SAN SALVADOR, EL SALVADOR: Hace un mes que los primos Juan y José están en prisión, acusados de colaborar con las pandillas a las que el gobierno de Nayib Bukele les declaró la guerra en El Salvador. Pero la familia dice que hay un error.
Ambos son músicos de batucada. Juan Erazo, de 24 años, además estudia en la universidad. José Orellana, de 22, es ayudante de carpintero. Viven en Mejicanos, en un barrio dominado por pandillas en el norte de San Salvador.
La noche del 5 de junio, la policía llegó a la casa de Juan. Su esposa Ana Gabriela Arita, de 20 años, dice que le pidieron cortésmente que los acompañe a la delegación policial para “averiguaciones”. No volvió más.
Igual ocurrió con José, que vive a pocos metros de su primo. “Son inocentes”, asegura, mientras muestra en su celular una foto de su esposo Juan.
En respuesta a una escalada de 87 asesinatos cometidos entre el 25 y 27 de marzo, el Congreso acogió un pedido de Bukele para decretar un régimen de excepción, que se ha extendido al menos hasta fines de julio, y ha permitido detener sin orden judicial a más de 43,000 presuntos pandilleros.
La mayoría de ellos relacionados con la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18, que por décadas han sembrado terror en el país.
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La medida cuenta con más del 90% de respaldo ciudadano, según recientes encuestas.
Comerciantes celebran que con la mano dura del gobierno han disminuido las extorsiones que realizan estas agrupaciones delictivas, y ciudadanos dicen caminar más seguros por la calle.
Pero organizaciones como Amnistía Internacional y la ONG Human Rights Watch han cuestionado los procedimientos y llamado a Bukele a respetar los derechos humanos.
En tanto, el gobierno de Estados Unidos mostró su preocupación por detenciones “arbitrarias” y “muertes de detenidos”.
- Acusación anónima -
Ana Gabriela cuenta que las detenciones ocurrieron producto “de una denuncia anónima, totalmente difamatoria”.
“No hay por dónde decir que él [Juan] era delincuente, si lo único a lo que se dedicaba era a estudiar y trabajar”, dice en tono triste la joven, que también estudia con su pareja en la Universidad de El Salvador.
Juan dirige desde hace cinco años un grupo musical de batucada llamado “Rusamba” compuesto por más de una treintena de personas, entre ellas su esposa y su primo José.
Viven de los cobros de las presentaciones.
“Ha sido un infierno”, remarca Ana Gabriela, que dijo saber “poco” de la condición de su esposo y su primo, ambos recluidos en el centro penal de Izalco, 60 km al suroeste de San Salvador.
En medio de la ola de detenciones, entre marzo y junio 456 personas detenidas durante el régimen de excepción fueron puestas en libertad al no encontrar méritos para continuar en prisión, según la Fiscalía.
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“Nuestra esperanza es que se haga pronta justicia (...), no le tenemos miedo a la investigación porque sabemos el tipo de personas que ellos dos son”, sostiene.
Un abogado defensor público asignado únicamente ha dicho a la familia que, por el momento, seguirán presos.
Pero la familia dice que seguirá en la lucha por liberarlos.
- Una guerra a largo plazo -
“Ha cambiado bastante la situación en el país, uno se siente más seguro, se siente un poco más tranquilo en las calles, ya no hay gente que lo baje a uno de los buses o que le bajen [le roben] el dinero”, señala en referencia a los pandilleros Rafael Sandoval, un comerciante informal de San Salvador de 52 años.
Alonso Arreola, de 54 años y también comerciante en la capital, asegura que “ahora” ya puede “circular” por distintas colonias sin problemas.
Bukele, quien informa con orgullo la disminución de la actividad delictiva tras su plan, prometió “arreciar la guerra” contra las pandillas, luego del reciente asesinato de tres policías.
Los operativos de búsqueda de pandilleros se mantienen por parte de la policía con ayuda del ejército, mientras avanza la construcción de una megacárcel para encerrar a 20,000 pandilleros.
“Es un momento clave, la policía como la Fuerza Armada tienen la capacidad de derrotar a las pandillas y el régimen de excepción lo facilita”, señala el criminólogo Misael Rivas.
“Es vital mantener el control en territorio y no dejar que el fenómeno vuelva a ser como una epidemia”, agrega el experto.
Sin embargo, para Zaira Navas, jefa de la unidad de Estado de Derecho y Seguridad de la ONG Cristosal, “el régimen de excepción ha sido la excusa que el gobierno usa para violar derechos humanos de muchos de los detenidos”.
Según un recuento de Cristosal y otras organizaciones de la sociedad civil, al menos 52 personas detenidas durante el régimen de excepción han fallecido en penales en circunstancias no esclarecidas.
