En los pasillos de los hospitales, cubiertos con propaganda política, las fotos de los 'héroes y mártires' sandinistas se exhiben junto a las del presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, cuyas miradas atentas parecen vigilar cada paso. En el exterior, al igual que en las estaciones de Policía y en los Ministerios de Estado, ondea la bandera roja y negra del partido gobernante.
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'Ahí dentro todo es secreto', dijo a The Associated Press la doctora María Nela Escoto, una anestesista con 24 años de experiencia, despedida en junio junto con más de una docena de otros especialistas médicos por criticar el manejo de la pandemia por parte del gobierno.
'No permiten sugerencias y no se puede cuestionar nada porque te vigilan. Es un ambiente muy hostil'.
Mientras otros países cerraban sus fronteras o al menos instaban al distanciamiento social, el gobierno de Ortega ha alentado a la gente a vivir de forma 'normal'.
El gobierno registra hasta hoy sólo 83 muertes por coronavirus y unos 2,500 casos confirmados, pero el Observatorio Ciudadano, una red de activistas y médicos independientes, eleva esas cifras a 2,087 decesos y al menos 7,402 casos verificados como sospechosos de covid-19, ya que las pruebas sólo las hace el Ministerio de Salud y no reporta cuántas realiza por día.
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En medio de denuncias de 'entierros exprés', que continúan por las noches en cementerios vigilados por la Policía, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) se ha hecho eco del llamado de los médicos nicaragüenses para que se adopten medidas más agresivas a fin de frenar la propagación de la enfermedad.
El gobierno no respondió a solicitudes de la AP para comentar sobre las denuncias de los médicos.
Escoto dijo que el Ministerio de Salud les dio una formación superficial en el uso de equipos de protección personal, aunque durante casi tres meses se prohibió al personal utilizarlo 'para no alarmar' a los pacientes.
A Escoto la echaron de su trabajo en el hospital Lenín Fonseca el 9 de junio por haber firmado, junto a casi 600 médicos, una carta pública pidiendo al gobierno equipos de protección para los trabajadores de hospitales públicos.
Más de 14 especialistas que apoyaron esa queja fueron despedidos desde entonces. 'Es una total injusticia', afirmó la doctora.
Cuando le informó de su despido, el director de recursos humanos del hospital le dijo a Escoto que firmara copia de la carta sin hacer preguntas ya que él sólo seguía órdenes 'de arriba'.
