La investigación, que adquirió fuerza esta semana después que un imputado se declaró culpable en una corte federal de Miami, se inscribe en los intentos de fiscales estadounidenses de estrechar el cerco alrededor de Maduro, que se ha librado de acusaciones de corrupción que han resultado en cargos contra altos funcionarios venezolanos.
En documentos presentados el miércoles ante una corte, un empleado bancario llamado Matthias Krull admitió haberse puesto de acuerdo con hombres identificados solo como “ Los Chamos” _“los muchachos” en caló venezolano_ para lavar 200 millones de dólares, que formarían parte de los recursos robados a PDVSA.
Los Chamos son en realidad Yoswal, Yosser y Walter Flores, hijos de la primera dama Cilia Flores de una relación previa e hijastros de Maduro, según los dos estadounidenses que hicieron declaraciones del caso a la AP. Hablaron a condición de mantener el anonimato por lo delicado de las acusaciones.
En una denuncia penal hecha pública el mes pasado y como parte de la declaración de hechos presentada ante la corte con el acuerdo que Krull negoció con la fiscalía de declararse culpable, los fiscales y Krull se refieren a ellos como los “hijastros” del “Funcionario Venezolano 2”, que ambos estadounidenses afirman es Maduro.
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Maduro, su esposa y los hijos de ella no aparecen por su nombre en la denuncia. Sin embargo, ambas fuentes dijeron que los fiscales buscan cualquier vínculo entre el presidente y su esposa y lo que creen es una red que ha desviado centenares de millones de dólares de la riqueza petrolera de Venezuela hacia un inmueble de lujo en el sur de Florida, mientras el país sudamericano registra hiperinflación y escasez generalizada.
Varios de esos bienes ya son objeto de posible confiscación, así como unos 45 millones de dólares que están en cuentas del City National Bank de Nueva Jersey y en las Bahamas, Gran Bretaña y Suiza.
El ministro para la Comunicación, Jorge Rodríguez, uno de los colaboradores más cercanos de Maduro, no respondió a reiterados mensajes de la AP para que hiciera declaraciones sobre el asunto.
Tampoco hay disponible información para contactar a los hijastros de Maduro y por ello no se pudo conocer su postura.
En sus largas presentaciones diarias en la televisión estatal, Maduro ha tratado de proyectar una imagen de hombre común al que motiva más la ideología que el beneficio personal. Pero esa reputación comenzó a cambiar cuando, en 2016, dos de los sobrinos de su esposa fueron declarados culpables en Nueva York de asociación delictuosa para contrabandear cocaína, lo que expuso por primera vez ante los investigadores estadounidenses la vida poco conocida de su familia.
La corrupción es generalizada en Venezuela, y los fiscales estadounidenses han descubierto fraudes y sobornos por miles de millones de dólares relacionados con PDVSA.
La investigación de Miami _el mayor caso de lavado de dinero que haya sido presentado contra funcionarios venezolanos y sus cómplices_ coincide con las crecientes exigencias de que Maduro renuncie y se da tras el supuesto atentado con drones cargados con explosivos que el gobernante afirma fue un intento de Estados Unidos y sus oponentes de asesinarlo.
Un investigador del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos dijo en la declaración jurada del mes pasado que los conspiradores organizaron un plan de préstamos falsos con la compañía petrolera para malversar aproximadamente 1.200 millones de dólares en un momento en que los niveles de producción de crudo van en picada.
En el centro de ese plan, alegan los fiscales, estaba Krull, un ciudadano alemán con raíces en Venezuela. Fue arrestado en julio en el aeropuerto de Miami por una demanda penal en la que es indiciado junto con otras siete personas y nueve conspiradores más de los que no se divulgó su nombre, algunos de los cuales son exfuncionarios de PDVSA.
Posteriormente Krull accedió a cooperar con los fiscales y fue acusado de conspiración para lavar dinero, cargo por el que podría ser condenado a hasta 10 años de cárcel.
