Los aproximadamente 290 millones de dólares que el gobierno estadounidense puso a disposición del gobierno para ayudar a los escolares durante la paralización de actividades por el coronavirus continúan intactos desde hace más de un mes porque las autoridades locales no han presentado un plan que detalle cómo pretenden utilizar esos recursos.
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“Son datos que uno dice, 'caramba, ¿a dónde están llegando las ayudas?’”, afirmó Joalice Santiago, una maestra de cuarto grado que compra comida para sus estudiantes y, al igual que muchos de sus colegas, va de casa en casa para distribuirla.
En una medida que se prevé disminuirá la crisis alimentaria causada por el cierre de los comedores escolares a mediados de marzo, la gobernadora Wanda Vázquez anunció el miércoles en la noche que los trabajadores de esos establecimientos prepararán comidas, pero únicamente a solicitud de los alcaldes de los 78 municipios de la isla. Los trabajadores de la ciudad distribuirán después esos alimentos entre los niños que los necesitan.
El anuncio se efectuó mientras crece la indignación por lo sucedido y un día después de que el secretario de Educación, Eligio Hernández, insistió en que él no reabriría los comedores escolares que permanecen cerrados desde hace casi dos meses. Señaló que era muy arriesgado abrirlos porque el 64% de los trabajadores son adultos mayores y le preocupa exponerlos al coronavirus, así como a los niños. Es un dilema que han enfrentado los distritos escolares en el territorio continental de Estados Unidos, aunque algunos comedores han reabierto con servicio para llevar.
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Semanas antes del abrupto cambio de postura, el Departamento de Educación de Puerto Rico entregó comida a organizaciones caritativas y a un banco de alimentos para que la distribuyeran entre los niños. Activistas, maestros y una junta de control nombrada por el gobierno federal habían advertido que los alimentos eran insuficientes y no estaban llegando a los que más los necesitaban.
Maestras como Santiago se comprometieron a continuar ayudando a las familias pobres mientras muchas se mostraban recelosas del anuncio del gobierno y la capacidad de éste para satisfacer las necesidades de los niños. En una mañana calurosa reciente, Santiago abrió el baúl de su coche, agarró una hogaza de pan blanco y se acercó a Delia Vicente, una mujer desempleada con dos hijos cuyo esposo está hospitalizado por una infección bacteriana y no puede trabajar como recogedor de escombros.
Vicente sonrió al ver a Santiago y a otra maestra cargando una bolsa pesada llena de huevos, galletas, leche, jamón y jugo de naranja, cosas que ella no puede darse el lujo de comprar en estos momentos.
“Trato de hacerme la fuerte, pero no puedo”, dice Vicente, secándose las lágrimas y alejándose de su hijo mayor, que la veía. “Trato de que no me vean llorar”.
La isla, un territorio estadounidense con 3,2 millones de habitantes, tiene una tasa de pobreza de más de 40% que está profundizándose con el encierro de casi dos meses para combatir la pandemia, mientras sigue batallando para recuperarse de los estragos causados por el huracán María y una serie de sismos, con la economía afectada por una recesión desde hace 13 años. Es la tasa de pobreza más alta comparada con cualquier estado norteamericano, y Vicente y su familia están en ese grupo. Dice que los maestros son los únicos que han donado comida para sus dos hijos, pese a que el gobierno dice que los niños están siendo alimentados.
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El Departamento de Educación de la isla ha distribuido más de 160.000 kilogramos (350.000 libras) de alimentos de 704 escuelas a organizaciones sin fines de lucro y a un banco de alimentos. Esa comida ya se agotó y pronto se distribuirán otros 81.600 kilos (180.000 libras).
Hernández no quiso comentar sobre una demanda presentada el martes por siete madres y un grupo de organizaciones sin fines de lucro contra él y el sistema escolar, en la que dicen que la acción del gobierno es “inhumana, cruel, inadecuada, insuficiente y evasiva de su responsabilidad”.
La demanda afirma que los 160.000 kilos distribuidos representan apenas medio kilogramo por estudiante para cubrir sus necesidades durante 40 días de encierro. Normalmente, los 292.000 niños en escuelas públicas en Puerto Rico reciben desayuno, almuerzo y merienda.
“Tengo unos niños que están viviendo una crisis porque esos alimentos eran los únicos del día”, dice la trabajadora social Michelle Valentín. “Las familias me están llamando, diciendo que cuando llaman al banco de alimentos, que no le donan”.
Una junta federal que supervisa las finanzas de la isla exigió que las autoridades de educación elaboren un plan de distribución de alimentos y las criticó por donar comida cruda a organizaciones sin fines de lucro.
“Esto representa 14 días de alimento solamente”, le escribió la junta en una carta a la gobernadora. “Asimismo, los alimentos se han puesto a la disposición de todos los miembros de la comunidad, y aunque es recomendable proporcionar comida para todos, este programa está diseñado para los estudiantes y sus familias”.
La junta se sumó además a maestros y trabajadores sociales que han propuesto que el gobierno puertorriqueño siga la pauta de ciudades grandes en Estados Unidos que están entregando comidas a domicilio u ofreciendo servicio para llevar. Pero incluso algunos distritos escolares estadounidenses han reducido el volumen de comidas al agotarse los fondos o enfermarse los trabajadores de Covid-19.
Es una preocupación que Nelly Ayala, presidenta del sindicato de trabajadores de cafeterías escolares de Puerto Rico, ha expresado, y añade que ellos nunca exigieron que se cerraran los comedores, sino solamente que se protegiera a sus empleados.
“Los empleados de comedores escolares siempre han dicho presente en todas las emergencias... pero en esta ocasión hay un problema serio de seguridad personal que hay que tener en cuenta”, dijo en una declaración.
El Departamento de Educación dice que va a lanzar un programa con fondos federales a mediados de año para que las organizaciones sin fines de lucro puedan ofrecer hasta dos comidas diarias para niños de hasta 18 años. Pero muchos temen que miles de personas no puedan esperar tanto.
Las más afectadas son madres solteras como Jenny Encarnación, que es manicurista desempleada y pasa apuros para alimentar a su hijo, estudiante de cuarto grado. Cuando Encarnación explicaba que no ha recibido ninguna ayuda del gobierno, una mujer que pasaba cerca escuchó la conversación e intervino diciendo: “¡A nadie!”, y siguió caminando.
“Los ahorros se están yendo a pique”, continuó Encarnación. “No tengo ingresos”.
