LUMPKIN, Georgia, EE.UU.- En una sala cerrada del tribunal, dentro de un complejo rodeado por alambre de espino, el juez de inmigración
Jerome Rothschild espera, y deja pasar el tiempo.
El intérprete de español llega tarde porque ha pinchado una rueda. Rothschild dice a los cinco inmigrantes que tiene delante que se tomará un descanso antes de que comiencen las sesiones. Confía en demorar el proceso lo suficiente como para que esas personas no tengan que quedarse sentadas sin comprender lo que ocurre mientras se decide su futuro.
“Estamos, lo que no es inusual, sin intérprete”, dice Rothschild a un abogado que entra en la sala del Centro de Detención Stewart tras manejar desde Atlanta, a 225 kilómetros (140 millas) de distancia.
En su desorden, este es un día típico en el caótico, sobrepasado y confuso sistema judicial de inmigración de Estados Unidos, del que la sala de Rothschild es solo un pequeño rincón.
Envueltas en secretismo, las cortes migratorias que gestiona el Departamento de Justicia de Estados Unidos son disfuncionales desde hace años, y solo han empeorado. Un repunte en la llegada de solicitantes de asilo y la campaña del gobierno de Donald Trump sobre la frontera suroeste y la inmigración ilegal han dejado más gente en proceso de deportación, disparando a un millón el número de casos acumulados.
“Es un sistema enorme, engorroso, y sin embargo un gobierno tras otro llega e intenta utilizar el sistema para sus propios objetivos”, dijo la juez de inmigración Amiena Khan en la ciudad de Nueva York, hablando como vicepresidenta de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración.
“Y cada vez, el sistema no cambia ni un ápice, porque no se puede hacer virar el Titanic”, añadió.
The Associated Press visitó cortes de inmigración en 11 ciudades diferentes más de dos docenas de veces durante un periodo de 10 días a finales del otoño. En tribunales de Boston a San Diego, los reporteros asistieron a docenas de vistas que mostraban cómo una carga de trabajo abrumadora y los cambios de normativa han sumido los tribunales en una situación sin precedentes.
Por ejemplo, algunos jueces intentan hacer el ritmo de trabajo más eficiente programando el doble o el triple de citas. Como no es posible completarlas, se producen muchas cancelaciones. Los inmigrantes reciben nuevas citas, con años de diferencia.
Hay niños pequeños por todas partes, sentados en el suelo, de pie o llorando en salas judiciales abarrotadas. Muchos inmigrantes no saben cómo rellenar los formularios, conseguir traducciones de sus documentos o presentar su casa.
Los cambios frecuentes en la ley y las normas sobre cómo gestionan los jueces sus salas hacen imposible saber lo que deparará el futuro cuando los inmigrantes consigan su día ante el tribunal. A menudo, los documentos se pierden. Con frecuencia, no hay intérpretes.
En Georgia, el intérprete asignado a la sala de Rothschild termina llegando, pero la vista se interrumpe poco después cuando no se localiza a la abogada de un hombre mexicano, que debía intervenir por teléfono. Dejan a Rothschild en espera, y la animada música de espera suena en la sala.
El juez pasa a otros casos -un solicitante de asilo peruano, un cubano que pide una fianza- y aplaza el caso de la abogada desaparecida a la sesión de la tarde.
Para entonces la abogada sí responde, y se disculpa entre toses por no estar disponible antes, explicando que está enferma.
Ahora el intérprete está en otra sala, lo que deja a Rothschild en lo que el juez describe como la “incómoda posición” de juzgar el caso de alguien que no entiende lo que ocurre.
“Odio que un hombre salga de una vista sin tener ni idea de lo que ha pasado”, dice, y pide a la abogada que resuma el resultado del proceso a su cliente en español.
Tras algo de discusión, la abogada accede a retirar la petición de fianza y volver a presentarla cuando pueda demostrar que el hombre lleva más tiempo en el país de lo que cree el gobierno, lo que podría aumentar sus opciones.
Por ahora, el hombre vuelve a detención.
