NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- Elsy Flores Ayala no pudo contener las lágrimas cuando supo que un juez dio luz verde al posible final de un programa de protección que le ha permitido vivir en
Estados Unidos durante dos décadas.
De repente, la salvadoreña de 41 años se imaginó sin sus hijos.
“Lloré y llamé a mi esposo. Para mí fue realmente devastador”, dijo Flores Ayala a The Associated Press. “Lo primero que pensé fue en mi familia y en las otras que podrían ser separadas”.
La inmigrante es beneficiaria desde 2001 de un programa llamado Temporary Protected Status, o TPS, otorgado por Estados Unidos a ciudadanos de varios países que fueron afectados por desastres naturales o guerras civiles. Su esposo y su hija también están protegidos por el mismo programa.
Sin embargo, el presidente Donald Trump quiere eliminarlo, lo que implicaría dejar a miles de salvadoreños, hondureños y nicaragüenses en la ilegalidad y en el caso de Flores Ayala, separar a su familia, ya que ella y su esposo tienen dos hijos adolescentes nacidos en Estados Unidos.
La corte de apelaciones del noveno circuito revirtió el lunes una orden judicial anterior que bloqueaba los planes de Trump para eliminar el TPS, abriendo así las puertas al gobierno estadounidense para ponerle fin.
Flores Ayala, una de las querellantes en la principal demanda para salvar el programa, dijo que no se plantea regresar a El Salvador, un país donde sus hijos correrían el riesgo de ser reclutados por pandillas y donde las oportunidades económicas serían escasas.
“Mi meta es hacer lo que sea para poder quedarnos en este país y legalmente”, dijo la salvadoreña que trabaja cuidando niños y vive en la ciudad de Washington. “Tenemos una vida aquí y tenemos que ser escuchados”.
El gobierno de Trump asegura que las condiciones de desastres naturales y conflicto civil ya no existen en los países de origen de los inmigrantes con TPS. Lo demandantes que intentan mantener vivo el programa están preparando una apelación y cualquier posible decisión de expulsarlos podría tardar meses.
Arnoldo Díaz, miembro del comité ejecutivo de la Alianza Nacional del TPS, protestó el martes en las calles de Washington contra la decisión de la corte de apelaciones.
“Dar luz verde a Trump para que empiece a deportar a estas familias es una decisión a favor del racismo y de la discriminación”, dijo a la AP.
Díaz se prepara junto a otros para subirse al “Autobús de la Libertad” a fines de septiembre en Los Ángeles y viajar por varias ciudades estadounidenses con el objetivo de pedir una solución permanente a la situación de los “tepesianos”.
Inmigrantes de Honduras, Nepal, Haití, Nicaragua y Sudán podrían ser forzados a irse de Estados Unidos el 5 de marzo de 2021. Los salvadoreños tienen hasta el 5 de noviembre del próximo año debido a un acuerdo separado entre Estados Unidos y el gobierno de El Salvador.
Por ello el resultado de las elecciones presidenciales estadounidenses es tan importante para estos inmigrantes: el candidato demócrata Joe Biden ha prometido revisar el TPS y ha dicho que quiere que migrantes que llevan mucho tiempo en Estados Unidos tengan una vía para quedarse en el país.
Unos 250,000 salvadoreños tienen TPS, al igual que unos 80,000 hondureños y unos 4,500 nicaragüenses.
Blanca García, una salvadoreña que lleva 23 años en Estados Unidos con TPS, no quiere siquiera imaginarse tener que quedarse ilegalmente en Estados Unidos para no ser separada de su tres hijos nacidos en este país.
“Mis hijos me preguntaban ayer si nos tenemos que ir. No sabía qué responderles. No hay palabras”, dijo García, una madre soltera de 42 años de Nueva Jersey dueña de un negocio de limpieza de casas.
“No tengo a nadie que me espere allá”, agregó. “Ya no me queda a nadie en El Salvador”.
De repente, la salvadoreña de 41 años se imaginó sin sus hijos.
“Lloré y llamé a mi esposo. Para mí fue realmente devastador”, dijo Flores Ayala a The Associated Press. “Lo primero que pensé fue en mi familia y en las otras que podrían ser separadas”.
La inmigrante es beneficiaria desde 2001 de un programa llamado Temporary Protected Status, o TPS, otorgado por Estados Unidos a ciudadanos de varios países que fueron afectados por desastres naturales o guerras civiles. Su esposo y su hija también están protegidos por el mismo programa.
Sin embargo, el presidente Donald Trump quiere eliminarlo, lo que implicaría dejar a miles de salvadoreños, hondureños y nicaragüenses en la ilegalidad y en el caso de Flores Ayala, separar a su familia, ya que ella y su esposo tienen dos hijos adolescentes nacidos en Estados Unidos.
La corte de apelaciones del noveno circuito revirtió el lunes una orden judicial anterior que bloqueaba los planes de Trump para eliminar el TPS, abriendo así las puertas al gobierno estadounidense para ponerle fin.
Flores Ayala, una de las querellantes en la principal demanda para salvar el programa, dijo que no se plantea regresar a El Salvador, un país donde sus hijos correrían el riesgo de ser reclutados por pandillas y donde las oportunidades económicas serían escasas.
“Mi meta es hacer lo que sea para poder quedarnos en este país y legalmente”, dijo la salvadoreña que trabaja cuidando niños y vive en la ciudad de Washington. “Tenemos una vida aquí y tenemos que ser escuchados”.
El gobierno de Trump asegura que las condiciones de desastres naturales y conflicto civil ya no existen en los países de origen de los inmigrantes con TPS. Lo demandantes que intentan mantener vivo el programa están preparando una apelación y cualquier posible decisión de expulsarlos podría tardar meses.
Arnoldo Díaz, miembro del comité ejecutivo de la Alianza Nacional del TPS, protestó el martes en las calles de Washington contra la decisión de la corte de apelaciones.
“Dar luz verde a Trump para que empiece a deportar a estas familias es una decisión a favor del racismo y de la discriminación”, dijo a la AP.
Díaz se prepara junto a otros para subirse al “Autobús de la Libertad” a fines de septiembre en Los Ángeles y viajar por varias ciudades estadounidenses con el objetivo de pedir una solución permanente a la situación de los “tepesianos”.
Inmigrantes de Honduras, Nepal, Haití, Nicaragua y Sudán podrían ser forzados a irse de Estados Unidos el 5 de marzo de 2021. Los salvadoreños tienen hasta el 5 de noviembre del próximo año debido a un acuerdo separado entre Estados Unidos y el gobierno de El Salvador.
Por ello el resultado de las elecciones presidenciales estadounidenses es tan importante para estos inmigrantes: el candidato demócrata Joe Biden ha prometido revisar el TPS y ha dicho que quiere que migrantes que llevan mucho tiempo en Estados Unidos tengan una vía para quedarse en el país.
Unos 250,000 salvadoreños tienen TPS, al igual que unos 80,000 hondureños y unos 4,500 nicaragüenses.
Blanca García, una salvadoreña que lleva 23 años en Estados Unidos con TPS, no quiere siquiera imaginarse tener que quedarse ilegalmente en Estados Unidos para no ser separada de su tres hijos nacidos en este país.
“Mis hijos me preguntaban ayer si nos tenemos que ir. No sabía qué responderles. No hay palabras”, dijo García, una madre soltera de 42 años de Nueva Jersey dueña de un negocio de limpieza de casas.
“No tengo a nadie que me espere allá”, agregó. “Ya no me queda a nadie en El Salvador”.
