El proyecto sobre “Muerte digna y cuidados paliativos”, que ingresó al Congreso en 2014 impulsado por la oposición de centroizquierda, fue votado mayoritariamente artículo por artículo por los 141 diputados que asistieron a la sesión.
El gobierno del presidente Sebastián Piñera se opone al proyecto, según señaló recién el secretario general de la Presidencia, Juan José Ossa, por lo que no se descarta que la propuesta de ley llegue al Tribunal Constitucional si avanza en el Senado.
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La iniciativa busca regular dos situaciones: cuando un médico administra al paciente un medicamento que le ocasionará la muerte, conocida como eutanasia, y el suicidio asistido, cuando un doctor le entrega el medicamento al enfermo para que lo ingiera por sí mismo.
Uno de los párrafos el proyecto alude “al derecho a no padecer dolores y sufrimientos intolerables, a evitar la prolongación artificial de la vida y a solicitar la asistencia médica para morir”, dijo el diputado izquierdista Vlado Milosevic.
Cecilia Heyder, de 53 años, que anhela ser la primera en usar la eutanasia si es finalmente aprobada, declaró la semana pasada a The Associated Press que “es mi sueño quedarme dormida y no despertar más. Eso es lo que estoy esperando... porque no es vida la que estoy llevando”.
La mujer padece de cáncer mamario con metástasis, lupus y hace un par de años desarrolló un déficit en el Factor VII, una de las proteínas que participan en la coagulación de la sangre.
“Eso me causa múltiples hemorragias, moretones... en diciembre ya me desahuciaron, (los médicos dijeron) que no tengo remedio”, añadió.
Pablo Villar, abogado de Heyder, había criticado el lento avance del proyecto. “Doña Cecilia ya no puede esperar más”, afirmó.
El diputado oficialista Leónidas Romero dijo que el izquierdista Frente Amplio y el Partido Comunista, impulsores del proyecto, “están sufriendo el síndrome de James Bond: licencia para matar”.
El oficialista Francisco Undurraga aseguró que el proyecto consagra “la plena voluntad de los profesionales (médicos) de abstenerse de realizar estas prestaciones, lo mismo pasa con las instituciones (como las clínicas privadas)”.
El proyecto establece que un doctor o doctora puede negarse a participar en la eutanasia o en el suicidio asistido.
El diputado opositor Leonardo Soto aseguró, por su parte, que la decisión de los enfermos terminales de usar la ley, en el caso de cristalizarse, “siempre va a depender de la misma persona, del mismo paciente”.
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Uno de los artículos señala que un tercero no puede pedir la eutanasia o el suicidio asistido.
Sólo podría acudir a la ley, si prospera, una persona diagnosticada por dos médicos con una enfermedad grave e irremediable, que esté consciente al solicitar su aplicación o que lo haya dejado previamente establecido y que sufra padecimientos físicos intolerables.
La legislación vigente en materia de derechos y deberes de los pacientes permite a los enfermos terminales rechazar un tratamiento médico que busque extender artificialmente su vida.
La Cámara de Diputados rechazó en diciembre pasado un artículo que permitía la eutanasia o el suicidio asistido para los mayores de 14 años y menores de 18. No obtuvo los votos que requería.
Chile —conocido como un país de tendencia conservadora— ha aprobado en los últimos 17 años varias leyes impulsadas por la oposición izquierdista, como la ley de divorcio, la unión civil entre parejas del mismo sexo y el aborto en tres causales. En tanto, la falta de votos del oficialismo conservador tiene en espera proyectos sobre el matrimonio civil entre homosexuales y otro que les permitiría la adopción.
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