Air. A su ocupantes les retirarían las cadenas y les devolverían los cordones al aterrizar en El Salvador.
Una oscura división del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido por sus siglas en inglés, ICE, opera cientos de vuelos anuales que transportan inmigrantes deportados. Estos vuelos son un gran negocio: El gobierno ha gastado aproximadamente mil millones de dólares en ellos en la última década y la administración de Donald Trump se propone aumentar un 30% el presupuesto para esos vuelos.
Los aviones transportan inmigrantes detenidos de una ciudad de Estados Unidos a otra y, cuando hay orden de deportación, a su país de origen. Unas 100,000 personas son devueltas a sus países en esos vuelos todos los años.
Si bien los mexicanos generalmente son transportados por aire a ciudades del sur de Estados Unidos y de allí llevados por tierra a la frontera, los centroamericanos son trasladados a sus países en aviones.
Según registros de la actividad aérea, los vuelos con deportados que son enviados a Guatemala y Honduras aumentaron marcadamente este año. Y el ICE pidió un aumento del 30% en su presupuesto para estos vuelos comparado con el del año pasado.
El organismo calcula que el año pasado gastó unos 7,785 dólares por hora en los vuelos.
El ICE empezó a alquilar aviones privados hace una década después de usar por mucho tiempo aviones del gobierno. La dependencia dice que el uso de aviones privados le permite ahorrar unos 25 millones de dólares por año y le da mayor flexibilidad. El uso de aviones alquilados, por otro lado, evita que se envíen grandes cantidades de deportados en vuelos comerciales, que requieren la compra de pasajes para los agentes que acompañan a los deportados, o retenerlos en el país por más tiempo que el necesario y ocupando espacio en los centros de detención.
“No quiero prolongar la detención de nadie”, dijo Pat Contreras, director de la unidad de transporte de deportados del ICE en Houston. “Si un juez dice que tienes que ser enviado a tu país, debemos apresurarnos a cumplir esa orden para que la persona no pase detenida más tiempo del necesario”.
Activistas que defienden los derechos de los migrantes, sin embargo, dicen que los vuelos alquilados son un ejemplo de cómo las políticas duras hacia la inmigración ilegal --desde la detención hasta el monitoreo de la deportación-- enriquecen a compañías privadas.
“La forma de ahorrar dinero es deportando menos gente, no privatizando la industria”, manifestó Bob Libal, director de Grassroots Leadership, que se opone a la detención de inmigrantes.
“ICE es mayormente una agencia privatizada”, sostuvo Libal. “En muchos sentidos, ha sido capturada por industrias que se benefician con las deportaciones y las detenciones”.
The Associated Press observó cómo los inmigrantes subían a un avión que se los llevaría del país en una terminal privada del Aeropuerto Intercontinental George Bush en Houston.
El Boeing 737 no tenía cartel alguno que indicase que transportaba deportados. Tenía la insignia de Swift Air, una firma privada que también alquila vuelos para campañas políticas y equipos deportivos, incluidos los Boston Bruins y los Chicago Blackhawks de hóckey sobre hielo. En este caso, Swift Air había sido contratada por Classic Air Charters, una compañía con sede en Huntington, estado de Nueva York, que obtuvo un contrato con el ICE para transportar deportados el año pasado.
Classic Air cobró 51 millones de dólares del ICE este año, según cuentas de gastos federales. El contratista anterior, CSI Aivation de Nuevo México, había percibido 906 millones de dólares del ICE desde el 2010, cuando aviones privados empezaron a ocuparse de los traslados.
Cuando el avión aterrizó en Houston, ya tenía unos 30 salvadoreños a bordo, traídos desde Alexandria, Luisiana, uno de los centros de operaciones del ICE. Miraban por las ventanillas mientras el aparato permanecía en la pista.
Llegaron entonces dos autobuses, con 45 hombres y cinco mujeres. Sus escasas pertenencias estaban en unas bolsas de redecillas rojas, que los trabajadores separaron en la pista.
Los agentes revisaron a cada detenido antes de que abordasen el avión, un trámite que tomó unos 20 minutos.
De acuerdo con la agencia, 29 de las 50 personas que abordaron el aparato en Houston habían sido detenidas por cometer delitos, incluidas cuatro que eran buscadas en El Salvador por intento de asesinato o por homicidio, indicó la agencia.
Las otras 21 no eran consideradas delincuentes, lo que implica que estaban siendo deportadas por violaciones a las leyes de inmigración. Veinte de los 50 ya habían sido deportados anteriormente.
El ICE no permitió a la AP subir al avión, pero los agentes dijeron que los vuelos son tranquilos. Se sirve una comida y hay un médico a bordo. Pero los detenidos --incluidos los que no son considerados delincuentes-- permanecen encadenados hasta que aterriza el aparato.
“Tratamos de ser lo más humanos que podemos con todo lo que hacemos”, aseguró Contreras. “Tratamos de que estén seguros. Queremos asegurarnos de que nadie hace nada malo”.
