La posibilidad de aceptar a migrantes que habían sido rechazados llegó justo cuando las autoridades mexicanas ultimaban el cierre de este campamento y estaban invitando a la gente que quedaba a trasladarse a un albergue.
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Pero aunque desde la cancillería mexicana se afirmó vía Twitter que el lugar quedó clausurado el viernes por la noche, el sábado varias decenas de personas continuaban allí.
Ni el Departamento de Estado ni el de Seguridad Interna contestaron a una solicitud de comentario formulada por The Associated Press.
Hace dos semanas la administración de Joe Biden comenzó a aceptar a migrantes de los acogidos al programa “Quédate en México” -formalmente llamado Programa de Protección al Migrante, MPP por sus siglas en inglés- con el fin de revertir esta medida ideada por su predecesor, Donald Trump, para contener la inmigración.
Estados Unidos explicó que sólo aceptaría a personas MPP que tuvieran una solicitud de asilo todavía en proceso, unas 26,000, y empezaron los cruces por tres puntos fronterizos tras un registro previo que controlaría el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
La administración Biden aseguró que acabar con el campamento de Matamoros, el símbolo más visible de las medidas de Trump, era una prioridad pero el problema fue que, después de procesar a unas 700 personas, quedaron en torno a medio centenar que no cumplían los requisitos y que se resistían a abandonar la zona.
Juan Antonio Sierra, de la Casa del Migrante de Matamoros, explicó a la AP que el viernes al mediodía la cónsul estadounidense, Yolanda A. Parra, se reunió con ACNUR, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Instituto Nacional de Migración y con miembros del albergue y que aceptó estudiar la reapertura de las solicitudes de asilo rechazadas de migrantes que seguían en el campamento.
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Sierra explicó que la opción que se les planteó a esos migrantes -cubanos y centroamericanos entre otras nacionalidades- era llevarlos al albergue de la Iglesia católica y permanecer allí hasta que “estuviera seguro que iban a pasar. Están intentando reabrir (los casos)', indicó.
“El compromiso fue ofrecer la Casa del Migrante como refugio temporal hasta que ACNUR hiciera su trabajo' para evitar que se concentrara más gente junto al río y garantizar que el grupo no fuera deportado nada más entrar, señaló. 'No vas a mandar a una persona para que le deporten a su país (pero) ¡quieren irse sin tener garantías!”, agregó Sierra.
El padre Francisco Gallardo, responsable del albergue, confió en que se facilite el cruce de estas personas y descartó que pudiera suponer un precedente o generar un efecto llamada: “La avanlancha ya está... Nos está llegando mucha gente”.
Y auguró que la situación puede complicarse porque todo apunta a que, aunque cierren el actual campamento, podría formarse otro.
Mientras tanto, los que esperaban junto al río se sentían más esperanzados que nunca y se resistían a irse.
“Nadie quiere moverse porque creemos que si nos vamos nos van a olvidar”, dijo a AP una migrante que lleva dos años en ese lugar con su hijo de 13 y pidió el anonimato por temor a que pudiera complicarse su trámite.
Esta expolicía hondureña explicó vía telefónica que personal del ACNUR le informó el viernes “que Estados Unidos había aprobado que se reabrieran nuestros casos y que teníamos que esperar unos días para que ellos autorizaran el cruce”.
Las solicitudes de ella y su hijo, agregó, habían sido rechazadas en dos ocasiones, la última en noviembre, pero habían apelado. Según dijo tuvo que huir de su país por amenazas y ya en México fue víctima de violación y secuestro.
Aseguró que varias personas recibieron la misma noticia que ella.
El sábado por la mañana varias docenas de migrantes seguían en el campamento aunque la víspera trabajadores habían levantado carpas, se llevaron inodoros portátiles y hasta cortaron la luz.
En dos semanas, han sido aceptados en Estados Unidos más de 1.200 personas por los tres cruces habilitados, Tijuana, Ciudad Juárez y Matamoros, 731 de ellas por este último punto, según la OIM.
El campamento a orillas del Río Bravo ha sido un lugar incómodo tanto para quienes lo habitaban como para las autoridades mexicanas y estadounidenses y aunque las donaciones de las ONG permitieron que cientos de personas subsistieran ahí, mantenía unas condiciones insalubres.
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Estaba, además, en una de las ciudades controladas por los cárteles, algo que también pasa en las principales localidades fronterizas del estado de Tamaulipas donde distintos grupos del crimen organizado luchan entre sí por el control de los territorios y del tráfico de drogas y migrantes.
La vulnerable situación de los migrantes en Tamaulipas ha quedado muy latente este año. En enero, 19 personas, 16 de ellas guatemaltecos que querían cruzar a Estados Unidos, fueron asesinados y calcinados en la localidad de Camargo, en un matanza por la que doce policías están detenidos y acusados de homicidio.
Y el lunes, una mujer hondureña y su hijo de unos 10 años fueron gravemente baleados en Nuevo Laredo por un grupo del crimen organizado cuando aparentemente querían cruzar a Estados Unidos. Según un reporte policial al que tuvo acceso AP, el menor recibió un disparo en la espalda.
El cónsul hondureño en la zona, Juan Carlos Ponce, confirmó a AP el ataque pero dijo no poder ofrecer detalles porque se trataba de víctimas de un “crimen grave”.
Human Rights Watch publicó el viernes un informe que confirmaba, una vez más, que los migrantes en México están constantemente expuestos a “violaciones, secuestros, extorsiones, asaltos y daños psicológicos” y pedía protección para decenas de miles “abandonado” en México por los gobiernos mexicano y estadounidense.
Diez congresistas demócratas también pidieron esta semana al secretario de Estado Antony Blinken garantizar que durante su espera en México los solicitantes de asilo 'tengan acceso a agua, alimentos, atención médica, refugio y protección contra el crimen”.
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