En un edificio federal en el centro de Manhattan, la lista de citas ante los tribunales de inmigración abarca dos páginas. Una multitud espera en los pasillos a su turno para ver un juez, hablando en susurros entre ellos y con sus abogados, pegándose a la pared para dejar pasar a la gente.
Los guardias de seguridad pasan y les ordenan quedarse a un lado y dejar despejados los pasillos.
Los jueces de inmigración instruyen 30, 50 o cerca de 90 casos al día. Cuando asignan fechas futuras, se pide a los inmigrantes que vuelvan en febrero o marzo... de 2023.
La mayor acumulación de casos del país está en la Ciudad de Nueva York, donde se reparte en tres edificios diferentes. Uno de cada 10 casos judiciales de inmigración se dirime allí, según el directorio de información sobre administraciones públicas (TRAC, por sus siglas en inglés) que mantiene la Universidad de Siracusa.
De media, los casos migratorios que llegan a la vista judicial llevan casi dos años en proceso. Muchos inmigrantes llevan esperando mucho más, especialmente los que no están en centros de detención.
Como hay tantos casos, a menudo hay citas dobles y triples, lo que puede convertir la cita en un arriesgado juego de sillas musicales donde ser el que se queda sin sitio puede tener graves consecuencias.
Rubelio Sagastume-Cardona lleva dos años esperando a que un juez de Nueva York determine si debe recibir una “green card”, una tarjeta de residencia permanente.
El guatemalteco tenía una cita en mayo, pero se vio demorado para dejar hueco a otro caso. Esta vez compite por el espacio en la agenda de la juez Khan con el caso de otra persona, a pesar de que Sagastume-Cardona solo consiguió esta cita porque su abogado le cambió el hueco con otro cliente. Ahora debe esperar a 2023 para tener una vista.
“Está siendo más difícil conseguir una vista para el caso de mi cliente que litigarlo”, dice su abogado, W. Paul Alvarez. “Es una locura”.
Las largas esperas son agónicas para muchos inmigrantes y sus familias, angustiadas con la incertidumbre de qué -y cuándo- les ocurrirá a sus seres queridos.
Este problema no se limita a Nueva York. En muchos tribunales se repiten estas escenas, donde inmigrantes y abogados luchan por los espacios en agendas sobrecargadas.
Los tribunales de San Francisco y Los Ángeles tienen más de 60.000 casos cada uno. De Arlington, Virginia, a Omaha, Nebraska, hay casos que llevan pendientes una media de dos años, según TRAC.
En Boston, Audencio López, de 39 años, pidió asilo hace siete años. En 1997, cuando era adolescente, se marchó de su pueblo campesino en Guatemala para cruzar la frontera de manera ilegal y pronto encontró empleo en una firma de jardinería donde aún trabaja, manteniendo los jardines de escuelas de la zona. Pero no fue hasta el pasado noviembre cuando entró en la imponente corte de Boston para conocer qué sería de él.
Le acompañan su esposa y sus tres hijos, incluida una beba que mordisquea cereales sentada en el regazo de su madre hasta que llega la cita.
López le habla al juez de su devoción cristiana y sus estudios de la Biblia, de que sus hijos estudian en una escuela concertada y sueñan con ir a la universidad, de su miedo a tener que llevar a sus hijos a un lugar peligroso en el que nunca han estado.
Él confía en poder quedarse en el país amparándose en una cláusula para inmigrantes que llevan más de una década en el país y tienen hijos estadounidenses que sufrirían si ellos no están.
Tras una hora de interrogatorios, el juez Lincoln Jalelian dice a López que el caso pasará a deliberaciones. La abogada del gobierno dice que no se opondrá a conceder una visa a López dado su historial “ejemplar” y sus servicios a la comunidad, lo que implica que probablemente podrá quedarse.
Pero mientras sueña con un futuro para su familia en Estados Unidos, López admite que la esperanza y la alegría se ven ensombrecidas por la incertidumbre, porque la situación de su esposa aún no está resuelta. Ella pidió asilo hace cinco años y aún no ha tenido su vista de inmigración.
