Servicio secreto
Autoridades de México incurrieron en omisiones y prácticas irregulares en la investigación de la masacre de 72 migrantes en 2010 a manos de un cartel de las drogas, lo cual se tradujo en deficiencias en la identificación de las víctimas, señaló la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
A más de tres años de una de las peores masacres atribuidas al narcotráfico, el organismo emitió un reporte en el que señaló que entre las irregularidades detectadas está la falta de preservación de las evidencias en el lugar del crimen, la recolección precipitada de indicios y la mala actuación en torno a los cadáveres, algunos de los cuales fueron dejados a la intemperie y varios sometidos a necropsias de manera tardía.
Para la Comisión, ese tipo de irregularidades han provocado que hasta ahora 12 de las 72 víctimas continúen sin ser identificadas y sus cuerpos permanezcan en una fosa común.
El reporte de la Comisión, divulgado en su página de internet, responsabiliza a por lo menos una decena de funcionarios estatales y federales de las omisiones.
San Fernando, una municipalidad del estado norteño de Tamaulipas cercano a la frontera con Texas, fue escenario en agosto de 2010 de la peor masacre hasta ese momento cuando marinos encontraron dentro de un rancho los cuerpos de 72 migrantes acribillados por negarse a integrar a las filas del cartel de Los Zetas, según se desprendió de las declaraciones de dos sobrevivientes y de indagatorias federales.
La localización de los cuerpos se hizo luego de que un ecuatoriano escapó malherido y llegó hasta un retén de la Marina. Posteriormente se supo que un hondureño también sobrevivió.
El ecuatoriano dijo a las autoridades que los responsables se identificaron como 'Zetas', quienes llevaron a los migrantes a un galpón abandonado en un rancho de San Fernando, donde sus captores les ofrecieron ser reclutados como pistoleros del grupo. Pero al negarse, los migrantes fueron acribillados.
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La masacre ocurrió el 22 de agosto, pero dos días después fue cuando personal de la Marina encontró los cuerpos y ahí comenzaron las irregularidades.
La Comisión señaló que autoridades y peritos de Tamaulipas que llegaron no resguardaron la escena del crimen y recopilaron de manera 'precipitada, sin metodología y deficiente' evidencias, con lo cual se perdieron indicios como la ubicación de casquillos y balas.
Antes de ordenar el levantamiento de los cadáveres, continuó la Comisión, no recogieron datos considerados básicos como la descripción de la posición en que se encontraban, edad aproximada, estatura, ropa que vestían, grado de putrefacción y lesiones a simple vista.
Aún más, varios de los cuerpos permanecieron alrededor de dos días expuestos a la intemperie y apilados. Algunas de las necropsias, calificadas por el organismo de deficientes, se realizaron más de 48 horas después de que se localizaran los cuerpos.
'Las diligencias periciales y ministeriales se efectuaron de manera precipitada, deficiente y sin la metodología adecuada, lo que, incluso, derivó en la confusión de uno de los cuerpos, el cual fue enviado a la República de Honduras, cuando correspondía a un ciudadano brasileño', refirió la Comisión.
Señaló que va más de tres años, la Procuraduría General de la República -que asumió la investigación- aún continúa en el proceso de identificación de los cuerpos, 'lo cual incide en la violación al derecho a la debida procuración e impartición de justicia pronta y expedita'.
El organismo envió recomendaciones, que no son de carácter vinculante, a las autoridades de Tamaulipas y a la Procuraduría General para que indague a sus funcionarios que habrían incurrido en negligencia y tomen medidas de capacitación para evitar que ocurra de nueva cuenta.
Ni la procuraduría ni el gobierno de Tamaulipas habían comentado sobre el reporte.
Luego de la masacre de San Fernando fueron detenidas ocho personas por su presunta participación en el crimen y el gobierno federal señaló que eran miembros de Los Zetas, considerado uno de los carteles más sanguinarios y que ha sido responsabilizado de secuestros y asesinatos de otros migrantes en meses posteriores.
De los cuerpos identificados se determinó que procedían de países como Honduras, El Salvador, Guatemala, Ecuador, Brasil e incluso uno de la India y que intentaban cruzar hacia Estados Unidos.
El caso de San Fernando mostró los riesgos que enfrentan los migrantes que usan territorio mexicano para intentar llegar a Estados Unidos.
Meses después, en abril de 2011, autoridades localizaron al menos 40 fosas clandestinas en san Fernando con cerca de 200 cuerpos de personas que fueron asesinadas presuntamente también por miembros de Los Zetas.
