MANAGUA, NICARAGUA.-La
Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) hizo un llamado “urgente” a organismos internacionales para “restaurar las libertades en Nicaragua”, que, según concluyó una misión virtual de la organización con sede en Miami, es un “país sin ley y sin justicia”.
“Varios de los entrevistados reiteraron una frase que resume de modo contundente el dramatismo del momento: Nicaragua es un país sin ley y sin Justicia”, dijo Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP y director del medio argentino La Voz del Interior, quien encabezó las conversaciones junto con el director ejecutivo de la entidad, Ricardo Trotti.
Los contactos se realizaron en todos los casos bajo el compromiso de mantener absoluta reserva, lo que refleja el clima de zozobra imperante tras la sucesión de allanamientos, requisas, amenazas desembozadas, persecuciones ilegales, espionaje militar y detenciones arbitrarias.
Trotti recordó que dos misiones anteriores de la SIP a Nicaragua –realizadas en 2018 tras las protestas callejeras que dejaron un saldo de más de 300 muertos y derivaron en la detención de periodistas y dirigentes sociales– habían podido reunirse sin traba alguna con referentes políticos, sociales, religiosos y de medios de comunicación, quienes en aquel momento pudieron expresarse de manera libre y abierta. “Ello demuestra el acelerado deterioro de la situación institucional desde entonces”, dijo el directivo de la SIP.
Daniel Ortega, presidente de Nicaragua. Foto AFP
La acentuación de la deriva autoritaria del gobierno de Ortega-Murillo comenzó a encender alarmas en septiembre del año pasado. Ese mes, la Asamblea Nacional dominada por el régimen inició la sanción de una decena de leyes represivas que definen de manera amplia y ambigua tipos penales que facilitan luego encuadrar en ellos todo tipo de acusaciones, sin prueba alguna.
En apenas seis meses, salieron del parlamento sandinista normas como la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, que llevó al cierre de organizaciones no gubernamentales de defensa de libertades por recibir fondos legales del exterior; la Ley Especial de Ciberdelitos, la llamada “ley mordaza al periodismo” y de control de empleados estatales; la instauración de cadena perpetua por “delitos de odio”; la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, que veda la postulación de candidatos que aplaudan “sanciones internacionales”; la reforma del Código Procesal Penal, para ampliar hasta 90 días el plazo por el que una persona puede estar detenida sin ser acusada (“Te detienen y luego ven qué causa te arman”, se escucha con frecuencia), y una enmienda que permite que personas vinculadas al gobierno sancionadas por Estados Unidos por corrupción o violación de derechos humanos puedan abrir cuentas en bancos de Nicaragua.
El 20 de mayo último fueron allanadas las oficinas de la revista Confidencial y las instalaciones donde se grababan los programas televisivos Esta Semana y Esta Noche, dirigidos por Carlos Fernando Chamorro. Periodistas que informaban sobre el operativo fueron reprimidos o detenidos y hubo requisa de equipos.
A partir de entonces, 21 personas fueron llevadas a prisión e incomunicadas o forzadas a permanecer en sus domicilios, entre ellas cinco precandidatos presidenciales. Además, se ordenaron restricciones migratorias que afectan a periodistas, empresarios y líderes sociales sin causa judicial abierta.
En su homilía del 27 de junio, el obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez Lagos, dijo que “hay nicaragüenses que no solo tienen miedo: ya viven con terror, con angustia, con zozobra”. Dos semanas antes, el 11 de junio, la Conferencia Episcopal de Nicaragua había alertado sobre “la restricción arbitraria e ilegal a las libertades ciudadanas, la persecución contra opositores y medios de comunicación, la persistente situación de injusticia, leyes en detrimento de los derechos humanos, asedio y hostigamientos políticos”. Y la Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Managua advertía el 8 del mismo mes que “nadie tiene autoridad para privar arbitrariamente a persona alguna de sus derechos, incluyendo los de expresarse, movilizarse y actuar libremente”.
El 7 de noviembre próximo deben realizarse los comicios en los que Daniel Ortega buscará acceder a su quinto período de gobierno, el cuarto consecutivo. Pero a menos de un mes del plazo para presentar candidaturas (trámite que debe cumplirse entre el 28 de julio y el 2 de agosto), los principales aspirantes opositores están privados de libertad, sin poder designar abogado defensor y vedados de ser visitados y de recibir alimentos y medicamentos.
