MANAGUA, NICARAGUA.- El
gobierno de Estados Unidos dictó sanciones contra cuatro funcionarios y allegados al presidente nicaragüense
Daniel Ortega, entre ellos su hija Camila Ortega Murillo y un alto oficial del Ejército, se informó el miércoles en Washington.
Las sanciones fueron aprobadas por el Departamento del Tesoro en contra de Camila Ortega Murillo; el diputado Edwin Castro, jefe de la bancada del gobernante Frente Sandinista en el Parlamento; el presidente del Banco Central de Nicaragua, Ovidio Reyes, y el general Julio Rodríguez, jefe del Instituto de Previsión Militar del Ejército.
Las sanciones fueron aprobadas por el Departamento del Tesoro en contra de Camila Ortega Murillo; el diputado Edwin Castro, jefe de la bancada del gobernante Frente Sandinista en el Parlamento; el presidente del Banco Central de Nicaragua, Ovidio Reyes, y el general Julio Rodríguez, jefe del Instituto de Previsión Militar del Ejército.
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En un comunicado, el Departamento del Tesoro indicó que las cuatro personas “apoyan al régimen de Ortega, un régimen que ha socavado la democracia, ha abusado de los derechos humanos de los civiles, ha promulgado leyes represivas con graves consecuencias económicas y ha intentado silenciar a los medios de comunicación independientes”.
Con estas cuatro personas ya son 31 los funcionarios y allegados a Ortega sancionados por Estados Unidos desde fines de 2017.
Estas medidas se dan a conocer en momentos de mucha tensión en Nicaragua, tras el arresto de los aspirantes presidenciales opositores Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, estos dos últimos detenidos por la policía el martes, acusados de realizar actos que 'menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación e incitar a la injerencia extranjera”, entre otros cargos.
También la noche del martes la policía arrestó al líder empresarial José Adán Aguerri y mantiene en “casa por cárcel” a la dirigente opositora Violeta Granera. Otro dirigente opositor, el político liberal José Bernard Pallais, fue “circulado” por la policía y arrestado este miércoles en la ciudad de León, informó la entidad en un comunicado.
“Las acciones del presidente Ortega están perjudicando a los nicaragüenses y llevando al país a una mayor tiranía”, dijo la directora de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, Andrea M. Gacki. “Está claro que el régimen de Ortega tiene la intención de continuar con la supresión del pueblo nicaragüense. Estados Unidos continuará exponiendo a aquellos funcionarios que continúan ignorando la voluntad de sus ciudadanos”, agregó.
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Como resultado de las sanciones, todas las propiedades e intereses de esas personas en Estados Unidos quedan “bloqueadas”, así como las entidades donde estas personas posean el 50% o más de propiedad, se indicó.
El gobierno de Ortega reaccionó a las nuevas sanciones estadounidenses a través de la vicepresidenta, primera dama y vocera oficial, Rosario Murillo, quien las calificó de “ilegales, arbitrarias, coercitivas y unilaterales”.
“Nuestro gobierno denuncia al gobierno imperialista y colonialista de los Estados Unidos de Norteamérica, que acaba de pronunciarse como ha sido y es su estilo de injerencia e interferencia en los asuntos internos de nuestros países, y acaba de pronunciarse dictando medidas, otra vez, medidas ilegales arbitrarios coercitivas y unilaterales contra ciudadanos nicaragüenses cuyo único delito es representar muy en alto la dignidad y el heroísmo de nuestro pueblo”, dijo Murillo a medios oficialistas.
El gobierno de Ortega asegura que Cristiana Chamorro cometió el delito de lavado de dinero y que los otros tres precandidatos detenidos “atentaron contra la soberanía nacional” por haber solicitado sanciones de Estados Unidos y otros países como parte de un “plan golpista para desestabilizar” a su gobierno y que comenzó con las protestas sociales de 2018.
La oposición asegura que Ortega, de 75 años, quiere eliminar del proceso electoral a los candidatos opositores, pues teme no poder lograr su tercera reelección presidencial, para lo que sería su cuarto mandato consecutivo, en los comicios del 7 de noviembre de 2021.
En tanto, un vocero de la secretaría general de Naciones Unidas expresó su preocupación por los recientes arrestos y por la invalidación de las candidaturas de los líderes de la oposición. “Estos acontecimientos pueden socavar gravemente la confianza de la población en el proceso democrático de cara a las elecciones generales”, advirtió.
“El Secretario General reitera su llamamiento para que se llegue a un acuerdo de base amplia sobre las medidas para la celebración de elecciones creíbles, participativas e inclusivas en noviembre” y pide al gobierno “que respete plenamente las obligaciones internacionales de Nicaragua en materia de derechos humanos, libere a los dirigentes políticos y restituyan sus derechos”, añadió.
