Una investigación de la Associated Press indicó que al menos diez de esos estados comparten también los nombres de las personas que dieron positivo en las pruebas.
Compartir esta información no viola las leyes sobre privacidad médica, según las pautas fijadas por el Departamento de Salud y Servicios Humanos. La policía dice que la información la ayuda a tomar precauciones adicionales para evitar contagiarse y propagar el virus.
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Pero activistas comunitarios y defensores de los derechos civiles expresan alarma por la posibilidad de que se use la información para catalogar a los hispanos y los afroamericanos, que tienen una relación difícil con la policía. Algunos temen incluso que la información sea compartida con las autoridades del servicio de inmigración.
En Tennessee el tema ha sido criticado por legisladores tanto republicanos como demócratas.
“La información puede tener un ‘efecto paralizador’ y hacer que personas que desconfían del gobierno no se hagan pruebas del Covid-19 y terminen acelerando la propagación de la enfermedad', expresó el Bloque Negro de Tennessee en un comunicado este mes.
Muchos miembros de comunidades minoritarias trabajan en sectores que requieren que sigan presentándose en sus sitios laborales, lo que los hace más susceptibles al virus. Y más necesario que se hagan pruebas.
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La investigación de la AP indica que las autoridades sanitarias de al menos 35 estados entregan las direcciones de quienes dan positivo en sus pruebas al personal de la primera línea de fuego que la pida. En al menos diez de esos estados los organismos sanitarios también comparten sus nombres: Colorado, Iowa, Luisiana, Nevada, Nueva Hampshire, Nueva Jersey, Dakota del Norte, Ohio, Dakota del Sur y Tennessee. Wisconsin lo hizo por un tiempo, pero luego suspendió la práctica.
Thomas Sáenz, presidente del Fondo Mexicano Americano de Defensa Legal y Educación, dijo que los organismos policiales deberían explicar por qué obtienen los nombres y/o direcciones y garantizar a las comunidades minoritarias que la información no será entregada al gobierno federal. Destacó que preocupa el hecho de que el gobierno de Donald Trump exige a las autoridades locales que cooperen con el servicio de inmigración.
“Hay que preguntarse por qué es necesario suministrar esa información a los organismos policiales y si hay peligro de que se la use mal”, expresó Sáenz.
Los organismos policiales, por su parte, dicen que desde hace tiempo que disponen de información confidencial, como los números del Seguro Social y los antecedentes delictivos.
Según la Orden Fraternal de la Policía, un organismo nacional, más de 100 agentes fallecieron por el coronavirus. Cientos más dieron positivo, lo que deja sin personal a muchos departamentos.
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“Muchas agencias antes de tener esta información habían sufrido bajas y ahora son mínimas”, señaló Maggi Dungan, directora ejecutiva de la Asociación de Jefes de Policía de Tennessee.
Hay quienes se preguntan por qué no se toman precauciones con todo el mundo, dado que hay tantos portadores del virus asintomáticos o con síntomas muy leves. Arguyen que usar equipo protector solo con los casos confirmados no garantiza nada.
En Ohio, la directora de salud Amy Acton dispuso el 24 de abril que los departamentos sanitarios suministren a los despachadores de emergencias los nombres y direcciones de las personas de sus jurisdicciones que dieron positivo al Covid-19. La orden, no obstante, dijo que el personal en la primera línea de fuego debe manejarse como si toda persona con la que entran en contacto tuviese el virus. Eso es lo que desconcierta a la Unión Americana de Libertades Civiles.
“Si recomiendan eso, ¿para qué necesitan compartir esta información específica con el personal de la primera línea de fuego?”, preguntó Gary Daniels, jefe de los cabilderos de la oficina de la UALC de Ohio.
Duncan dijo que disponer de esa información de antemano es valioso porque permite a los agentes “hacer mejor su trabajo y de una forma más segura”.
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La información es borrada del banco de datos del sistema de comunicaciones de emergencia de Tennessee en un mes, o cuando el paciente ya no es monitoreado por el departamento de salud, según funcionarios sanitarios y documentos revisados por la AP.
La Coalición por los Derechos de los Inmigrantes y los Refugiados de Tennessee dijo que compartir la información médica es algo “muy alarmante”, que puede socavar la confianza que los gobiernos han estado tratando de ganarse en las comunidades de inmigrantes y minoritarias.
“Que nos digan cómo funciona, que nos digan qué tan efectivo es esto. No nos digan simplemente que es una necesidad”, declaró el representante estatal G.A. Hardway, demócrata de Memphis que preside el bloque legislativo negro.
La información en cuestión es muy apetecida por los organismos policiales. En Pensilvania, dos sindicatos de policías acudieron a los tribunales para tratar de obligar a las autoridades sanitarias a revelar los nombres y las direcciones de los pacientes. El caso todavía no se resolvió.
