De acuerdo al fallo, que desestimó el dictamen de un tribunal inferior, los bienes del exdictador chileno (1973-1990) no podrían quedar en manos de sus herederos debido a que son de origen ilícito.
El dictamen anula los bienes legados por Pinochet a su viuda y a sus cinco hijos porque no pueden considerarse “terceros adquirentes de buena fe” debido a que antes de que los legara ya se conocía que fueron mal habidos y se habían decretado medidas cautelares sobre ellos.
Pinochet, que murió bajo arresto domiciliario por un par de casos de violaciones a los derechos humanos y por falsificación de documentos, acumuló una fortuna secreta de 21 millones de dólares, según un estudio de la Corte Suprema, de los cuales solo unos tres millones de dólares eran ilícitos.
La fortuna negra que mantenía en el exterior se conoció en 2004 producto de una indagación de senadores estadounidenses que buscaban dineros provenientes de grupos terroristas y se encontraron 125 cuentas corrientes a nombre de Pinochet y de alias suyos, varias en la sede del banco Riggs de Washington.
La investigación judicial estableció que Pinochet, con la ayuda de oficiales de su entorno, sustrajo dineros de caudales públicos y los depositó en varios bancos, incluso en una filial del Riggs en Londres.
Mientras sus partidarios más fervientes, políticos y empresarios juntaban dinero para mantener el arriendo de una casa en las afueras de Londres, mientras estuvo con detención domiciliaria por orden del juez español Baltasar Garzón por violaciones a los derechos humanos, a fines de los noventa, Pinochet mantuvo silencio sobre los dineros que tenía en la capital británica.
Pinochet siempre negó que se tratara de dineros mal habidos y afirmó que eran producto de “ahorros” de toda su vida.
A lo largo de los años los dineros y bienes de Pinochet fueron incautados, aunque después de fallecido, dictámenes judiciales autorizaron usar parte de ellos para pagar impuestos territoriales.
La fortuna de Pinochet también estaba conformada por propiedades y vehículos.
Junto con ordenar que su familia debe devolver al fisco poco más de 1,6 millones de dólares, la corte aclaró que los bienes les serán decomisados a la viuda e hijos “no por ser autores del delito de malversación de caudales públicos”, sino porque provienen de Pinochet y otros fueron adquiridos en los inicios de este juicio, que se arrastra desde 2004.
La derecha política siguió fiel al general, bajo cuya dictadura murieron 3.095 opositores, incluidos más de un millar de desaparecidos, incluso después que la justicia constató las violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, cuando se enteraron de que robó dineros, empezaron a apartarse lentamente de Pinochet.
