Por medio de un decreto presidencial ordenó la expulsión y degradación del general de división Manuel Figuera, exjefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), cinco tenientes coroneles, cuatro mayores, cuatro capitanes, seis primeros tenientes y tenientes y 35 sargentos, señaló la Gaceta Oficial el miércoles.
Entre los oficiales expulsados y degradados está el teniente coronel de la Guardia Nacional Ilich Sánchez, quien en los últimos meses tuvo a su cargo la jefatura del comando que da protección a la Asamblea Nacional, controlada por la oposición.
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Las autoridades brasileñas confirmaron la semana pasada que 25 militares venezolanos se refugiaron tras el alzamiento en su embajada en Caracas, sin ofrecer más detalles. Estados Unidos le suspendió la víspera las sanciones a Figuera por retirarle su apoyo a Maduro.
La salida de Figuera de la dirección del SEBIN fue anunciada el 30 de abril tras el fracasado alzamiento militar encabezado por el líder opositor Juan Guaidó. Entonces, sin ofrecer más detalles, Maduro anunció que el general en jefe Gustavo González López regresaba a la dirección de ese cuerpo policial.
Figuera había asumido la jefatura del SEBIN en octubre luego de la remoción del cargo de González López tras el escándalo por la muerte de un concejal opositor que según las autoridades se suicidó en una sede capitalina de la policía política poco después de su detención. La oposición rechazó esa versión y responsabilizó a González López de la muerte.
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En tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Italia publicó en su página de internet un comunicado en el que informó que una legisladora venezolana, de los siete opositores que fueron acusados la víspera de traición y rebelión, se encuentra en la residencia de su embajador en Caracas.
“La legisladora Mariela Magallanes, una de las destinatarias de las órdenes antes mencionadas que está casada con un ciudadano italiano y está pendiente de reconocimiento de la ciudadanía italiana, se encuentra en la residencia del embajador de Italia en Caracas y se le extenderá toda la posible protección y hospitalidad”, indicó el comunicado.
A su vez reprodujo una cita del canciller italiano, Enzo Moavero Milanesi, quien expresó su 'condena más firme por las disposiciones, que violan los principios básicos de la inmunidad parlamentaria y el imperio de la ley.Similares actos represivos no contribuyen en absoluto a encontrar una solución democrática y pacífica a la grave situación de Venezuela'.
El martes el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela dijo en un comunicado que los diputados Henry Ramos Allup, Luis Florido, Magallanes, José Simón Calzadilla, Américo De Grazia, Richard Blanco y Andrés Delgado Velázquez fueron acusados por la Fiscalía General por los supuestos delitos de “traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión militar, concierto para delinquir, usurpación de funciones e instigación pública a la desobediencia”.
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Agregó que por incurrir en la “comisión flagrante de delitos comunes” no se procederá a realizarle el antejuicio de mérito a los diputados, un proceso establecido en la constitución para retirarles la inmunidad parlamentaria.
Algunos de los dirigentes procesados habían aparecido junto a Guaidó durante el fallido alzamiento militar a las afueras de una base aérea de Caracas.
Al desestimar la decisión del Tribunal Supremo, Ramos Allup -expresidente del Congreso- dijo que se quiere dejar al cuerpo legislativo sin directiva, pero sostuvo que pese a esas acciones la “Asamblea va a seguir existiendo porque el pueblo venezolano votó por ella”.
Asimismo, De Grazia dijo a The Associated Press que con la sentencia se busca “ir callando todas las voces que puedan” y descartó que los opositores vayan atemorizarse o ceder.