“Consideramos que están secuestrados, porque nada sabemos de ellos. Vivimos en una novela de George Orwell”, dijo uno de los dirigentes consultados. Agregó que los abogados habituales de los detenidos son amenazados y en algunos casos debieron emigrar.
Las detenciones fueron realizadas en operativos que en algunos casos se concretaron de noche y en fines de semana, sin exhibir órdenes judiciales y con ostensibles demostraciones de violencia que revelan la intención de amedrentar y silenciar voces críticas. “Aunque haya personas dispuestas a franquear el paso a los domicilios, rompen puertas y ventanas y entran con fusiles de asalto”, se dijo a la misión de la SIP. Los elementos requisados se asientan en un inventario del que no se deja copia a los residentes en el inmueble allanado.
Este propósito de sembrar terror queda evidente también por el accionar de personeros del régimen que a diario difunden amenazas en radios paraoficiales e instalan que se está desarrollando una nueva operación Danto, en alusión a la mayor ofensiva militar del Ejército Popular Sandinista contra los contrarrevolucionarios, en 1988.
“Las personas son apresadas sin que se les informen las causas, la policía emite comunicados en los que se afirma que violaron la ley, lo que vulnera la presunción de inocencia, y recién después un juez toma conocimiento de la causa y da supuesto sustento al operativo”, dijo uno de los entrevistados.
La misión de la SIP recogió denuncias sobre el accionar de grupos parapoliciales y paramilitares muchas veces encapuchados, que realizan desmanes en viviendas ya allanadas. Presionan también a familiares y personas del entorno de los detenidos o de quienes debieron exiliarse tras recibir mensajes intimidatorios o ser citados a presentarse en dependencias policiales, sin orden de la Justicia. Incluso se recogieron testimonios de que esos grupos ilegales persiguen a exiliados fuera de las fronteras nicaragüenses.
Decenas de empresarios, políticos y periodistas salieron del país en junio, en muchos casos por puntos ciegos de la frontera con Costa Rica. De inmediato, ese país les da condición de refugiados, aunque luego deben aguardar que se les otorgue permiso para trabajar.
El éxodo de personal y directivos de los medios, sumado a las dificultades para acceder a insumos esenciales, las presiones a anunciantes, los retenes policiales frente a redacciones o domicilios de periodistas, las estigmatizaciones y amenazas cotidianas para generar autocensura, la menor actividad de las redes sociales por el temor a ser perseguido, la falta de acceso a información pública, la concentración de medios en manos del Estado o de la familia gobernante y el creciente pedido de fuentes habituales para que no se las consulte o al menos no se las mencione van cerrando el cerco sobre el periodismo libre. De tal modo, se deteriora aún más el ya muy débil debate ciudadano, pieza esencial para la vida democrática.
“No sólo los periodistas se sienten amenazados: también sus fuentes; incluso las que están en el exilio, por temor a que haya presiones a sus familias”, comentó una de las personas con las que dialogó la misión. “Se criminaliza brindar información, hasta del estado del tiempo”, ironizó el mismo entrevistado. Y agregó: “No hay apatía: hay horror. La calle dice mucho con su silencio”.
Los entrevistados tuvieron posiciones discrepantes respecto del eventual efecto de excluir a Nicaragua de la Organización de Estados Americanos o aplicarle sanciones económicas como el apartamiento del CAFTA (acuerdo de libre comercio Centroamérica-Estados Unidos) y el Acuerdo Marco de Cooperación Centroamérica-Unión Europea.
No obstante, hay consenso en que la intensificación de las denuncias internacionales sobre la crítica situación institucional en Nicaragua quizá no amilane al régimen, pero al menos lo obligaría a reducir la intensidad de la represión. Y en el actual contexto, ello daría una oportunidad para comenzar a recuperar cierta normalidad.
Directivos de la SIP recogieron en Nicaragua crudos testimonios sobre la escalada represiva que intensificó en las últimas semanas el régimen de Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo.
Luego de una semana de relevamiento de datos, la misión de la SIP dio a conocer un informe preliminar del que entregará a su Comité Ejecutivo el 16 de julio próximo. En su reporte, la entidad exhortará a organismos internacionales, a organizaciones que trabajan por la vigencia de los derechos humanos y a instituciones que defienden las libertades de expresión y de prensa a unir fuerzas para exigir el inmediato cese de la represión, la libertad de todos los detenidos por motivaciones políticas y la restauración plena de la institucionalidad democrática.
También se planteará la necesidad de que la prensa internacional continúe informando sobre lo que ocurre en el país centroamericano, como modo de mantener viva la conciencia acerca de la crítica situación allí reinante.
