El expolicía Oscar Pérez, que se rebeló a mediados del año pasado contra el gobierno de Venezuela, murió en el enfrentamiento con las fuerzas de seguridad en el oeste de la capital en la víspera, anunció el martes el ministro de Relaciones Interiores.
En un mensaje divulgado en la televisión estatal, el mayor general de la Guardia Nacional, Néstor Reverol, dijo que dos policías y siete miembros del grupo rebelde, entre ellos una mujer, perecieron durante la operación de desmantelamiento de la organización que calificó como “célula terrorista”.
Reverol dijo que seis personas, que fueron identificadas como miembros, colaboradores y financistas del grupo, fueron detenidas y a uno de ellos se le decomisaron dos fusiles que formaban parte de un lote de armas que fue robado el mes pasado a un comando de la Guardia Nacional, uniformes militares, municiones y granadas de humo.
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El ministro presentó las fotografías de Pérez de 36 años y otras personas que murieron en el enfrentamiento con las fuerzas de seguridad en una operación especial en la barriada pobre de El Junquito, al oeste de Caracas, en la que participaron varias decenas de policías y militares.
Los policías fallecidos respondían a los nombres de Andriun Ugarte de 32 años y Nelson Chirinos de 29, mientras que los rebeldes muertos fueron identificados como Daniel Soto, 30; Abraham Lugo, 30; Abraham Agostini, 33; Jairo Lugo, y una mujer de 26 años que aún no ha sido reconocida por las autozidades.
Reverol expresó que las autoridades lograron ubicar a los miembros del grupo en El Junquito gracias al análisis de evidencias, una entrevista reciente que ofreció un miembro del grupo a un medio internacional y la información que aportaron “algunos dirigentes políticos” que están participando en el proceso de diálogo con el gobierno, pero no ofreció detalles.
La coalición de la Mesa de la Unidad Democrática rechazó los comentarios del ministro en los que implicó a dirigentes políticos en el caso y señaló al alto funcionario de tratar de afectar los diálogos. El delegado opositor, diputado Enrique Márquez, dijo a la prensa que denunciará a Reverol ante los facilitadores internacionales del proceso.
Al explicar las razones que llevaron a los policías y militares a enfrentarse a los rebeldes, el ministro dijo que pese a todos los intentos para lograr una redición pacífica y negociada el “grupo terrorista fuertemente armado inició de manera artera, mal intencionada, un enfrentamiento con los organismos de seguridad”.
“Ante una agresión que pone en riesgo la vida e integridad de los funcionarios se procedió con los protocolos definidos para neutralizar al grupo agresor”, agregó.
Pérez, quien se dio a conocer tras atacar en junio pasado desde un helicóptero dos sedes de organismos públicos, difundió el lunes en su cuenta de Twitter un video en el que se observaba con el rostro lleno de sangre y un fusil a su lado.
El expolicía aseguró que las fuerzas de seguridad lo mantenían cercado en el lugar donde estaba escondido junto otras personas y que le estaban disparando.
'Nos vamos a entregar', gritó Pérez mientras se escuchan al fondo algunas detonaciones de armas de fuego. 'No quieren dejar que nos entreguen, nos quieren asesinar', agregó.
En las redes sociales se difundieron algunos vídeos del momento en el que unos supuestos funcionarios dispararon a distancia un lanza granada antitanque contra una vivienda donde se presumía estaba Pérez con los miembros de su grupo. El uso de lanza granada fue confirmado por Pérez en uno de los vídeos que difundió antes de morir.
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La mayoría opositora de la Asamblea Nacional aprobó más temprano el martes la creación de una comisión especial para que investigue los hechos.
La diputada opositora y presidenta de la comisión especial, Delsa Solorzano, exigió a las autoridades la entrega de los cuerpos de los rebeldes fallecidos a sus familiares y que no sean cremados. “Deben preservarse los cuerpos para garantizar resultados transparentes de la investigación”, dijo Solorzano en su cuenta de Twitter.
La organización Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos (Provea) exigió en un comunicado al gobierno informar de manera precisa sobre los hechos ocurridos en El Junquito. A los cuestionamientos también se sumó el partido opositor Primero Justicia que criticó la ausencia del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo en la operación.
El exactor de una película policial atacó el 27 de junio las sedes capitalinas del Ministerio de Relaciones Interiores y del Tribunal Supremo de Justicia desde un helicóptero de la policía judicial que había robado de una base aérea militar de Caracas. En esa oportunidad el expolicía destacó que sus acciones fueron cuidadosamente planeadas para no ocasionar víctimas.
