Servicio secreto
CIDUAD DE GUATMALA, GUATMALA. -El Departamento de Estado de Estados Unidos hizo un señalamiento público el lunes contra la jueza guatemalteca
Blanca Aida Stalling Dávila, acusándola de tener nexos con estructuras de corrupción.
El señalamiento incluye la prohibición para ingresar a Estados Unidos y se extiende a sus hijos Julio Alejandro Molina Stalling y Otto Fernando Molina Stalling.
La embajada estadounidense en Guatemala precisó después en un comunicado de prensa que la designación de Stalling es por su involucramiento en “casos de corrupción importantes” y que ese país “mantiene su fuerte compromiso con la lucha contra la corrupción y la impunidad en Guatemala y seguirá usando las numerosas herramientas que están a su disposición para asegurar que los individuos involucrados en corrupción, narcotráfico y otras actividades ilegales no puedan evadir las consecuencias de sus hechos criminales”.
La misión diplomática también dijo que desde inicio de año han revocado o declarados no aptos para entrar a su territorio a 150 guatemaltecos sospechosos de estar involucrados en delitos como narcotráfico y corrupción.
La magistrada de la Suprema Corte de Justicia --separada del cargo porque está procesada-- es señalada por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de mantener nexos con el sistema judicial --incluida la fiscalía-- para traficar influencias en su beneficio. Actualmente cumple arresto domiciliario por haber solicitado a un juez que beneficiara a su hijo Otto Fernando con medidas sustitutivas a la prisión en un caso de corrupción en la compra de medicamentos.
Por el caso, Otto Fernando fue condenado a seis años de prisión y a una multa de unos 7.000 dólares. Sin embargo, presentó recursos legales que suspendieron la pena en prisión y le concedieron arresto domiciliar mientras su condena queda en firme, lo que podría tomar años en definirse.
En este país centroamericano el arresto domiciliario permite que las personas salgan de casa y se muevan por la ciudad siempre que no abandonen el departamento de Guatemala, por lo que la jueza y su hijo prácticamente están en libertad.
La denuncia contra Stalling fue presentada por el juez Carlos Giovanni Ruano Pineda el 10 de enero de 2017, quien dijo que la magistrada abogó ante él para que éste diera libertad a su hijo y presentó como prueba las grabaciones donde ella lo solicita. Poco después, cuando fue detenida, intentó escapar disfrazada y portando un arma de fuego.
La jueza ha presentado diversos recursos legales que han retrasado el inicio de un juicio contra ella.
El juez Víctor Cruz, que debe realizar una audiencia para revisar el beneficio de arresto domiciliar a favor de Stalling, no ha programado la audiencia aduciendo que tiene “ imposibilidad material” o una agenda muy recargada.
El fiscal contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval, dijo el lunes a The Associated Press que la sanción es producto de una política de las autoridades estadounidenses de “cero tolerancia a la corrupción” y que los procesos judiciales contra estas personas no pasan inadvertidos. “Esto es una muestra de que existen casos abiertos por corrupción contra ellos”, dijo Sandoval.
En 2018 congresistas estadounidenses ordenaron al Departamento de Estado elaborar un listado de funcionarios del Triángulo norte (Guatemala, Honduras y El Salvador) vinculados con corrupción y emitir sanciones contra éstos.
El señalamiento incluye la prohibición para ingresar a Estados Unidos y se extiende a sus hijos Julio Alejandro Molina Stalling y Otto Fernando Molina Stalling.
La embajada estadounidense en Guatemala precisó después en un comunicado de prensa que la designación de Stalling es por su involucramiento en “casos de corrupción importantes” y que ese país “mantiene su fuerte compromiso con la lucha contra la corrupción y la impunidad en Guatemala y seguirá usando las numerosas herramientas que están a su disposición para asegurar que los individuos involucrados en corrupción, narcotráfico y otras actividades ilegales no puedan evadir las consecuencias de sus hechos criminales”.
La misión diplomática también dijo que desde inicio de año han revocado o declarados no aptos para entrar a su territorio a 150 guatemaltecos sospechosos de estar involucrados en delitos como narcotráfico y corrupción.
La magistrada de la Suprema Corte de Justicia --separada del cargo porque está procesada-- es señalada por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de mantener nexos con el sistema judicial --incluida la fiscalía-- para traficar influencias en su beneficio. Actualmente cumple arresto domiciliario por haber solicitado a un juez que beneficiara a su hijo Otto Fernando con medidas sustitutivas a la prisión en un caso de corrupción en la compra de medicamentos.
Por el caso, Otto Fernando fue condenado a seis años de prisión y a una multa de unos 7.000 dólares. Sin embargo, presentó recursos legales que suspendieron la pena en prisión y le concedieron arresto domiciliar mientras su condena queda en firme, lo que podría tomar años en definirse.
En este país centroamericano el arresto domiciliario permite que las personas salgan de casa y se muevan por la ciudad siempre que no abandonen el departamento de Guatemala, por lo que la jueza y su hijo prácticamente están en libertad.
La denuncia contra Stalling fue presentada por el juez Carlos Giovanni Ruano Pineda el 10 de enero de 2017, quien dijo que la magistrada abogó ante él para que éste diera libertad a su hijo y presentó como prueba las grabaciones donde ella lo solicita. Poco después, cuando fue detenida, intentó escapar disfrazada y portando un arma de fuego.
La jueza ha presentado diversos recursos legales que han retrasado el inicio de un juicio contra ella.
El juez Víctor Cruz, que debe realizar una audiencia para revisar el beneficio de arresto domiciliar a favor de Stalling, no ha programado la audiencia aduciendo que tiene “ imposibilidad material” o una agenda muy recargada.
El fiscal contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval, dijo el lunes a The Associated Press que la sanción es producto de una política de las autoridades estadounidenses de “cero tolerancia a la corrupción” y que los procesos judiciales contra estas personas no pasan inadvertidos. “Esto es una muestra de que existen casos abiertos por corrupción contra ellos”, dijo Sandoval.
En 2018 congresistas estadounidenses ordenaron al Departamento de Estado elaborar un listado de funcionarios del Triángulo norte (Guatemala, Honduras y El Salvador) vinculados con corrupción y emitir sanciones contra éstos.
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