Según la policía, Chamorro fue detenido la noche del martes en su residencia ubicada al sureste de la capital, Managua, como parte de una investigación “por realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía, y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares” y otros cargos.
También se le investiga por “organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, proponer y gestionar bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones, demandar, exaltar y aplaudir la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos, y lesionar los intereses supremos de la nación”.
Olama Hurtado, sobrina de Chamorro, confirmó a periodistas que el político fue detenido por efectivos policiales que irrumpieron en su vivienda después de las 19:00 horas locales (01:00 GMT) para realizar un allanamiento.
Chamorro es el cuarto aspirante presidencial de oposición en ser detenido en la última semana en Nicaragua. El Poder Judicial mantiene bajo arresto domiciliario y vigilancia policial a la periodista Cristiana Chamorro desde hace seis días, mientras que el lunes envió a prisión por tres meses al economista y exdiplomático Arturo Cruz.
Más temprano este martes, la policía detuvo a Félix Maradiaga, precandidato de la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), después de citarlo a declarar ante la Fiscalía, en un interrogatorio que duró unas cuatro horas.
Juan Sebastián Chamorro, exdirectivo de la Alianza Cívica, una agrupación opositora formada con la intención de establecer un diálogo con el gobierno tras la revuelta social de abril de 2018, había sido citado para declarar el miércoles ante la Fiscalía.
A través de un comunicado, la fiscalía señaló que existe una causa contra de la ONG Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Social (FUNIDES), que Chamorro dirigió hasta 2018.
Chamorro es primo hermano de Cristiana Chamorro y sobrino de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, quien gobernó de 1990 a 1997.
Tiziano Breda, analista para Centroamérica de Crisis Group, una ONG destinada a evitar y resolver conflictos, dijo que el mandatario Daniel Ortega cumple varios propósitos con al detención de los aspirantes a la ppresidencia.
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“Primero, envía un mensaje para movilizar a la base sandinista, reforzando su narrativa de que las protestas callejeras de 2018 fueron un intento de golpe de Estado con respaldo extranjero. En segundo lugar, es una demostración de fuerza destinada a provocar divisiones dentro de la oposición y, finalmente, obligarla a tomar la decisión de respaldar a un candidato menor o no participar en las elecciones. Finalmente, pone a prueba los límites para ver qué tolerará la comunidad internacional dando margen suficiente antes de las elecciones de noviembre como para permitir las negociaciones”.
“Ortega está intentando eliminar a los que claramente representan posiblemente un desafío mayor, un riesgo mayor de poder acumular simpatía suficiente para desafiarlo en la elecciones”, añadió Breda.
Las sanciones que impusieron Estados Unidos y Europa a personas cercanas a Ortega y figuras clave de su gobierno claramente lo han molestado, pero no lo han llevado a producir concesiones, agregó el analista. El alcance diplomático de Estados Unidos, que Crisis Group recomendó en un informe el mes pasado, representaría una estrategia alternativa para el gobierno de Joe Biden.
Breda añadió que hasta el momento Ortega, quien podría ser perseguido por crímenes de lesa humanidad una vez que deje el cargo, no ha recibido un incentivo para renunciar al poder.
Antes de su arresto, Maradiaga declaró a periodistas que fue interrogado sobre sus actividades como exdirector de una ONG de estudios económicos, si tenía nexos con el narcotráfico y si en sus viajes a Estados Unidos solicitó sanciones contra Nicaragua, a lo que respondió que las pidió “pero no para castigar al pueblo sino a funcionarios del gobierno que han cometido crímenes de lesa humanidad”.
En su comunicado, la policía señaló que investiga a Maradiaga por “pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, proponer y gestionar bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones, demandar, exaltar y aplaudir la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos, y lesionar los intereses supremos de la Nación”.
Estos delitos, según se indicó, están contenidos en la llamada “Ley de Defensa de los Derechos del pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz”, aprobada por el Parlamento bajo control oficialista.
El vocero de la UNAB, Josué Garay, dijo a la AP que las autoridades iniciaron un allanamiento de la vivienda de Maradiaga, ubicada al sureste de la capital, y que el precandidato fue golpeado por policías durante su detención.
Por su parte, en un comunicado, el Ministerio Público informó que investiga las actividades de la “Fundación Libertad o Fundación para la Libertad” y el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), ONGs que Maradiaga dirigió, ya que “tiene indicios de que se podrían estar desarrollando actividades ilícitas, en perjuicio de la sociedad nicaragüense y el Estado'.
La oposición ha rechazado estas detenciones y acusa al gobierno de Ortega de desatar una “embestida represiva” para impedir la realización de elecciones “libres y competitivas” el próximo 7 de noviembre , cuando el mandatario sandinista, que gobernó de 1985 a 1990 y volvió al poder en 2007, buscará su tercera reelección para un cuarto mandato presidencial consecutivo.
La vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo, aludió por segundo día consecutivo a las investigaciones de la Fiscalía contra los opositores, a quienes llamó “terroristas” y “criminales”.
“Se creen eternamente impunes, (pero) la justicia llega, tarde, pero llega, en esta Nicaragua que venía prosperando y en reconciliación y en un modelo hermoso y ejemplar de alianzas por el bienestar de todos”, dijo Murillo en alusión al pacto que Ortega tuvo con la empresa privada hasta la rebelión social de 2018.
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