Funes —que gobernó El Salvador de 2009 a 2014, en el primer gobierno del exguerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN)— será procesado por los delitos de agrupaciones ilícitas e incumplimiento de deberes con respecto a la tregua con las pandillas.
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Esta es la sexta orden de captura judicial contra el exmandatario, quien se encuentra en Nicaragua y en septiembre de 2016 recibió asilo político del gobierno del presidente Daniel Ortega mientras se desarrollaba un juicio civil en su contra por enriquecimiento ilícito y cuando aún no se había emitido la orden de que fuese capturado.
El Fiscal General salvadoreño, Raúl Melara, informó que se enviará a la Policía Nacional Civil la nueva orden judicial de captura para que se pueda tramitar una circular roja con la Oficina Central Nacional de Interpol para El Salvador.
El exmandatario, que sigue muy de cerca todo lo que ocurre en el país, reaccionó casi de inmediato y dijo en tuit que: “Da vergüenza las incriminaciones de Raúl Melara. Para cometer el delito de agrupaciones ilícitas debí haberme asociado con dos o más personas para delinquir. Yo no me reuní con nadie para planificar la tregua entre pandillas. De hecho no soy su autor y tampoco la ordené”.
Funes, que ha dicho ya en varias oportunidades que no lo pueden tocar porque las leyes de Nicaragua lo protegen, agregó: “Además, que sentido tiene una orden de captura que no se puede ejecutar. Ya Interpol dijo que la difusión roja no procede en mi caso por gozar de asilo. Y como ciudadano nicaragüense no soy extraditable. No cabe duda que esto no pasa de ser un show mal montado”.
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En el proceso penal por supuestas negociaciones con las pandillas, también está siendo procesado, aunque con arresto domiciliar, el exministro de Defensa y exministro de Justicia y Seguridad Pública, general David Munguía Payés.
La Fiscalía asegura que Munguía Payes fue quien montó y estructuró la tregua y que Funes se enteró de que en ese proceso hubo violación a las leyes, pero no hizo nada para detenerlo y, por el contrario, lo avaló.
En 2012, los líderes de las pandillas Mara Salvatrucha MS13 y Barrio 18 hicieron un pacto para disminuir la cifra de muertes por violencia, porque en esa época se registraban al menos 14 fallecimientos al día. Para facilitar el acuerdo y ayudar a que los cabecillas de las pandillas pudieran comunicarse con sus estructuras en las calles, las autoridades tomaron una decisión polémica: los sacaron del penal de máxima seguridad conocido como Zacatraz y los enviaron a otras cárceles de mediana seguridad, en las que se asegura que gozaron de todas las facilidades para seguir operando.
Cuando Munguía Payés fue citado ante un juzgado para rendir testimonio como testigo en el juicio contra varios imputados acusados de participar en el proceso de la tregua, dijo que se trató de una política pública que nació en el seno del gabinete de seguridad de Funes.
“El proceso de pacificación era una política pública de gobierno y mi rol era facilitar el trabajo de los mediadores y recibir los informes de parte de los mediadores y de los miembros de la OEA, y mantener informado al señor presidente de la República de los avances del proceso”, dijo el militar.
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Con la tregua los homicidios se redujeron hasta cinco por día, pero las cifras volvieron a elevarse cuando ésta se rompió en septiembre de 2013 tras la remoción de Munguía Payés por orden de la Corte Suprema y luego de que las nuevas autoridades les retiraran una serie de beneficios a los pandilleros presos.