La realización de elecciones generales libres y transparentes el próximo 7 de noviembre, como establece el cronograma actual, solo será posible si se recupera un entorno de pleno ejercicio de las libertades de expresión, de prensa y de reunión, y de garantías de debido proceso judicial.
Es imprescindible, además, que el gobierno otorgue amplias facilidades para el trabajo informativo de medios nacionales y del exterior durante la campaña electoral, la jornada comicial y el escrutinio posterior.
Un país sin ley y sin justicia
En una misión desarrollada en formato virtual, por las restricciones sanitarias y las limitaciones impuestas para ingresar al país centroamericano, la delegación de la SIP dialogó con periodistas, directivos de medios, dirigentes de la oposición, académicos, empresarios y representantes de la sociedad civil y de la Iglesia Católica.“Varios de los entrevistados reiteraron una frase que resume de modo contundente el dramatismo del momento: Nicaragua es un país sin ley y sin Justicia”, dijo Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP y director del medio argentino La Voz del Interior, quien encabezó las conversaciones junto con el director ejecutivo de la entidad, Ricardo Trotti.
Los contactos se realizaron en todos los casos bajo el compromiso de mantener absoluta reserva, lo que refleja el clima de zozobra imperante tras la sucesión de allanamientos, requisas, amenazas desembozadas, persecuciones ilegales, espionaje militar y detenciones arbitrarias.
Trotti recordó que dos misiones anteriores de la SIP a Nicaragua –realizadas en 2018 tras las protestas callejeras que dejaron un saldo de más de 300 muertos y derivaron en la detención de periodistas y dirigentes sociales– habían podido reunirse sin traba alguna con referentes políticos, sociales, religiosos y de medios de comunicación, quienes en aquel momento pudieron expresarse de manera libre y abierta. “Ello demuestra el acelerado deterioro de la situación institucional desde entonces”, dijo el directivo de la SIP.
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La acentuación de la deriva autoritaria del gobierno de Ortega-Murillo comenzó a encender alarmas en septiembre del año pasado. Ese mes, la Asamblea Nacional dominada por el régimen inició la sanción de una decena de leyes represivas que definen de manera amplia y ambigua tipos penales que facilitan luego encuadrar en ellos todo tipo de acusaciones, sin prueba alguna.
En apenas seis meses, salieron del parlamento sandinista normas como la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, que llevó al cierre de organizaciones no gubernamentales de defensa de libertades por recibir fondos legales del exterior; la Ley Especial de Ciberdelitos, la llamada “ley mordaza al periodismo” y de control de empleados estatales; la instauración de cadena perpetua por “delitos de odio”; la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, que veda la postulación de candidatos que aplaudan “sanciones internacionales”; la reforma del Código Procesal Penal, para ampliar hasta 90 días el plazo por el que una persona puede estar detenida sin ser acusada (“Te detienen y luego ven qué causa te arman”, se escucha con frecuencia), y una enmienda que permite que personas vinculadas al gobierno sancionadas por Estados Unidos por corrupción o violación de derechos humanos puedan abrir cuentas en bancos de Nicaragua.
La embestida
Ese marco normativo dictatorial creó las condiciones para que en los dos últimos meses se desatara una embestida contra todo sector que se atreviera a cuestionar al poder omnímodo o que pusiera en riesgo la nueva reelección del matrimonio Ortega-Murillo.El 20 de mayo último fueron allanadas las oficinas de la revista Confidencial y las instalaciones donde se grababan los programas televisivos Esta Semana y Esta Noche, dirigidos por Carlos Fernando Chamorro. Periodistas que informaban sobre el operativo fueron reprimidos o detenidos y hubo requisa de equipos.
A partir de entonces, 21 personas fueron llevadas a prisión e incomunicadas o forzadas a permanecer en sus domicilios, entre ellas cinco precandidatos presidenciales. Además, se ordenaron restricciones migratorias que afectan a periodistas, empresarios y líderes sociales sin causa judicial abierta.
En su homilía del 27 de junio, el obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez Lagos, dijo que “hay nicaragüenses que no solo tienen miedo: ya viven con terror, con angustia, con zozobra”. Dos semanas antes, el 11 de junio, la Conferencia Episcopal de Nicaragua había alertado sobre “la restricción arbitraria e ilegal a las libertades ciudadanas, la persecución contra opositores y medios de comunicación, la persistente situación de injusticia, leyes en detrimento de los derechos humanos, asedio y hostigamientos políticos”. Y la Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Managua advertía el 8 del mismo mes que “nadie tiene autoridad para privar arbitrariamente a persona alguna de sus derechos, incluyendo los de expresarse, movilizarse y actuar libremente”.
