En las últimas 24 horas se recuperaron al menos cuatro cuerpos más y las autoridades dijeron que la cifra de muertos subió a 149. La explosión destruyó un gran silo de cereales, arrasó vecindarios próximos al puerto y dejó varias cuadras sembradas de cristales y escombros.
Equipos de rescate de Francia y Rusia, con perros rastreadores, revisaban la zona portuaria el viernes, un día después de la visita del presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien prometió ayuda y presionar para reformas entre el estancado liderazgo político libanés.
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Al parecer, la explosión estuvo causada por la ignición de 2.750 toneladas de nitrato de amonio, un químico empleado en explosivos y fertilizantes, que estaban almacenadas en el puerto desde que fue confiscado de un mercante requisado en 2013.
El gobierno abrió una investigación que es objeto de crecientes críticas, y muchos libaneses achacan la catástrofe a la negligencia y a la corrupción.
Varios países enviaron equipos de rescate para ayudar a localizar a los sobrevivientes de la explosión. Uno de los que fueron localizados en los escombros próximos al almacén de grano era Joe Akiki, un trabajador portuario de 23 años que estaba desaparecido desde la explosión.
Docenas de personas siguen desaparecidas, y en la entrada al puerto las familias esperaban a recibir noticias de sus seres queridos.
Unas 300.000 personas, más del 12% de la población de Beirut, no pueden regresar a sus casas por la explosión, que arrancó puertas y ventanas en toda la ciudad y dejó muchos edificios inhabitables. Las autoridades estiman las pérdidas en entre 10.000 y 15.000 millones de dólares.
Los dañados hospitales, que ya estaban desbordados por la pandemia del coronavirus, tienen problemas para admitir a los heridos.
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La investigación se centra en funcionarios del puerto y aduanas, con 16 empleados detenidos y otros interrogados. Pero muchos libaneses apuntan a una profunda podredumbre que impregna el sistema político y se extiende al liderazgo de la nación mediterránea.
Durante décadas, Líbano ha estado dominado por las mismas élites políticas— muchos de ellos antiguos señores de la guerra y comandantes de milicias de la Guerra Civil (1975-1990). Las facciones gobernantes emplean las instituciones públicas para acumular riqueza y distribuir patrocinios entre sus partidarios. Treinta años después del final del conflicto, los cortes de energía siguen siendo frecuentes, la basura queda a menudo sin retirar y el agua corriente es en su mayoría no potable.
Antes de la tragedia, el país estaba inmerso en una grave crisis económica de la que se culpaba también a la clase política. El empleo se había disparado y el desplome de la moneda local había acabado con los ahorros de parte de la población. Esto hace que la reconstrucción tras la explosión sea un desafío todavía mayor.
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