Washington, Estados Unidos
La Corte Suprema de Estados Unidos reafirmó el miércoles que un criminal desahuciado tiene derecho a los fondos necesarios para financiar su defensa, en un fallo que dio nuevas esperanzas a un hondureño condenado a muerte en Texas.
En un fallo unánime, la máxima corte revocó una decisión de un tribunal de apelación que restringía la capacidad del prisionero hondureño Carlos Manuel Ayestas para reunir pruebas que puedan reducir su culpabilidad a los ojos de la ley.
Basándose en una norma 'más exigente', el Tribunal de Apelaciones para el Quinto Circuito 'no aplicó el estándar legal correcto al confirmar la negación de la solicitud de financiación del peticionario', señaló la Corte Suprema.
Ayestas fue condenado a muerte por haber atado y golpeado hasta la muerte a una mujer de 67 años cuya casa robó con dos cómplices en 1995.
Su equipo de defensa afirma que es alcohólico desde su adolescencia, drogadicto, víctima de lesiones cerebrales traumáticas y que padece dolencias psicológicas severas.
Fue sentenciado en el condado de Harris, Texas, que tiene el récord del mayor número de ejecuciones en Estados Unidos.
Bajo la ley federal de justicia penal, un acusado tiene derecho a recibir fondos para su defensa cuando sea 'razonablemente necesario' para reunir pruebas que lo puedan exonerar de la pena de muerte.
El tribunal del Quinto Circuito interpretó que la ley significa que un acusado tiene que demostrar que existe una 'necesidad sustancial' de tales servicios.
La Corte Suprema de Estados Unidos reafirmó el miércoles que un criminal desahuciado tiene derecho a los fondos necesarios para financiar su defensa, en un fallo que dio nuevas esperanzas a un hondureño condenado a muerte en Texas.
En un fallo unánime, la máxima corte revocó una decisión de un tribunal de apelación que restringía la capacidad del prisionero hondureño Carlos Manuel Ayestas para reunir pruebas que puedan reducir su culpabilidad a los ojos de la ley.
Basándose en una norma 'más exigente', el Tribunal de Apelaciones para el Quinto Circuito 'no aplicó el estándar legal correcto al confirmar la negación de la solicitud de financiación del peticionario', señaló la Corte Suprema.
Ayestas fue condenado a muerte por haber atado y golpeado hasta la muerte a una mujer de 67 años cuya casa robó con dos cómplices en 1995.
Su equipo de defensa afirma que es alcohólico desde su adolescencia, drogadicto, víctima de lesiones cerebrales traumáticas y que padece dolencias psicológicas severas.
Fue sentenciado en el condado de Harris, Texas, que tiene el récord del mayor número de ejecuciones en Estados Unidos.
Bajo la ley federal de justicia penal, un acusado tiene derecho a recibir fondos para su defensa cuando sea 'razonablemente necesario' para reunir pruebas que lo puedan exonerar de la pena de muerte.
El tribunal del Quinto Circuito interpretó que la ley significa que un acusado tiene que demostrar que existe una 'necesidad sustancial' de tales servicios.
