La OIM, perteneciente a las Naciones Unidas, llamó en un comunicado a 'que no se emplee fuerza injustificada o excesiva contra ningún migrante, solicitante de asilo o refugiado durante las acciones de control migratorio, policial o sanitario'.
El documento es firmado por la estadounidense Michele Klein Solomon, directora regional para Centroamérica, Norteamérica y el Caribe de la OIM.
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Una caravana de miles de migrantes que ingresaron el viernes pasado a Guatemala fue disuelta el lunes por un contingente de policías y militares que usaron equipo de choque y gas lacrimógeno en el poblado de Vado Hondo, en el departamento oriental de Chiquimula, fronterizo con Honduras.
Las fuerzas de seguridad, que el domingo habían contenido a palos a los migrantes, tenían la orden del presidente Alejandro Giammattei de frenar su avance ante el riesgo de contagios de covid-19. Las acciones dejaron uniformados y migrantes heridos.
Según datos actualizados del Instituto Guatemalteco de Migración, la caravana fue integrada por unas 7,500 personas y cerca de 4,500 ya fueron retornadas a Honduras.
El resto se dispersó en el país y continuaban los operativos en carreteras para interceptarlos; unas decenas lograron llegar a la frontera con México con escasas opciones de continuar la travesía.
'Pedimos a los migrantes que hagan todo lo posible por respetar y cumplir las leyes de migración, así como las órdenes legales del personal encargado de hacer cumplir la ley', añadió Klein.
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Desde octubre de 2018, más de una docena de caravanas, algunas con miles de migrantes, han salido de Honduras rumbo a Estados Unidos, pero la mayoría ha fracasado por el endurecimiento de los controles.
Los miembros de esta última caravana aseguraban que huían de la pobreza, violencia y de la crisis dejada por el paso de dos huracanes en noviembre. Decían además estar esperanzados en una flexibilización de las condiciones migratorias con la llegada de Joe Biden al poder.
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