WASHINGTON, EEUU.- La Corte Suprema de Estados Unidos decidió este martes a favor del gobierno del
presidente Donald Trump en un caso sobre la detención de inmigrantes con antecedentes penales, en un momento en que la dura postura adoptada por la administración enfrenta varios recursos en la justicia.
El máximo tribunal sustentó la tesis del gobierno de que las autoridades pueden detener en cualquier momento y por un periodo indefinido a personas con este perfil por cinco votos a favor y cuatro en contra, según un documento publicado por la corte.
La Corte se pronunció sobre el tema a raíz de varios casos de personas que purgaron penas de prisión, varios de ellos por tenencia de marihuana.
Muchos años después de su liberación, fueron detenidos para su deportación, aunque entonces tuvieran sus papeles en regla.
Entonces se les negó la libertad condicional en base a una ley adoptada en 1996 por el Congreso que decreta detención automática para todos los extranjeros condenados por ciertos delitos 'cuando son liberados de prisión' hasta su expulsión.
Para estas personas, que estuvieron en prisión antes de ser liberados - tras lo cual pudieron permanecer en Estados Unidos- la ley de 1996 no se les debería haber aplicado, ya que no habían sido detenidos justo tras haber salido de prisión.
El juez Samuel Alito dijo que no es el trabajo de la Corte imponer un límite sobre el tiempo que los inmigrantes pueden ser detenidos después de haber cumplido una sentencia.
El magistrado destacó que el tribunal ha afirmado de forma reiterada en el pasado que 'es mejor que las obligaciones se lleven a cabo tarde que nunca', en referencia a la postura de que los inmigrantes debían ser detenidos en las 24 horas siguientes a la finalización de su sentencia.
En desacuerdo se pronunció e l juez Stephen Breyer, que cuestionó que cuando el Congreso promulgó la ley tuviera 'la intención de permitir que el gobierno detenga a las personas años después de su liberación de la cárcel y las mantuviera retenidas indefinidamente sin audiencia'.
'Para hablar en términos menos técnicos, yo temo que esta interpretación contraria de la Corte perjudicará seriamente los principios que las leyes estadounidenses han defendido hace tiempo', dijo el magistrado Breyer.
El máximo tribunal sustentó la tesis del gobierno de que las autoridades pueden detener en cualquier momento y por un periodo indefinido a personas con este perfil por cinco votos a favor y cuatro en contra, según un documento publicado por la corte.
La Corte se pronunció sobre el tema a raíz de varios casos de personas que purgaron penas de prisión, varios de ellos por tenencia de marihuana.
Muchos años después de su liberación, fueron detenidos para su deportación, aunque entonces tuvieran sus papeles en regla.
Entonces se les negó la libertad condicional en base a una ley adoptada en 1996 por el Congreso que decreta detención automática para todos los extranjeros condenados por ciertos delitos 'cuando son liberados de prisión' hasta su expulsión.
Para estas personas, que estuvieron en prisión antes de ser liberados - tras lo cual pudieron permanecer en Estados Unidos- la ley de 1996 no se les debería haber aplicado, ya que no habían sido detenidos justo tras haber salido de prisión.
El juez Samuel Alito dijo que no es el trabajo de la Corte imponer un límite sobre el tiempo que los inmigrantes pueden ser detenidos después de haber cumplido una sentencia.
El magistrado destacó que el tribunal ha afirmado de forma reiterada en el pasado que 'es mejor que las obligaciones se lleven a cabo tarde que nunca', en referencia a la postura de que los inmigrantes debían ser detenidos en las 24 horas siguientes a la finalización de su sentencia.
En desacuerdo se pronunció e l juez Stephen Breyer, que cuestionó que cuando el Congreso promulgó la ley tuviera 'la intención de permitir que el gobierno detenga a las personas años después de su liberación de la cárcel y las mantuviera retenidas indefinidamente sin audiencia'.
'Para hablar en términos menos técnicos, yo temo que esta interpretación contraria de la Corte perjudicará seriamente los principios que las leyes estadounidenses han defendido hace tiempo', dijo el magistrado Breyer.
