WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- El gobierno de
Donald Trump y la
Unión Americana de Libertades Civiles revelaron el jueves planes completamente distintos sobre cómo reunificar a cientos de niños inmigrantes con sus padres deportados desde que fueron separados en la frontera con México.
El gobierno federal le encargó la responsabilidad a la ACLU -siglas en inglés de ese organismo activista-, solicitándole que utilice sus “considerables recursos” para hallar a los padres en sus países de origen, en especial Guatemala, El Salvador y Honduras.
En un documento presentado ante la corte, el Departamento de Justicia indicó que el Departamento de Estado ha iniciado conversaciones con gobiernos extranjeros en materia de cooperación con dichos esfuerzos.
La organización encargada de defender y preservar los derechos individuales de las personas, presentó una demanda a nombre de padres que fueron separados, exhortó al gobierno a dar “pasos significativos y rápidos” para localizar a los padres por sí solo.
“La parte acusadora ha dejado en claro que hará todo lo que pueda para ayudar a localizar a los padres deportados, pero hace énfasis en que a fin de cuentas el gobierno debe llevar la carga de encontrar a los padres”, afirmó la ACLU en un documento.
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“No sólo fueron las prácticas inconstitucionales del gobierno las que generaron la crisis, sino que el gobierno de Estados Unidos tiene muchos más recursos” que el organismo activista.
La decisión sobre cómo recortar las diferencias en las propuestas recae en el juez federal de distrito Dana Sabraw, quien ordenó que más de 2,500 niños sean reunificados con sus familias. Tiene programada una conferencia telefónica este viernes con ambas partes.
Al 26 de julio, un total de 431 niños cuyos padres están fuera del país se encuentran bajo custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos.
La ACLU dijo que se requiere “cierto grado de trabajo detectivesco” para rastrear la información de contacto para los padres deportados, algunos de los cuales podrían estar ocultándose de los fiscales.
El grupo indicó que el gobierno proporcionó los domicilios en los países de origen en las bases de datos de las autoridades migratorias estadounidenses, pero sin información útil para unos 120 padres.
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Otros domicilios tenían una utilidad limitada: por ejemplo, algunos decían “calle sin nombre”, y había seis direcciones vinculadas con un niño hondureño, todas en la ciudad mexicana de San Luis Potosí.
Las propuestas de ambas partes fueron efectuadas una semana después de que venciera un plazo impuesto por la corte para reunificar a más de 2,500 niños que fueron separados de sus familias en la frontera.
El gobierno dijo la semana pasada que había devuelto a más de 1,800 niños a sus padres y a patrocinadores “que cumplían los requisitos” para la reunificación.
Pero señaló que más de 700 adultos no cumplían con los requisitos porque se encuentran en sus países de origen, han sido puestos en libertad por las autoridades de inmigración, tienen antecedentes delictivos, eligieron no ser reunificados o su caso seguía en revisión.
El gobierno federal le encargó la responsabilidad a la ACLU -siglas en inglés de ese organismo activista-, solicitándole que utilice sus “considerables recursos” para hallar a los padres en sus países de origen, en especial Guatemala, El Salvador y Honduras.
En un documento presentado ante la corte, el Departamento de Justicia indicó que el Departamento de Estado ha iniciado conversaciones con gobiernos extranjeros en materia de cooperación con dichos esfuerzos.
La organización encargada de defender y preservar los derechos individuales de las personas, presentó una demanda a nombre de padres que fueron separados, exhortó al gobierno a dar “pasos significativos y rápidos” para localizar a los padres por sí solo.
“La parte acusadora ha dejado en claro que hará todo lo que pueda para ayudar a localizar a los padres deportados, pero hace énfasis en que a fin de cuentas el gobierno debe llevar la carga de encontrar a los padres”, afirmó la ACLU en un documento.
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Al 26 de julio, un total de 431 niños cuyos padres están fuera del país se encuentran bajo custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos.
La ACLU dijo que se requiere “cierto grado de trabajo detectivesco” para rastrear la información de contacto para los padres deportados, algunos de los cuales podrían estar ocultándose de los fiscales.
El grupo indicó que el gobierno proporcionó los domicilios en los países de origen en las bases de datos de las autoridades migratorias estadounidenses, pero sin información útil para unos 120 padres.
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Otros domicilios tenían una utilidad limitada: por ejemplo, algunos decían “calle sin nombre”, y había seis direcciones vinculadas con un niño hondureño, todas en la ciudad mexicana de San Luis Potosí.
Las propuestas de ambas partes fueron efectuadas una semana después de que venciera un plazo impuesto por la corte para reunificar a más de 2,500 niños que fueron separados de sus familias en la frontera.
El gobierno dijo la semana pasada que había devuelto a más de 1,800 niños a sus padres y a patrocinadores “que cumplían los requisitos” para la reunificación.
Pero señaló que más de 700 adultos no cumplían con los requisitos porque se encuentran en sus países de origen, han sido puestos en libertad por las autoridades de inmigración, tienen antecedentes delictivos, eligieron no ser reunificados o su caso seguía en revisión.