Según registros de la corte, los fiscales arrestaron a Krull basándose en información de una fuente confidencial que los contactó en 2014 y les ofreció entregar su parte del plan para lavar dinero. Durante los siguientes dos años, el individuo anónimo grabó en secreto unas 100 conversaciones con varios conspiradores, incluido Krull, que hasta junio trabajaba en Panamá para el banco privado Julius Baer, cuya matriz está en Zúrich.
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La demanda penal dice que Krull es un banquero de “alto nivel” que administraba las riquezas de varios funcionarios venezolanos y “cleptócratas”. También se afirma que es el “banquero personal” del “Conspirador 7”, del que se dice es el propietario de una cadena televisiva venezolana y miembro multimillonario de los así llamados “boliburgueses” que hicieron fortunas durante la Revolución Bolivariana iniciada por el fallecido mandatario Hugo Chávez.
Las dos personas al tanto del caso dijeron que el Conspirador 7 es Raúl Gorrín, que se convirtió en presidente de Globovisión poco después de que él y otros adquirieron la popular cadena en 2013 y suavizaron su cobertura noticiosa antigubernamental. El abogado de Gorrín en Miami no respondió un correo electrónico y tampoco fue posible contactarlo en Globovisión.
En su acuerdo con las autoridades firmado el miércoles, Krull dijo que el Conspirador 7 le pidió en 2016 que lo ayudara a lavar 600 millones de dólares de transacciones fraudulentas con PDVSA.
Posteriormente le pidió una “solución urgente” para mover otros 200 millones de dólares depositados en un banco europeo a nombre de otros individuos cuya identidad no fue revelada. Krull dijo que se unió a la conspiración tras ser presentado directamente a Los Chamos en las oficinas del Conspirador 7.
Krull indicó en el acuerdo que se le explicó la forma en que Los Chamos “ayudaron al Conspirador 7 a solucionar problemas con el Funcionario Venezolano 2 al intervenir con su madre, esposa del Funcionario Venezolano 2”.
El abogado de Krull no quiso comentar. Los fiscales en Miami no devolvieron una llamada telefónica solicitándoles sus comentarios. Julius Baer, que no es nombrado en la demanda estadounidense, dijo que coopera totalmente con las autoridades, pero que no puede comentar sobre sus relaciones con posibles clientes.
Los fiscales dijeron que los fondos malversados involucrados en el acuerdo de Krull con la fiscalía fueron generados por un préstamo en 2014 que la petrolera obtuvo en bolívares de una compañía venezolana ficticia. Dos meses después, dicen, PDVSA pagó el préstamo a una empresa fantasma de Hong Kong llamada Eaton Global _que había adquirido el préstamo_, a un tipo de cambio oficial bastante por encima de la tasa utilizada en el mercado negro por la mayoría de los venezolanos cuando compran divisas extranjeras.
Los fiscales dicen que eso le permitió a Eaton, que alegan era controlada por los conspiradores, cobrar unos 511 millones de euros a PDVSA, casi 15 veces el monto original del préstamo, según el acuerdo de Krull y hojas de trabajo obtenidas por los investigadores.
Uno de los sobrinos de la primera dama era vicepresidente de finanzas de PDVSA en la época en que el préstamo fue pagado a Eaton.
Las edades de los tres hijos de Cilia Flores oscilan entre los 28 y los 39 años. Dos de ellos, Yoswal y Yosser, se han mantenido fuera de los reflectores y nunca han ocupado un puesto público. El mayor, Walter, fue nombrado por Maduro en 2014 para que encabezara una fundación de programas de asistencia a los pobres financiada por el gobierno. Fue reemplazado 18 meses después.
Maduro conoció a Flores en la década de 1990 cuando era una abogada que ayudaba a Chávez a salir de la cárcel por encabezar un intento fallido de golpe de Estado. Tras una relación de dos décadas, se casaron poco después de que Maduro fuera elegido en 2013.
