NICARAGUA.- El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, envió una iniciativa de Ley General de Telecomunicaciones Convergentes al parlamento, que vendría a sustituir a la Ley General de Telecomunicaciones y Correos Postales.
Según la iniciativa, además de la información detallada de los usuarios, las empresas de telecomunicaciones deberán informar sobre la ubicación y características técnicas de las antenas y estaciones radioeléctricas utilizadas, así como los planes tarifarios y condiciones de acceso a los servicios que ofrecen.
La propuesta de ley también contempla la creación de un Plan Nacional de Frecuencias del Espectro Radioeléctrico, que será desarrollado por Telcor y deberá cumplirse en un plazo máximo de seis meses a partir de su entrada en vigencia.
La medida ha generado preocupación entre los defensores de los derechos digitales en Nicaragua, quienes la consideran una violación a la privacidad de los usuarios y un intento de controlar la información que circula a través de las comunicaciones electrónicas.
Organizaciones de derechos humanos han expresado su rechazo a la iniciativa, señalando que vulnera los derechos fundamentales de libertad de expresión y privacidad, y que podría ser utilizada para perseguir a opositores políticos y manifestantes.
En respuesta, el gobierno de Nicaragua ha defendido la propuesta de ley, argumentando que busca fortalecer el marco regulatorio del sector de telecomunicaciones y garantizar la seguridad nacional.
Sin embargo, críticos consideran que la iniciativa de ley es un intento del gobierno de Ortega de aumentar su control sobre la información y limitar la libertad de expresión en el país.
La situación ha generado controversia a nivel nacional e internacional, con organizaciones y países preocupados por el impacto que esta medida podría tener en los derechos civiles y políticos en Nicaragua.
La Comisión de Infraestructura de la Asamblea Nacional ha anunciado que realizará consultas con diferentes sectores de la sociedad para analizar la propuesta de ley y recoger diferentes puntos de vista antes de emitir un dictamen al pleno.
Se espera que en los próximos días se lleven a cabo discusiones y debates sobre la iniciativa de ley en el Parlamento, en los cuales se espera la participación de representantes de las empresas de telecomunicaciones, la sociedad civil y la comunidad internacional.
