'Hoy se ordenó oficialmente la deportación de Juan Reyna', señala en un comunicado enviado a la AFP Erika Andiola, jefa de la oficina de defensa de la ONG Raices, que ha asumido su defensa legal.
'La lucha para que se quede en casa no ha concluido', asegura Andiola, ya que 'Juan sigue determinado a apelar la decisión' ante el Consejo de Apelaciones de Inmigración, la última instancia.
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El mexicano, de 48 años que llegó a Estados Unidos en 1996, tiene ahora 30 días para apelar de nuevo esta decisión de la justicia, que ratifica una anterior del 3 de diciembre en el que un juez decretó su expulsión a México.
Juan Reyna está detenido desde hace más de un año en un centro del servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), cerca de Austin (Texas), en espera de su deportación.
'No soy un peligro para la sociedad. No soy una amenaza para este país', dijo recientemente por teléfono a la AFP.
'Lucho por salir adelante. He trabajado por este país que me ha dado muchas cosas, y le doy gracias porque me ha tratado bien. He tenido mucho trabajo', declaró.
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El ICE tiene el poder de dejarlo en libertad mientras se resuelve el nuevo recurso.
Reyna ha recibido el apoyo de los congresistas por Texas Lloyd Doggett y Joaquín Castro para que el ICE lo deje en libertad y pueda reunirse con su esposa Guadalupe Martínez, que tiene problemas de salud, y los dos hijos de ésta.
Los congresistas piden al ICE que le 'liberen' para que pueda 'reunirse con su esposa e hijos' mientras se resuelven los siguientes pasos.
'Hemos recibido evidencia documentada del traumatismo y sufrimiento que está sufriendo su familia', concluyen en la carta dirigida al ICE.
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Reyna es uno de los 11 millones de inmigrantes indocumentados a los que el presidente demócrata Joe Biden prometió regularizar durante su campaña electoral, aunque hasta ahora no ha logrado cumplir su promesa.
Según las últimas disposiciones del gobierno de Biden, Juan Reyna no debería estar detenido.
El 30 de septiembre pasado, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, de origen cubano, instruyó a las autoridades migratorias y policiales para que se centren en la expulsión de las personas sospechosas de terrorismo, que hayan cometido delitos graves o aquellos que hayan cruzado recientemente la frontera de forma ilegal.
Sin embargo, según datos de la ONG Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), el 74,6% de las 20,623 personas que estaban en centros del ICE el 19 de diciembre de 2021 -un 8,5% más que el año anterior- no tenían antecedentes criminales.
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