Esto podría ser así debido a que la Corte Suprema no abordó el viernes el pedido del gobierno de Trump de decidir para principios del verano si su propuesta de cancelar el programa era legal o no. El programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, DACA por sus siglas en inglés, ha sido protegido por varias cortes federales.
Basados en las prácticas regulares de la Corte Suprema, lo más pronto que los jueces podrían escuchar los argumentos del caso sería este otoño, si es que deciden escucharlo. Si la presentación de argumentos ocurre en octubre, probablemente no haya una decisión antes del 2020, cuando podría afectar la campaña presidencial.
El gobierno “nunca solicitó una suspensión de los fallos, lo que nos indicó que ha estado al tanto desde el principio de que no hay verdadera premura para resolver estos temas importantes”, dijo Theodore Boutrous Jr., abogado en Los Ángeles que representa a algunos inmigrantes jóvenes que impugnaron los planes del gobierno.
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Trump y el Congreso podrían dar carpetazo al asunto en la corte si alcanzan un acuerdo sobre el DACA, incluso tal vez durante las negociaciones para poner fin al cierre parcial del gobierno.
El caso figura entre los diversos asuntos importantes que aparentemente la corte ha decidido no incluir en sus fallos calendarizados para finales de junio.
Otras apelaciones pendientes incluyen las restricciones al aborto en Indiana, si la ley federal contra la discriminación laboral protege a la comunidad LGBT, y la política de Trump de restringir el servicio militar a los transexuales.
La corte también tendrá que pronunciarse en torno a una solicitud separada del gobierno para permitir la entrada en vigor de la política sobre los transexuales incluso antes de que se emita un fallo sobre el tema.
En el ámbito de la inmigración, el gobierno intentó poner fin al DACA en 2017, pero cortes federales en California, Nueva York y Washington, D.C., lo han impedido. Un juez federal en Texas declaró ilegal el programa, pero sin ordenar que se suspendiera.
El DACA ha protegido a unas 700.000 personas traídas ilegalmente a Estados Unidos cuando eran menores, o que siendo menores vinieron con familias que se quedaron después de que sus visas vencieron.
El gobierno de Obama implantó el DACA en 2012 para otorgar permisos de trabajo y amparar de la deportación a personas para las que, en muchos casos, Estados Unidos es el único país en el que recuerdan haber vivido.
El gobierno de Trump ha dicho que procedió a poner fin al programa frente al riesgo de que Texas y otros estados presentaran una demanda, lo que aumenta la probabilidad de que concluya en forma caótica.
El exsecretario de Justicia Jeff Sessions determinó que el DACA era ilegal porque, para empezar, Obama carecía de autoridad para implantarlo. Sessions citó un fallo emitido en 2015 por una corte federal de apelaciones en Nueva Orleáns que bloqueó una política separada de inmigración que Obama puso en marcha, y también detuvo la expansión del DACA.
A la larga, Texas y otros estados con gobernadores republicanos interpusieron una demanda y consiguieron una victoria parcial en una corte federal en Texas. Grupos defensores de los derechos civiles, activistas en pro de los inmigrantes y estados con gobernadores demócratas también actuaron judicialmente para impedir el fin del programa.
En noviembre, un panel de tres jueces de la corte federal de apelaciones en San Francisco dijo en un fallo que la decisión del gobierno de poner fin al DACA era arbitraria y caprichosa.
La corte de apelaciones destacó que el gobierno federal tiene un historial largo y arraigado de actuar a discreción a la hora de decidir no aplicar la ley de inmigración contra ciertas categorías de personas.
Aunque el gobierno federal puede, a su discreción, poner fin al DACA por razones políticas, no debe hacerlo basado en el criterio incorrecto de Sessions de que el programa rebasa la autoridad federal, aseguró la corte.
En dos ocasiones el gobierno ha intentado saltarse a las cortes de apelaciones y conseguir un fallo rápido de la Corte Suprema. Los magistrados rechazaron el primer intento el año pasado por considerar que la acción era prematura. Al no pronunciarse hasta ahora sobre la segunda petición, la Corte Suprema deja entrever que no da al asunto la misma urgencia que el gobierno le confiere.
