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ANAGUA, NICARAGUA.- El Ministerio de Salud de Nicaragua inauguró este martes una “casa materna” en el edificio del semanario Confidencial, ocupado y confiscado en 2018 al periodista Carlos Fernando Chamorro, considerado una de las voces más críticas del gobierno de
Daniel Ortega.
El local, que también albergó durante años la redacción de los programas televisivos Esta Semana y Esta Noche, fue pintado de rosa brillante, color que identifica a la primera dama y vicepresidenta, Rosario Murillo. En su fachada, el gobierno colocó un cartel gigante con la foto de la pareja presidencial, sonriendo abrazados.
“En esta casa materna, que hoy estamos inaugurando por la bendición de Dios y por la voluntad política del comandante Daniel y la compañera Rosario, vamos a atender a más de 5,000 mujeres”, dijo la ministra de Salud, Carolina Dávila, durante el acto al que sólo la prensa oficial tuvo acceso.
El local, que también albergó durante años la redacción de los programas televisivos Esta Semana y Esta Noche, fue pintado de rosa brillante, color que identifica a la primera dama y vicepresidenta, Rosario Murillo. En su fachada, el gobierno colocó un cartel gigante con la foto de la pareja presidencial, sonriendo abrazados.
“En esta casa materna, que hoy estamos inaugurando por la bendición de Dios y por la voluntad política del comandante Daniel y la compañera Rosario, vamos a atender a más de 5,000 mujeres”, dijo la ministra de Salud, Carolina Dávila, durante el acto al que sólo la prensa oficial tuvo acceso.
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El inmueble propiedad de Chamorro fue asaltado por policías armados el 13 de diciembre de 2018. Ese mismo mes fueron ocupadas nueve ONG a cuyos directivos el gobierno acusó de ser parte de un “fallido golpe de Estado”, en referencia a la revuelta social que estalló en abril de ese año.
“La dictadura ha erigido un monumento al crimen de la libertad de prensa y de expresión en un lugar donde los periodistas debatían ideas en libertad”, dijo Carlos Fernando Chamorro, al comentar la ocupación de Confidencial en declaraciones al canal 12 de televisión, otro medio crítico de Ortega y que enfrenta actualmente un embargo judicial.
El famoso periodista es hijo de la expresidenta Violeta Barrios (1990-1997) y del también periodista Pedro Joaquín Chamorro, director del diario “La Prensa” asesinado en 1978 por supuestos sicarios del dictador Anastasio Somoza.
“Este es el último acto de un conjunto de acciones de fuerza, manu militarii, que iniciaron con el asalto y robo de Confidencial y su ocupación policial por más de dos años”, agregó Chamorro.
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“Veo detrás de esto una derrota de la dictadura. Lo que nunca han podido hacer es confiscar las ideas y matar al periodismo”, comentó.
Chamorro dijo que en el edificio de Confidencial había, al momento del allanamiento, 35 computadoras, un estudio de televisión recién estrenado, siete cámaras, dos editoras de televisión y decenas de accesorios de producción audiovisual, así como la documentación contable e institucional de tres empresas, e información privada.
Días después del asalto a Confidencial, el 21 de diciembre, la policía allanó la sede del canal 100% Noticias, cuyo director y jefa de prensa, Miguel Mora y Lucía Pineda, fueron arrestados esa misma noche y encarcelados durante seis meses bajo cargos de “instigar al odio y la confrontación”.
El gobierno informó que esta misma semana inaugurará un “centro para el control de las adicciones” en el edificio donde funcionó 100% Noticias, un canal de buen rating que ofrecía noticias de forma ininterrumpida las 24 horas del día.
Entre las nueve ONG ocupadas en 2018, figura el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), donde también será inaugurada próximamente una dependencia del Ministerio de Salud, según se anunció en medios oficiales.
Asimismo, en el Instituto de Liderazgo de Las Segovias (ILLS), ocupado en 2018 por la policía en la norteña ciudad de Ocotal, el gobierno instaló la semana pasada una “Universidad del Campo”, según denunció su directora Haydeé Castillo, opositora que se encuentra exiliada en Estados Unidos.
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Chamorro dijo que todas estas propiedades fueron “usurpadas” ilegalmente, pues la Constitución de Nicaragua prohíbe las confiscaciones. Aseguró que no recibió ninguna notificación o resolución judicial que respaldara la confiscación de su inmueble.
Las protestas de 2018 fueron sofocadas con violencia por policías y paramilitares, con un saldo de al menos 328 muertos, 2,000 heridos, cientos de detenidos y 100,000 exiliados y refugiados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