El 7 de noviembre próximo deben realizarse los comicios en los que Daniel Ortega buscará acceder a su quinto período de gobierno, el cuarto consecutivo. Pero a menos de un mes del plazo para presentar candidaturas (trámite que debe cumplirse entre el 28 de julio y el 2 de agosto), los principales aspirantes opositores están privados de libertad, sin poder designar abogado defensor y vedados de ser visitados y de recibir alimentos y medicamentos.
“Consideramos que están secuestrados, porque nada sabemos de ellos. Vivimos en una novela de George Orwell”, dijo uno de los dirigentes consultados. Agregó que los abogados habituales de los detenidos son amenazados y en algunos casos debieron emigrar.
Las detenciones fueron realizadas en operativos que en algunos casos se concretaron de noche y en fines de semana, sin exhibir órdenes judiciales y con ostensibles demostraciones de violencia que revelan la intención de amedrentar y silenciar voces críticas. “Aunque haya personas dispuestas a franquear el paso a los domicilios, rompen puertas y ventanas y entran con fusiles de asalto”, se dijo a la misión de la SIP. Los elementos requisados se asientan en un inventario del que no se deja copia a los residentes en el inmueble allanado.
Este propósito de sembrar terror queda evidente también por el accionar de personeros del régimen que a diario difunden amenazas en radios paraoficiales e instalan que se está desarrollando una nueva operación Danto, en alusión a la mayor ofensiva militar del Ejército Popular Sandinista contra los contrarrevolucionarios, en 1988.
“Las personas son apresadas sin que se les informen las causas, la policía emite comunicados en los que se afirma que violaron la ley, lo que vulnera la presunción de inocencia, y recién después un juez toma conocimiento de la causa y da supuesto sustento al operativo”, dijo uno de los entrevistados.
La misión de la SIP recogió denuncias sobre el accionar de grupos parapoliciales y paramilitares muchas veces encapuchados, que realizan desmanes en viviendas ya allanadas. Presionan también a familiares y personas del entorno de los detenidos o de quienes debieron exiliarse tras recibir mensajes intimidatorios o ser citados a presentarse en dependencias policiales, sin orden de la Justicia. Incluso se recogieron testimonios de que esos grupos ilegales persiguen a exiliados fuera de las fronteras nicaragüenses.
Decenas de empresarios, políticos y periodistas salieron del país en junio, en muchos casos por puntos ciegos de la frontera con Costa Rica. De inmediato, ese país les da condición de refugiados, aunque luego deben aguardar que se les otorgue permiso para trabajar.
El éxodo de personal y directivos de los medios, sumado a las dificultades para acceder a insumos esenciales, las presiones a anunciantes, los retenes policiales frente a redacciones o domicilios de periodistas, las estigmatizaciones y amenazas cotidianas para generar autocensura, la menor actividad de las redes sociales por el temor a ser perseguido, la falta de acceso a información pública, la concentración de medios en manos del Estado o de la familia gobernante y el creciente pedido de fuentes habituales para que no se las consulte o al menos no se las mencione van cerrando el cerco sobre el periodismo libre. De tal modo, se deteriora aún más el ya muy débil debate ciudadano, pieza esencial para la vida democrática.
“No sólo los periodistas se sienten amenazados: también sus fuentes; incluso las que están en el exilio, por temor a que haya presiones a sus familias”, comentó una de las personas con las que dialogó la misión. “Se criminaliza brindar información, hasta del estado del tiempo”, ironizó el mismo entrevistado. Y agregó: “No hay apatía: hay horror. La calle dice mucho con su silencio”.
Los entrevistados tuvieron posiciones discrepantes respecto del eventual efecto de excluir a Nicaragua de la Organización de Estados Americanos o aplicarle sanciones económicas como el apartamiento del CAFTA (acuerdo de libre comercio Centroamérica-Estados Unidos) y el Acuerdo Marco de Cooperación Centroamérica-Unión Europea.
No obstante, hay consenso en que la intensificación de las denuncias internacionales sobre la crítica situación institucional en Nicaragua quizá no amilane al régimen, pero al menos lo obligaría a reducir la intensidad de la represión. Y en el actual contexto, ello daría una oportunidad para comenzar a recuperar cierta normalidad.
