Andrew Scott Pierson, un residente de Oklahoma de 47 años, reconoció ante un juez federal en Arkansas haber conspirado para violar la Ley de Control de Exportación de Armas (AECA por sus siglas en inglés), señaló el Departamento de Justicia en un comunicado.
'Este caso es el primer enjuiciamiento exitoso en el país de la exportación y fabricación de armas de fuego para carteles mexicanos', dijo Jonathan Ross, fiscal federal interino para el Distrito Este de Arkansas.
'Estamos orgullosos de que esta investigación haya dificultado la obtención de armas de fuego por parte de cárteles violentos, y tenemos la intención de procesar cualquier caso que ayude a mantener las armas fuera del alcance de estas organizaciones criminales', agregó.
Pierson, que aún debe ser sentenciado, enfrenta hasta 20 años de prisión, no más de tres años de libertad condicional y una multa máxima de 1 millón de dólares.
Un gran jurado acusó el 3 de septiembre de 2019 a Pierson y a otras siete personas, la mayoría ciudadanos estadounidenses, de traficar productos falsificados y violación de la AECA.
Según la acusación, entre 2014 y 2018 Pierson ordenó piezas de armas de fuego para ser entregadas a María Almendarez, una mexicana con residencia legal en Laredo, Texas. Ella las hizo llegar a territorio mexicano, donde Pierson ensambló armas automáticas para el Cartel del Noreste (CDN) de Nuevo Laredo y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) de Guadalajara.
Además de Pierson, otros cinco acusados ya se declararon culpables y un sexto sigue prófugo en México, indicó el Departamento de Estado.
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Pierson, que fue acusado de cinco cargos en relación con este caso, se entregó a las autoridades estadounidenses el 10 de diciembre de 2018.
Según el gobierno mexicano, entre 70% y 90% de las armas recuperadas en escenas del crimen en México han sido traficadas desde Estados Unidos.
La administración del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, que busca poner el tráfico ilegal de armas en el centro de la conversación bilateral, demandó en agosto a nueve fabricantes y dos distribuidores de armas estadounidenses por lo que consideró un comercio 'negligente e ilícito' que alienta el narcotráfico y la violencia en su territorio.
Entonces, una persona vinculada al tráfico de armas desde hace 20 años, y quien habló con la AFP bajo condición de anonimato, señaló un creciente envío de armas en partes, conocidas como 'armas al 80%', para ensamblar finalmente en México.
Desde diciembre de 2006, cuando el entonces presidente mexicano Felipe Calderón lanzó un polémico operativo militar antidrogas, más de 300.000 personas según cifras oficiales han sido asesinadas en México, la mayoría con armas de fuego y en hechos relacionados con el narcotráfico.
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