La Corte de Constitucionalidad de Guatemala decidió abolir la pena de muerte de las leyes que se aplican a civiles en la nación centroamericana.
La decisión de esta Corte es final y será efectiva una vez que se publique en el diario oficial.
“No podemos permitir que seamos uno de los últimos países que aplican esa pena. Consideramos que es necesario para el respeto de los Derechos Humanos en Guatemala”, dijo José Alejandro Valverth Flores, uno de los dos abogados que solicitó a la Corte declarar la abolición.
La Corte declaró la inconstitucionalidad de cuatro artículos del Código Penal y dos de la Ley Contra la Narcoactividad, que establecían la forma y circunstancias en las que se podía condenar a pena de muerte.
El castigo era viable para quienes asesinaran a niños menores de 12 años o personas mayores de 60, en caso de secuestros y cuando la víctima tuviera lesiones graves, trauma psicológico o en caso de muerte.
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Asimismo, contemplaba responsabilidad por asesinato del presidente o vicepresidente y delitos relacionados con narcoactividad.
“Prácticamente ya no hay delito que contemple la pena de muerte o que la tenga vigente”, dijo Martín Guzmán, secretario de la Corte. La decisión de la Corte es definitiva y no hay recurso que pueda reformar el fallo, añadió.
Guatemala no condena ni ejecuta la pena de muerte desde hace varios años por ser firmante de un acuerdo regional que prohíbe ampliar el marco de delitos en los que se puede aplicar la pena y por no haber resuelto aún si el indulto de la pena recae en el presidente.
En América, Guatemala es uno de los seis territorios que según Amnistía Internacional en 2016 aún mantenían en su legislación la pena de muerte además de Estados Unidos, Cuba, Jamaica, Puerto Rico y Guyana.
