Tanto los Bolsonaro como el chofer, niegan haber actuado mal en relación al pago de 320.000 dólares hecho entre 2016 y 2017, y que salió a la luz el año pasado.
Sin embargo, hasta el viernes todavía no justificaban los pagos, que fueron señalados por el regulador financiero de la nación.
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Un día antes, el Supremo Tribunal Federal ordenó a una corte estatal de Río de Janeiro suspender temporalmente la pesquisa.
Los abogados de Flavio Bolsonaro argumentan que ser un senador electo implica que el caso debe decidirse por el máximo tribunal, un privilegio del cual disfrutan los políticos en Brasil.
Como candidatos, los Bolsonaro hicieron campañas con una agenda anticorrupción y criticaron dichas protecciones.
Los senadores juramentarán el 1 de febrero.