Acusado al igual que otros nueve colegas de apoyar la sublevación del 30 de abril, el vicepresidente del Parlamento, Edgar Zambrano, fue detenido la noche del miércoles en una operación cinematográfica, mostrada en redes sociales y narrada en Twitter por el propio legislador.
Agentes del servicio de inteligencia con armas largas interceptaron a Zambrano en su vehículo 4x4 frente a la sede de su partido. El legislador se negó a bajar y tuvo que llegar una grúa para llevarse el coche.
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Una caravana de patrullas fue cortando las calles para permitir el veloz paso de la grúa con el vehículo hasta el Helicoide, el temido cuartel del servicio de inteligencia (Sebin), observaron periodistas de la AFP.
Otro diputado, Richard Blanco, anunció este jueves que ingresó a la residencia del embajador de Argentina en Caracas para evitar su captura por la rebelión que encabezó Guaidó, jefe parlamentario, en su intento por desalojar a Maduro del poder.
Además de Blanco, quien dijo que su estancia será temporal y no pedirá asilo, otra diputada, Mariela Magallanes, se refugió en la residencia del embajador de Italia en Caracas.
'Si podemos hablar de un golpe de Estado en Venezuela, aquí está: el desmontaje del Parlamento nacional', reaccionó Guaidó este jueves en una rueda de prensa en Caracas, donde acusó a Maduro de usar el 'terrorismo de Estado' para aferrarse al poder.
'No nos vamos a detener, vamos a seguir en las calles. Este es un proceso que termina con la libertad de Venezuela', advirtió Guaidó, quien convocó a una protesta nacional el sábado.
Liberación 'inmediata'.
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La ofensiva judicial generó una firme condena de países que respaldan a Guaidó, reconocido como presidente interino por medio centenar de gobiernos desde que se proclamó en enero, una vez que el Legislativo declaró ilegítimo el segundo mandato de Maduro.
'Si Zambrano no es liberado de inmediato, habrá consecuencias', advirtió Estados Unidos desde la cuenta de Twitter de su embajada en Caracas.
El gobierno de Donald Trump, principal valedor internacional de Guaidó, dice una y otra vez que 'todas las opciones están sobre la mesa', sin descartar una acción militar.
De su lado, la Unión Europea denunció el arresto de Zambrano como 'otra flagrante violación, para silenciar a la Asamblea Nacional', y también demandó su puesta en libertad.
El Grupo de Lima rechazó 'la decisión de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente de allanar arbitrariamente la inmunidad parlamentaria de los diputados de la Asamblea Nacional legítima'.
Pero el canciller venezolano, Jorge Arreaza, tuiteó este jueves que 'aquellos gobiernos que se solidarizan con golpistas se convierten en cómplices del alzamiento militar inconstitucional'.
Maduro desafiante
Los diez diputados fueron acusados por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), de línea oficialista, de delitos como traición a la patria y conspiración.
Se trata, además, de Henry Ramos Allup dispuesto a ir preso, Américo De Grazia, Luis Florido, Simón Calzadilla, Freddy Superlano, Sergio Vergara y Juan Andrés Mejía.
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Otros diputados del Parlamento, el único organismo dominado por la oposición pero anulado en la práctica desde que fuera declarado en desacato por el TSJ en 2016, han sido objeto de decisiones judiciales: Gilber Caro y Juan Requesens están presos, Freddy Guevara refugiado en la embajada chilena y Julio Borges exiliado en Colombia.
El propio Guaidó fue despojado el 2 de abril de su fuero por la Constituyente oficialista, pero el gobierno de Maduro se ha mostrado reticente a detenerlo.
Desafiante, Maduro aseguró la noche del miércoles que 'la Fuerza Armada está cohesionada' en su apoyo.
'Ellos creen que dando una orden, los militares (van a decir): 'Entendido, míster Mike Pence. No, Mike Pence, el comandante en jefe constitucional y legítimo de la Fuerza Armada, se llama Nicolás Maduro', lanzó el mandatario en una alocución televisada.
Maduro respondió así al vicepresidente de Estados Unidos, que levantó las sanciones contra el exjefe de inteligencia Cristopher Figuera como recompensa por apoyar el alzamiento y como 'ejemplo' a seguir por otros altos funcionarios.
La persistente crisis política ocurre en paralelo al peor drama económico y social en la historia reciente de Venezuela, con hiperinflación, apagones y escasez crónica de alimentos y medicinas. Desde 2015, han salido del país 3 millones de personas, según la ONU.
