'Esta cifra representa un aumento histórico de 24 casos más que lo registrado en todo 2014, y 350 casos más que las agresiones documentadas en 2019', informó en un comunicado la Unidad de Protección a Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA).
Aclaró que ese registro se basa en información documentada por la propia organización.
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El organismo precisó que 14 de las agresiones de este año corresponden a asesinatos, cuatro de cuyas víctimas fueron mujeres, y 22 intentos de asesinato.
La UDEFEGUA registró 86 denuncias judiciales sin fundamento, así como 15 detenciones arbitrarias e ilegales, lo que corresponde a intentos de criminalizar a los defensores de derechos humanos.
'En un contexto de pandemia (por el covid-19), en donde las personas se encontraban recluidas en sus domicilios por largos períodos de tiempo, las personas defensoras siguieron siendo blanco de ataques, incluso mortales', comentó Jorge Santos, coordinador general de la organización.
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Aseguró que esas cifras representan 'un patrón de comportamiento que es gravísimo', y por ello pidió medidas urgentes para resguardar a los defensores.
'La criminalización es un fenómeno que nos preocupa por cuanto implica que el Estado, en vez de garantizar que estas personas puedan ejercer su rol libre de violencia, está imponiendo una lógica represiva y un uso selectivo de su sistema penal', puntualizó.
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