Una corte federal se negó el miércoles a detener la ejecución de un ciudadano mexicano en Texas luego de que el estado ha rechazado medidas jurídicas y la presión diplomática para salvarle la vida.
Edgar Arias Tamayo, de 46 años, debe ser ejecutado por inyección letal en las próximas horas por el asesinato en 1994 del agente Guy Gaddis, de 24 años.
La Corte Federal de Apelaciones del 5to Circuito consideró una apelación según la cual Tamayo por ser mentalmente deficiente y por lo tanto inapto para ser ejecutado. Pero la corte dijo que la apelación, presentada la semana pasada, llegó demasiado tarde.
Los abogados de Tamayo apelarán ahora a la Corte Suprema de Estados Unidos.
Gaddis, que sólo llevaba dos años en la policía, trasladaba a Tamayo y a otro hombre desde el lugar de un robo cuando, según las pruebas, recibió tres impactos de bala en la cabeza y el cuello de una pistola que Tamayo tenía oculta en los pantalones. El carro patrullero se estrelló y Tamayo huyó a pie pero fue capturado a pocas cuadras de distancia, todavía con las esposas puestas, con el reloj de la víctima y su cadena el cuello.
Los abogados y el gobierno mexicano han alegado que el caso de Tamayo no se desarrolló debidamente porque no le informaron, según indica un acuerdo internacional, que podía recibir asistencia jurídica de su país tras el arresto.
El secretario de Estado John Kerry había pedido al procurador general de Texas, Greg Abbott, que demorara la ejecución, diciendo que 'pudiera impactar la forma que los ciudadanos norteamericanos son tratados en otros país'. El Departamento de Estado repitió esa postura el martes.
Pero el despacho de Abbott y la fiscalía de distrito del Condado Harris se opusieron a posponer lo que sería la primera ejecución este año en el estado con mayor cantidad de reos ejecutados: Texas ejecutó a 16 personas en 2013.
Al menos otros dos reos fueron ejecutados en circunstancias similares en Texas en años recientes.
El gobierno mexicano expresó en un comunicado esta semana que 'se opone con fuerza' a la ejecución y recordó que no revisar y reconsiderar la sentencia sería 'una clara violación de Estados Unidos a sus obligaciones internacionales'.
Funcionarios mexicanos y los abogados de Tamayo dijeron que estaba protegido por una cláusula de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963. La asistencia jurídica que garantiza ese tratado pudiera haber descubierto pruebas para impugnar el cargo de asesinato o que evitaran que Tamayo fuese condenado a la pena de muerte, dijeron.
'Seguimos estudiando nuestras opciones de apelación y la vindicación del derecho del señor Tamayo a la revisión de la infracción de sus derechos consulares', dijo Maurie Levin, uno de los abogados de Tamayo.
La apelación de Tamayo a un tribunal federal en Austin solicitaba una orden judicial contra el gobernador de Texas, Rick Perry, y la Junta de Perdón y Libertad Condicional, que Perry nombra. La junta puede recomendar a Perry que otorgue clemencia, pero esa decisión se toma muy pocas veces.
'No importa de dónde sea la persona', dijo Lucy Nashed, portavoz de Perry. 'El que cometa un crimen despreciable como éste en Texas, queda sujeto a nuestras leyes estatales, como un juicio justo con jurado, y la pena máxima'.
Tamayo estaba en Estados Unidos sin autorización y tenía antecedentes penales en California, donde cumplió una pena de prisión por robo y recibió la libertad condicional, según registros de la prisión.
'Nadie alega que no mató a Guy Gaddis', dijo Ray Hunt, presidente del Sindicato de Policías de Houston. 'El disfrutó los mismos derechos que tenemos todos.
'Esto se ha estudiado, escuchado, examinado y es hora de que se cumpla el veredicto del jurado'.
Los retos jurídicos a la notificación consular y los ciudadanos mexicanos en la galera de la muerte en Texas no son nada nuevo. Por lo menos otros dos reos en circunstancias similares fueron ejecutados en Texas en años recientes.
Tamayo estaba entre más de 40 ciudadanos mexicanos condenados a muerte en Estados Unidos cuando la Corte Internacional de Justicia de La Haya, Holanda, falló en 2004 que no les habían informado debidamente de sus derechos consulares. La Corte Suprema indicó posteriormente que audiencias solicitadas por la Corte Internacional sobre los casos de esos reos sólo eran obligatorias si el Congreso emitía una ley al respecto.
'Desafortunadamente, esa ley nunca se aprobó', reconoció la Secretaría de Relaciones Exteriores de México.