“Es un buen primer paso”, dice López una semana después. Da gracias a Dios, pero añade “esperemos que pueda mostrarnos otro milagro”.
El intérprete de español llega tarde porque ha pinchado una rueda. Rothschild dice a los cinco inmigrantes que tiene delante que se tomará un descanso antes de que comiencen las sesiones. Confía en demorar el proceso lo suficiente como para que esas personas no tengan que quedarse sentadas sin comprender lo que ocurre mientras se decide su futuro.
“Estamos, lo que no es inusual, sin intérprete”, dice Rothschild a un abogado que entra en la sala del Centro de Detención Stewart tras manejar desde Atlanta, a 225 kilómetros (140 millas) de distancia.
En su desorden, este es un día típico en el caótico, sobrepasado y confuso sistema judicial de inmigración de Estados Unidos, del que la sala de Rothschild es solo un pequeño rincón.
Envueltas en secretismo, las cortes migratorias que gestiona el Departamento de Justicia de Estados Unidos son disfuncionales desde hace años, y solo han empeorado. Un repunte en la llegada de solicitantes de asilo y la campaña del gobierno de Donald Trump sobre la frontera suroeste y la inmigración ilegal han dejado más gente en proceso de deportación, disparando a un millón el número de casos acumulados.
“Es un sistema enorme, engorroso, y sin embargo un gobierno tras otro llega e intenta utilizar el sistema para sus propios objetivos”, dijo la juez de inmigración Amiena Khan en la ciudad de Nueva York, hablando como vicepresidenta de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración.
“Y cada vez, el sistema no cambia ni un ápice, porque no se puede hacer virar el Titanic”, añadió.
The Associated Press visitó cortes de inmigración en 11 ciudades diferentes más de dos docenas de veces durante un periodo de 10 días a finales del otoño. En tribunales de Boston a San Diego, los reporteros asistieron a docenas de vistas que mostraban cómo una carga de trabajo abrumadora y los cambios de normativa han sumido los tribunales en una situación sin precedentes.
Por ejemplo, algunos jueces intentan hacer el ritmo de trabajo más eficiente programando el doble o el triple de citas. Como no es posible completarlas, se producen muchas cancelaciones. Los inmigrantes reciben nuevas citas, con años de diferencia.
Hay niños pequeños por todas partes, sentados en el suelo, de pie o llorando en salas judiciales abarrotadas. Muchos inmigrantes no saben cómo rellenar los formularios, conseguir traducciones de sus documentos o presentar su casa.
Los cambios frecuentes en la ley y las normas sobre cómo gestionan los jueces sus salas hacen imposible saber lo que deparará el futuro cuando los inmigrantes consigan su día ante el tribunal. A menudo, los documentos se pierden. Con frecuencia, no hay intérpretes.
En Georgia, el intérprete asignado a la sala de Rothschild termina llegando, pero la vista se interrumpe poco después cuando no se localiza a la abogada de un hombre mexicano, que debía intervenir por teléfono. Dejan a Rothschild en espera, y la animada música de espera suena en la sala.
El juez pasa a otros casos -un solicitante de asilo peruano, un cubano que pide una fianza- y aplaza el caso de la abogada desaparecida a la sesión de la tarde.
Para entonces la abogada sí responde, y se disculpa entre toses por no estar disponible antes, explicando que está enferma.
Ahora el intérprete está en otra sala, lo que deja a Rothschild en lo que el juez describe como la “incómoda posición” de juzgar el caso de alguien que no entiende lo que ocurre.
“Odio que un hombre salga de una vista sin tener ni idea de lo que ha pasado”, dice, y pide a la abogada que resuma el resultado del proceso a su cliente en español.
Tras algo de discusión, la abogada accede a retirar la petición de fianza y volver a presentarla cuando pueda demostrar que el hombre lleva más tiempo en el país de lo que cree el gobierno, lo que podría aumentar sus opciones.
Por ahora, el hombre vuelve a detención.
En un edificio federal en el centro de Manhattan, la lista de citas ante los tribunales de inmigración abarca dos páginas. Una multitud espera en los pasillos a su turno para ver un juez, hablando en susurros entre ellos y con sus abogados, pegándose a la pared para dejar pasar a la gente.
