CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-Alrededor de 1.200 presos podrían salir de las cárceles mexicanas gracias a una ley de amnistía recién aprobada por el Senado para sentenciados por delitos no graves y a las medidas que prepara el gobierno federal para excarcelar a reclusos en riesgo de contraer Covid-19, indicó el martes Juan José García Ochoa, responsable de la política de reinserción del sistema penitenciario federal.
En entrevista con The Associated Press, el funcionario estimó que la ley de amnistía avalada el lunes beneficiaría a unos 800 presos —menos de los 2.600 que calculó el Senado—, en su mayoría personas sentenciadas por posesión o trasiego de droga en situación de pobreza, con discapacidad, que fueron obligadas por los grupos criminales o indígenas a quienes no se les haya garantizado un debido proceso.
Otros 400 reos podrían verse beneficiados por la “adecuación de las medidas de seguridad” contra la pandemia que se preparan para adultos mayores con algún tipo de factor de riesgo adicional y para mujeres embarazadas. Esto podría conllevar, entre otras cosas, arrestos domiciliarios y, a diferencia de la amnistía, afectaría tanto a sentenciados como a personas con proceso abierto.
El objetivo, explicó García Ochoa, es reducir en lo posible el riesgo de contagio entre presos federales, unos 17.000. Recordó que la mayoría son presos comunes en cárceles estatales, a los que no afectan estas medidas. En esos casos, cada estado tiene el poder para tomar las medidas que considere pertinentes.
En total, el país tiene una población penitenciaria de unos 200.000 internos.
Hasta el momento sólo tres estados —el Estado de México (centro), Yucatán (sureste) y Jalisco (oeste)— han reportado, en total, una decena de casos confirmados de coronavirus. Pero García Ochoa dijo que hay “unos 150 casos sospechosos en todo el país”, ninguno en cárceles federales, que son las de mayor seguridad y las menos pobladas.
En casi todos los reclusorios, agregó, se han reducido significativamente las visitas y se han puesto en marcha medidas adicionales de higiene o aislamiento de casos sospechosos.
El lunes el Senado aprobó por un procedimiento de urgencia la ley de amnistía que se analizaba antes de la pandemia, pero que cobró especial importancia porque ahora puede ayudar a evitar contagios en el interior de las prisiones, aunque expertos dicen que su alcance será mínimo.
Por ejemplo, la ley contempla amnistía a mujeres encarceladas por abortar pero, según García Ochoa, no hay ninguna, ya que las que están en prisión por interrumpir su embarazo, están sentenciadas bajo leyes estatales, con lo cual no se verán afectadas.
Elena Azaola, experta en temas penitenciarios del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, consideró que las medidas son “un buen gesto, pero absolutamente insuficiente” por su escaso alcance y porque no afectarán a los internos de las cárceles más hacinadas del país, las estatales.
Según un forme de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de 2019, más del 62% de esas prisiones tienen deficientes condiciones de higiene.
Por otra parte, uno de los principales problemas de excarcelar a personas mayores en situación de riesgo es que, en muchos casos, puede tratarse de ancianos que llevan muchos años en prisión y no tienen a donde ir, con lo que la medida, agregó la investigadora, al final podría tener un efecto contrario al deseado y dejar a esa persona en situación más vulnerable.
Naciones Unidas celebró la aprobación de la ley y el presidente Andrés Manuel López Obrador, tras felicitar al Senado, quiso dejar claro el lunes que la amnistía es una acción “humanitaria” que no significa “que estamos sacando de la cárcel a delincuentes peligrosos”.
García Ochoa subrayó que una vez que López Obrador promulgue la ley, lo más urgente sería agilizar los procesos tanto de amnistía como las otras medidas para que sean efectivas “en cuestión de días” y por ello ya han comenzado un diálogo con la judicatura, ya que tales acciones tienen que ser avaladas por un juez.
En entrevista con The Associated Press, el funcionario estimó que la ley de amnistía avalada el lunes beneficiaría a unos 800 presos —menos de los 2.600 que calculó el Senado—, en su mayoría personas sentenciadas por posesión o trasiego de droga en situación de pobreza, con discapacidad, que fueron obligadas por los grupos criminales o indígenas a quienes no se les haya garantizado un debido proceso.
Otros 400 reos podrían verse beneficiados por la “adecuación de las medidas de seguridad” contra la pandemia que se preparan para adultos mayores con algún tipo de factor de riesgo adicional y para mujeres embarazadas. Esto podría conllevar, entre otras cosas, arrestos domiciliarios y, a diferencia de la amnistía, afectaría tanto a sentenciados como a personas con proceso abierto.
El objetivo, explicó García Ochoa, es reducir en lo posible el riesgo de contagio entre presos federales, unos 17.000. Recordó que la mayoría son presos comunes en cárceles estatales, a los que no afectan estas medidas. En esos casos, cada estado tiene el poder para tomar las medidas que considere pertinentes.
En total, el país tiene una población penitenciaria de unos 200.000 internos.
Hasta el momento sólo tres estados —el Estado de México (centro), Yucatán (sureste) y Jalisco (oeste)— han reportado, en total, una decena de casos confirmados de coronavirus. Pero García Ochoa dijo que hay “unos 150 casos sospechosos en todo el país”, ninguno en cárceles federales, que son las de mayor seguridad y las menos pobladas.
En casi todos los reclusorios, agregó, se han reducido significativamente las visitas y se han puesto en marcha medidas adicionales de higiene o aislamiento de casos sospechosos.
El lunes el Senado aprobó por un procedimiento de urgencia la ley de amnistía que se analizaba antes de la pandemia, pero que cobró especial importancia porque ahora puede ayudar a evitar contagios en el interior de las prisiones, aunque expertos dicen que su alcance será mínimo.
Por ejemplo, la ley contempla amnistía a mujeres encarceladas por abortar pero, según García Ochoa, no hay ninguna, ya que las que están en prisión por interrumpir su embarazo, están sentenciadas bajo leyes estatales, con lo cual no se verán afectadas.
Elena Azaola, experta en temas penitenciarios del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, consideró que las medidas son “un buen gesto, pero absolutamente insuficiente” por su escaso alcance y porque no afectarán a los internos de las cárceles más hacinadas del país, las estatales.
Según un forme de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de 2019, más del 62% de esas prisiones tienen deficientes condiciones de higiene.
Por otra parte, uno de los principales problemas de excarcelar a personas mayores en situación de riesgo es que, en muchos casos, puede tratarse de ancianos que llevan muchos años en prisión y no tienen a donde ir, con lo que la medida, agregó la investigadora, al final podría tener un efecto contrario al deseado y dejar a esa persona en situación más vulnerable.
Naciones Unidas celebró la aprobación de la ley y el presidente Andrés Manuel López Obrador, tras felicitar al Senado, quiso dejar claro el lunes que la amnistía es una acción “humanitaria” que no significa “que estamos sacando de la cárcel a delincuentes peligrosos”.
García Ochoa subrayó que una vez que López Obrador promulgue la ley, lo más urgente sería agilizar los procesos tanto de amnistía como las otras medidas para que sean efectivas “en cuestión de días” y por ello ya han comenzado un diálogo con la judicatura, ya que tales acciones tienen que ser avaladas por un juez.
