Primero fue, sobre todo, una rebelión urbana de clases medias contra el fraude electoral de Morales en su búsqueda de un cuarto mandato. Tras su dimisión, el domingo pasado, ahora son campesinos, cocaleros y sindicatos quienes han tomado las calles y carreteras para exigir el regreso de su líder.
Desde su exilio en México, Morales alienta a sus seguidores a mantener la presión.
Desde las anuladas elecciones del 20 de octubre, los disturbios han cobrado la vida de 23 personas y dejado 715 heridos, según un informe actualizado divulgado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
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La economía marcha bien y no fue el detonante de esta crisis, como lo había sido en otras anteriores.
“Acabó un ciclo político que duró casi 14 años. Vivimos el postevismo, y eso trae tensiones, incertidumbre que complicarán la transición hasta que emerja un nuevo proyecto político”, señaló Marcelo Silva, profesor de Ciencia Política en la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz.
La crisis sacó a flote grietas étnicas con discursos racistas, confrontaciones regionales que están avivando la discrepancia entre un oriente rico y un accidente pobre, pero además las diferencias entre la ciudad y el campo. La crisis es estructural.
“Es preocupante que a pesar de 14 años y de una nueva Constitución que consagra un Estado Plurinacional, no se hayan resuelto estas contracciones endémicas del Estado”, subrayó Silva.
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Morales aprobó una Constitución en 2009 por la cual Bolivia dejó de llamarse República y pasó a Estado Plurinacional con 36 etnias reconocidas, siendo las más importantes la quechua, aymara y guaraní. Un 65% de los bolivianos se reconoce como descendiente de una etnia.
Irónicamente, los manifestantes que defienden a Morales en las calles son campesinos y gente de barriadas que siguen en la pobreza y a quienes no parece haberles llegado el auge económico que administró Morales con ingresos cinco veces superiores a los registrados cuando asumió el poder en 2006.
Muchos de ellos defienden al expresidente de origen aymara por una identidad de clase.
“Es indígena como yo”, afirmó Macario Chura, un agricultor del altiplano empobrecido que salió a marchar para reclamar el retorno de Morales.
Por el lado de la oposición, que ahora ha tomado el gobierno con la presidenta interina Jeanine Áñez, sale a relucir con gran triunfalismo el hecho de que, aseguran, se haya recuperado la democracia.
Aunque hay una afinidad de los indígenas con Morales por ser él mismo uno, hay quienes piensan que se aprovechó de eso. Silvia Rivera, investigadora boliviana en temas indígenas, cree que el líder los usó para afianzarse en el poder a través del uso de programas sociales como prebendas.
Áñez, de la opositora Unidad Demócrata (UD) de centro-derecha, ha declarado que su gobierno tiene dos tareas: pacificar el país y convocar a elecciones en tres meses.
Pero algunas decisiones parecen ir más allá. Asumió el lunes pasado y rompió relaciones con la Venezuela de Nicolás Maduro, se acercó al opositor Juan Guaidó, sacó a Bolivia del ALBA y UNASUR y cesó a casi todos los embajadores designados por Morales.
No obstante, las protestas desafían a su gobierno que antes de hablar de elecciones busca pacificar el país.
De acuerdo con Silva, los gobiernos transitorios son débiles porque no emergen de elecciones. Áñez tiene que dar respuestas rápidas sin hacer modificaciones estructurales, porque eso aumentará los conflictos, añadió.
Desde México, Morales _que aún conserva intacto su poder en la Asamblea Legislativa, en alcaldías, varias gobernaciones y en sindicatos_ sigue polarizando el país.
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