BUENOS AIRES, ARGENTINA.- La Agencia Federal de Inteligencia Argentina (AFI) denunció ante la justicia que más de 400 periodistas fueron espiados durante el anterior gobierno de
Mauricio Macri con motivo de las cumbres de la OMC y el G20 organizadas por el país sudamericano.
La presentación judicial tuvo lugar el viernes y el organismo divulgó a los medios la nómina el domingo bajo formato Excel y que son parte de las pruebas presentadas por la AFI.
La presentación judicial tuvo lugar el viernes y el organismo divulgó a los medios la nómina el domingo bajo formato Excel y que son parte de las pruebas presentadas por la AFI.
El archivo contiene anotaciones sobre las tendencias políticas de esos periodistas, comentarios de carácter sindical o defensa de posturas feministas, aunque en otros no se hacen ningún tipo de observaciones. Tampoco dijo cómo se ejecutó ese espionaje.
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El material forma parte de una denuncia por espionaje presentada contra el exgobernante argentino y la anterior cúpula de la AFI que dio lugar a que el fiscal federal argentino Jorge Di Lelló imputase en una causa penal el 29 de mayo a Macri y a su exjefe de inteligencia, Gustavo Arribas, por presunto espionaje ilegal contra dirigentes políticos y periodistas.
Entre los comunicadores que habrían sido espiados figuran periodistas de medios argentinos e internacionales, como las agencias de noticias The Associated Press, Reuters y France-Presse, entre otras, y de televisión como CNN.
La AP contactó al ex portavoz de Macri, Iván Pavlovsky, quien primero dijo que el exgobernante no estaba haciendo comentarios y luego aclaró que ya no ejercía como vocero. Mientras que una persona de prensa del partido PRO Argentina, que preside la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, afirmó que no estaba de turno y colgó el teléfono. Las siguientes llamadas no fueron respondidas por el momento.
La denuncia fue presentada por la actual jefa de la AFI, Cristina Cañamo, basada en una investigación al anterior gobierno y luego del hallazgo de un disco duro con supuesta evidencia del espionaje ilegal a correos electrónicos a diversas personas, entre ellas varios exfuncionarios del propio gobierno de Macri (2015-2019), opositores, periodistas e integrantes de fuerzas de seguridad.
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En Argentina el espionaje interno requiere de una orden judicial previa.
'He tomado conocimiento de la producción de inteligencia ilegal respecto a periodistas, académicos, organizaciones sociales, partidos políticos', señala la denuncia, que afirma que dichas labores 'no se encuentran ordenadas ni autorizadas por ningún magistrado' sino dispuestas por las entonces autoridades de la AFI con la aprobación del ministerio de Seguridad de la Nación y su entonces ministra Bullrich.
Agrega la denuncia que el trámite irregular supuso la producción de inteligencia ilegal en relación a 'periodistas, académicos, organizaciones sociales, partidos políticos, entre otros, vulnerando así los preceptos contenidos en la Ley de Inteligencia Nacional, la Constitución Nacional e incluso también legislación internacional vinculada a la materia', señala el texto.
Con la información se creaban fichas que eran remitidas a la Dirección Operacional del Área de Contrainteligencia y en función a esta información se habría negado el acceso a eventos internacionales organizados en el país entre finales de 2017 y mediados de 2018, como el de la OMC y el G20.
Las fichas contienen información 'de todo tipo y color: vinculaciones en los medios de comunicación, preferencias políticas, publicaciones en redes sociales, simpatía respecto a grupos feministas o de contenido político y/o cultural', entre otros temas que 'nada tienen que ver con el contenido del evento para el cuál supuestamente se estaban realizando este tipo de tareas sin control ni orden jurisdiccional', afirma el texto.
'Es que si un periodista es o no opositor del gobierno de turno no influye en lo más mínimo respecto a las condiciones de seguridad que debían brindarse desde el Estado nacional para llevar a cabo un evento internacional de la envergadura del G-20', continúa.
Junto a Macri y Arribas se solicita citar a declarar a la ex subdirectora general de la Agencia, Silvia Majdalani, y a los agentes involucrados en el supuesto espionaje. La difusión de esta lista generó reacciones inmediatas.
El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) afirmó en Twitter que 'sigue con atención y preocupación la denuncia por presunto espionaje ilegal sin que mediara orden judicial'.
FOPEA 'exigirá garantías a la Justicia para el ejercicio profesional del periodismo. Estas prácticas resultan intolerables en una democracia y afectan el resguardo constitucional de la actividad periodística', señaló el organismo.
La Asociación de Corresponsales Extranjeros en Argentina exigió en una carta que se investigue a fondo la denuncia, y consideró que de confirmarse los hechos constituirían 'un grave delito penal en el país'.
'Esas acciones según la denuncia se habrían realizado sin avales de la Justicia y por mera decisión del Poder Ejecutivo lo que representa un avasallamiento de la libertad para el desarrollo de las labores informativas y, desde luego, una violación de las leyes vigentes en Argentina', agregó.
En Argentina se celebraba el domingo el Día del Periodista, y la exministra Bullrich felicitó a los comunicadores por Twitter en medio del escándalo.
'Feliz Día del Periodista a quienes ejercen su profesión todos los días con un enorme compromiso y dedicación. Su rol es muy importante siempre', señaló. Sin embargo, la exfuncionaria no respondió a las solicitudes de comentario de la AP sobre el denunciado caso de espionaje.
Durante la presidencia de Macri, las autoridades abrieron numerosas investigaciones sobre presunta corrupción que involucraba a la expresidenta Cristina Fernández, quien ahora es vicepresidenta. Esos casos han quedado estancados en parte por las dificultades para celebrar audiencias bajo las restricciones impuestas por la pandemia del coronavirus.
Macri también está bajo investigación sobre el manejo por parte del gobierno de una deuda de uno de los negocios de su familia, de un contrato de un parque eólico y financiamiento de campaña.
