El Tribunal Federal de Apelaciones del 9no Circuito retiró una medida cautelar que había impedido que el gobierno diera fin al Estatus de Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés) para las personas procedentes de esos cuatro países. La gente de El Salvador sería la más afectada.
Desde 1990, dicha política gubernamental ha otorgado un estatus legal temporal a las personas de países afectados por desastres naturales y conflictos civiles. El estatus legal a menudo se extiende, pero el gobierno de Trump decidió ponerle fin para varios países.
Esa decisión había estado en pausa desde los primeros meses del gobierno de Trump, incluso aunque ha restringido otras formas de estatus humanitario en Estados Unidos.
Trump ha limitado drásticamente el número de refugiados a los que se les permite reasentarse en Estados Unidos, y ha tomado varias medidas para reducir significativamente el acceso al asilo.
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Más tarde, el presidente salvadoreño Bukele les recordó a sus compatriotas que Trump extendió el plazo para ellos y dijo que hay tiempo para buscar una solución permanente.
“Recuerden que las extensiones normales eran de un año y medio. La Última, dada por el presidente Trump, fue de prácticamente 2 años (un año entero POSTERIOR a la probabilidad de una decisión judicial)”, escribió en Twitter.
A su vez, la canciller de ese país, Alexandra Hill Tinoco, subrayó en un tuit que la decisión' no tiene consecuencias inmediatas para los beneficiarios TPS de El Salvador', y dijo que “aún hay alternativas judiciales”, sin detallar cuáles serían.
A ella se sumó Cesar Ríos, que dirige el Instituto Salvadoreño del Migrante (INSAMI), asegurando que 'no es que mañana los van a expulsar, recordemos que el presidente Bukele llegó a un acuerdo con el presidente Trump y todavía a partir del 4 de enero van a tener un año más para la búsqueda de alternativas”.
Por su parte, Salvador Sanabria, director de la Asociación El Rescate, de Los Ángeles, California, dijo en un mensaje grabado enviado a la AP que el fallo “es un revés para la estabilidad migratoria” de los salvadoreños y dijo que el futuro es llevar la querella a la Corte Suprema de Estados Unidos o “que el panorama político cambie como resultado de las elecciones presidenciales del próximo noviembre”.