Los guardias de seguridad pasan y les ordenan quedarse a un lado y dejar despejados los pasillos.
Los jueces de inmigración instruyen 30, 50 o cerca de 90 casos al día. Cuando asignan fechas futuras, se pide a los inmigrantes que vuelvan en febrero o marzo... de 2023.
La mayor acumulación de casos del país está en la Ciudad de Nueva York, donde se reparte en tres edificios diferentes. Uno de cada 10 casos judiciales de inmigración se dirime allí, según el directorio de información sobre administraciones públicas (TRAC, por sus siglas en inglés) que mantiene la Universidad de Siracusa.
De media, los casos migratorios que llegan a la vista judicial llevan casi dos años en proceso. Muchos inmigrantes llevan esperando mucho más, especialmente los que no están en centros de detención.
Como hay tantos casos, a menudo hay citas dobles y triples, lo que puede convertir la cita en un arriesgado juego de sillas musicales donde ser el que se queda sin sitio puede tener graves consecuencias.
Rubelio Sagastume-Cardona lleva dos años esperando a que un juez de Nueva York determine si debe recibir una “green card”, una tarjeta de residencia permanente.
El guatemalteco tenía una cita en mayo, pero se vio demorado para dejar hueco a otro caso. Esta vez compite por el espacio en la agenda de la juez Khan con el caso de otra persona, a pesar de que Sagastume-Cardona solo consiguió esta cita porque su abogado le cambió el hueco con otro cliente. Ahora debe esperar a 2023 para tener una vista.
“Está siendo más difícil conseguir una vista para el caso de mi cliente que litigarlo”, dice su abogado, W. Paul Alvarez. “Es una locura”.
Las largas esperas son agónicas para muchos inmigrantes y sus familias, angustiadas con la incertidumbre de qué -y cuándo- les ocurrirá a sus seres queridos.
Este problema no se limita a Nueva York. En muchos tribunales se repiten estas escenas, donde inmigrantes y abogados luchan por los espacios en agendas sobrecargadas.
Los tribunales de San Francisco y Los Ángeles tienen más de 60.000 casos cada uno. De Arlington, Virginia, a Omaha, Nebraska, hay casos que llevan pendientes una media de dos años, según TRAC.
En Boston, Audencio López, de 39 años, pidió asilo hace siete años. En 1997, cuando era adolescente, se marchó de su pueblo campesino en Guatemala para cruzar la frontera de manera ilegal y pronto encontró empleo en una firma de jardinería donde aún trabaja, manteniendo los jardines de escuelas de la zona. Pero no fue hasta el pasado noviembre cuando entró en la imponente corte de Boston para conocer qué sería de él.
Le acompañan su esposa y sus tres hijos, incluida una beba que mordisquea cereales sentada en el regazo de su madre hasta que llega la cita.
López le habla al juez de su devoción cristiana y sus estudios de la Biblia, de que sus hijos estudian en una escuela concertada y sueñan con ir a la universidad, de su miedo a tener que llevar a sus hijos a un lugar peligroso en el que nunca han estado.
Él confía en poder quedarse en el país amparándose en una cláusula para inmigrantes que llevan más de una década en el país y tienen hijos estadounidenses que sufrirían si ellos no están.
Tras una hora de interrogatorios, el juez Lincoln Jalelian dice a López que el caso pasará a deliberaciones. La abogada del gobierno dice que no se opondrá a conceder una visa a López dado su historial “ejemplar” y sus servicios a la comunidad, lo que implica que probablemente podrá quedarse.
Pero mientras sueña con un futuro para su familia en Estados Unidos, López admite que la esperanza y la alegría se ven ensombrecidas por la incertidumbre, porque la situación de su esposa aún no está resuelta. Ella pidió asilo hace cinco años y aún no ha tenido su vista de inmigración.
“Es un buen primer paso”, dice López una semana después. Da gracias a Dios, pero añade “esperemos que pueda mostrarnos otro milagro”.
