Es un ritual anual del condado de Fairfax, que tiene una de las comunidades más acaudaladas y mejor educadas del país: Cientos de niños de segundo grado visitan a psicólogos privados para que les hagan evaluaciones de su coeficiente intelectual en un esfuerzo por demostrar que son dignos de los programas académicos avanzados que ofrecen las escuelas públicas.
La competencia es feroz. La aceptación en esos programas, según muchos padres, puede ser vital para que más adelante sean admitidos en la prestigiosa secundaria Thomas Jefferson High School for Science and Technology, cuyos alumnos tendrán acceso a las mejores universidades.
“No me seleccionaron”, dice Aaron Moorer, un afroamericano que se graduó de la Mount Vernon High con un alto promedio de 3,8 sobre un máximo de 4. “No pude acceder a esa clase especial”.
La familia de Moorer no sabía que cientos de familias presentan apelaciones todos los años y hacen tomar a sus hijos exámenes privados que cuestan 500 dólares para tratar de convencer al personal de admisión de que son dignos del programa. Este sistema agrava un viejo problema de los programas para los niños más avanzados: Los estudiantes hispanos y negros casi nunca presentan apelaciones que podrían hacer que sean admitidos.
La Associated Press consiguió registros del condado de los últimos diez años haciendo uso de la ley de libertad de información de Virginia y comprobó que menos de 50 negros e hispanos de segundo grado presentaron apelaciones exitosas. Eso es menos del 3% de los 1.737 alumnos admitidos a través del proceso de apelación, lo que inclina más todavía la balanza de un programa que ya de por sí beneficia más a los blancos y los asiáticos.
El condado de Fairfax tiene el décimo sistema de escuelas públicas más grande del país, con más de 188.000 alumnos.
El 25% son hispanos y el 10% afroamericanos. Pero en los últimos diez años los negros y los hispanos representaron solo el 12% de los estudiantes considerados candidatos al Nivel IV, que es el programa académico más avanzado.
Lo más notable es que cuando negros e hispanos presentan pruebas de inteligencia, tienen las mismas posibilidades de ser admitidos que los blancos y los asiáticos. El problema es que hispanos y negros muy rara vez presentan apelaciones.
Francisco Durán, el funcionario encargado de garantizar la igualdad de oportunidades en el sistema escolar del condado, negó que haga disparidades en el proceso de apelación y destacó que muchos negros e hispanos son admitidos a partir de las recomendaciones de profesores y de otros caminos. Pero admitió que el sistema todavía tiene que hacer mucho para garantizar que identifica tempranamente a los alumnos que tienen potencial para ser admitidos en programas académicos avanzados.
“Lo ideal sería que el sistema de apelaciones no fuese necesario”, sostuvo.
Moorer cree que hubiera podido ser admitido en clases para alumnos avanzados de habérsele dado la oportunidad.
“Al no ser incluido en el programa me quedé sin motivación. Sacaba puros A (la nota más alta), pero me aburría en las clases. Me daba una cierta envidia saber que muchos de mis amigos asistían a clases más avanzadas”, manifestó Moorer, quien cursa estudios hoy en el Hampden-Sydney College.
También fue aceptado por la James Madison University, pero quedó en una lista de espera en Virginia Tech fue rechazado por la Universidad de Carolina del Norte.
Para los estudiantes talentosos, hay mucho en juego: Los chicos de Nivel IV pueden ser asignados a las escuelas con mayor concentración de niños inteligentes, lo que les ofrece un ambiente académico que estimula el aprendizaje.
La cultura de las apelaciones está tan arraigada en Fairfax que la vecina Universidad George Mason tiene estudiantes de posgrado de psicología que se foguean ofreciendo exámenes para hacer frente a ese proceso.
Ellen Rowe, directora del Programa de Evaluaciones Cognitivas, dijo que un los estudiantes de menos recursos tienen acceso a los exámenes porque hay un sistema de tarifas acordes con los ingresos de las familias. “Pero no controlamos quienes vienen”, acotó.
Hasta los más afortunados se dan cuenta de las injusticias. Mark Biear, de Viena, blanco, tiene dos hijos del Nivel IV, uno de los cuales fue admitido tras apelar. Dice que notó que algunos padres hablan del procedimiento abiertamente, mientras que otros se muestran reticentes a dar información que podría permitirle a otra familia sacar ventaja.
“Ojalá todo fuera más transparente”, expresó Biear.
Jonathan Plucker, presidente de la Asociación Nacional de Niños Dotados, dice que le parece muy bien que se rindan exámenes para evaluar a los alumnos de segundo grado, pero agrega que permitir que los padres inviertan cientos de dólares en un segundo examen para medir el coeficiente intelectual anula todo lo hecho. “¿Qué necesidad hay de agregar una segunda fase al proceso, que lo único que hace es restablecer las disparidades que uno está tratando de combatir?”, preguntó.
Cuando un padre no sabe cómo funciona el proceso, los maestros a menudo tratan de asesorarlos.
Tina Hone, que trató de ayudar a los estudiantes de minorías cuando integró la junta escolar de Fairfax, dice que el costo de las apelaciones a veces desalienta a las personas de bajos recursos, y que en ocasiones las familias negras o hispanas no se muestran tan interesadas en ubicar a sus hijos en escuelas para alumnos avanzados si ello implica ir a un centro de enseñanza de otro barrio.
“No es solo un asunto de dinero. Hay un componente cultural”, manifestó.
Katherine Céspedes dijo que sus maestros no la alentaron a buscar programas académicos avanzados cuando llegó a Virginia desde Argentina a los siete años. Indicó que inicialmente se concentraron en mejorar su inglés.
“Creo que mis maestros no creyeron que fuese capaz de algo más avanzado”, declaró Céspedes. Añadió que solo cuando un profesor de inglés de la secundaria de Falls Church se interesó en ella trató de enrolarse en cursos más avanzados. Terminó graduándose con un promedio de 3,5 y obtuvo una beca de la Universidad George Mason.
