Si Trump se postulara nuevamente como candidato en 2024, lo más probable es que sus rivales esgriman una cláusula constitucional aprobada tras la Guerra Civil para tratar de frenarlo y el asunto podría quedar finalmente en manos de la Corte Suprema.
La 14ta Enmienda de la Constitución prohíbe toda candidatura de líderes políticos o militares “que hayan participado en una insurrección o rebelión” contra Estados Unidos. La cláusula, ratificada en 1868, contiene específicamente en su Sección Número 3 una prohibición que impide el ascenso al poder de líderes de la Confederación.
Bien podría aplicarse a personas que incitaron o participaron en el asalto al Capitolio ocurrido el 6 de enero, opinan los expertos, señalando que la inminente investigación del Congreso y las numerosas demandas entabladas contra Trump podrían dilucidar su participación en los hechos.
“Si Trump se postula nuevamente en 2024, creo que es muy probable que los demás tratarán de impedirle el paso usando la 14ta Enmienda”, estimó Daniel Hemel, profesor de leyes de la Universidad de Chicago.
Aun así, reina la incertidumbre sobre cómo ocurriría eso exactamente y sobre si serían el Congreso o las autoridades regionales las responsables.
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Los redactores de la 14ta Enmienda deseaban impedir el retorno al poder de políticos que participación en la Confederación de estados del sur y la Sección Número 3 fue aplicada varias veces, tanto a nivel federal como estatal, señaló Gerald Magliocca, profesor de la Facultad de Derecho Robert H. McKinney de la Universidad de Indiana, pero en 1872, por una mayoría de dos tercios tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, el Congreso anuló la prohibición para la mayoría de los señalados.
Obviamente, desde entonces la cláusula no ha sido aplicada.
“Ya nadie habla de eso”, comentó Laura F. Edwards, profesora de historia jurídica en la Universidad de Princeton. “No ha habido necesidad de mencionarlo desde la Guerra Civil”.
Por lo menos dos congresistas demócratas han anunciado planes de repotenciar esa herramienta. Steven Cohen, de Tennessee, dice que está preparando una ley que prohibiría el ejercicio de funciones públicas a toda persona vinculada con el asalto al Capitolio. La ley autorizaría al Departamento de Justicia a abrir investigaciones contra candidatos y designaría un tribunal federal que se encargaría de toda gestión para impedir candidaturas de personas acusadas, explicó Cohen.
La representante demócrata Debbie Wasserman Schultz, de Florida, anunció en un comunicado que está redactando una propuesta “ que impediría que traidores como Donald Trump jamás ocupen un puesto en el gobierno al que buscaron derrocar”.
Sin embargo, aun si el Congreso no actúa, funcionarios electorales de estados o incluso tribunales a nivel estatal podría fallar que Trump no puede ser candidato en esa jurisdicción debido al asalto al Capitolio, coincidieron los expertos.
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Con o sin participación del Congreso, el asunto inevitablemente terminará en los tribunales, opinó Elizabeth Wydra, presidenta del Constitutional Accountability Center.
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En tal caso, los jueces tendrían que responder tres preguntas, indicó Magliocca.
En primer lugar, ¿ocurrió realmente una insurrección? Los abogados defensores de Trump durante el “impeachment” sostuvieron que no, pero el líder republicano del Senado Mitch McConnell ha calificado los hechos del 6 de enero como una insurrección y la palabra ha sido usada regularmente tanto por los demócratas como por la prensa estadounidense.
Segundo, ¿fue Trump responsable? De nuevo, los abogados del mandatario anterior insisten en que no. En todo caso el asunto podría esclarecerse mediante la investigación del Congreso, la demanda presentada esta semana por el representante demócrata Bennie Thompson o mediante el caso judicial que pide la descalificación de Trump, opinó Magliocca.
Tercero, ¿recae sobre Trump la Sección Número 3 de la Enmienda? La sección no menciona específicamente a la presidencia, pero Magliocca y varios otros expertos coinciden en que la medida sí abarcaría a Trump.
En todo caso, el asunto podría quedar en manos de la Corte Suprema y eso sería en medio de una tensa campaña electoral ya que el tema surgiría sólo si Trump anuncia una candidatura.
Ello podría disgustar al presidente del máximo tribunal, John Roberts, quien ha hecho grandes esfuerzos por eximir a la corte de todo caso relacionado con las falsas denuncias de fraude electoral esgrimidas por Trump y en general, de todo caso relacionado con partidismos políticos.
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