La puja política en torno a la inmigración llega el lunes a la Corte Suprema de Estados Unidos, en un caso que podría afectar a millones de personas que viven en el país sin autorización. El máximo tribunal de la nación decidirá el destino de los programas del gobierno de Barack Obama que podrían proteger a unos cuatro millones de personas de la deportación para concederles el derecho legal a trabajar.
Entre estos se encuentra Teresa García, de un suburbio de Seattle, que ha pasado 14 años en el país sin documentación habilitante después que expiró su visa de turista en 2002.
Ya logró mucho de lo que se proponía cuando decidió no regresar a su México natal. Sus dos hijos se han beneficiado de una iniciativa anterior para quienes fueron traídos de niños sin permiso. La hija de 11 años de García es ciudadana estadounidense.
'Es por eso que vine, por la oportunidad para los niños y porque es mucho más seguro aquí', dijo la mujer de 45 años en una entrevista con The Associated Press.
Ahora le agradaría lo mismo para ella y su marido, un contador que desempeña trabajos de construcción. Ninguno de los dos puede trabajar legalmente.
'Para mí, tener un número de Seguro Social significa un futuro mejor', afirmó. 'Nos arreglamos a duras penas con el poco dinero que mi marido consigue para toda la familia. Es una lucha diaria. Nos esforzamos para pagar todo'.
El programa anunciado por el presidente Barack Obama en noviembre de 2014 se aplicaría a padres cuyos hijos sean ciudadanos o que vivan en el país legalmente.
La elegibilidad también sería expandida por la misma medida presidencial de 2012 que benefició a los hijos de García. Más de 700.000 personas han aprovechado ese programa anterior, Acción Diferida para Llegados en la Niñez. El nuevo programa para los padres y el programa expandido para los niños podrían abarcar hasta cuatro millones de personas, según el Instituto de Política Migratoria, una organización no partidista.
Texas y otros 25 estados interpusieron demandas para bloquear las nuevas iniciativas tan pronto fueron anunciadas y tribunales menores han fallado en su favor. Los programas no han entrado en vigencia.
Los estados, a los que se sumaron legisladores republicanos, sostienen que Obama no tiene el poder de modificar las leyes de inmigración. Cuando anunció las medidas hace 17 meses, Obama dijo que actuaba bajo su propia autoridad porque el Congreso no había reestructurado el sistema inmigratorio. El Senado aprobó la legislación con voto bipartidista, pero los republicanos en la cámara baja se negaron a poner el asunto a votación.
