La Haya, Países Bajos
La exfiscal general venezolana Luisa Ortega pidió el jueves a la Corte Penal Internacional que investigue al presidente de Venezuela Nicolás Maduro y a otros cuatro funcionarios por crímenes contra la humanidad.
Ortega acudió el jueves por la mañana a la sede del tribunal mundial, acompañada por asesores con carpetas abultadas.
La exfiscal general dijo que le entregó al tribunal más de 1.000 evidencias --informes forenses, entrevistas con testigos y testimonios de expertos-- que vinculan a las fuerzas de seguridad venezolanas con más de 8.000 asesinatos desde 2015.
Ortega afirmó que el gobierno de Maduro 'debe pagar por estos crímenes contra la humanidad, así como también deben pagar por el hambre, la miseria y la penuria que le han infligido al pueblo venezolano'.
Afirmó que llevaba sus denuncias a la instancia internacional porque en Venezuela no es posible que los culpables reciban castigo ya que el partido socialista gobernante domina el poder judicial.
Venezuela es uno de los más de 120 países que ratificaron el tratado de creación de la CPI. Sin embargo, no es cosa segura que el fiscal principal de la Corte, Fatou Bensouda, haga lugar al pedido de Ortega. Su oficina recibe cientos de denuncias similares por año.
En el pasado, la fiscalía recibió otras denuncias de presuntos crímenes políticos de las autoridades venezolanas contra la oposición política. En 2006 se negó a iniciar una investigación, pero aclaró que se podía revisar la decisión “a la luz de nuevos hechos o pruebas”.
Más de 120 personas murieron y otros cientos fueron encarcelados o heridos durante los meses de movilizaciones contra el gobierno venezolano en los primeros meses del año. Varios gobiernos y las Naciones Unidas criticaron la represión.
Ortega dirige desde el exilio una campaña para desacreditar al gobierno de Maduro, alegando violaciones de los derechos humanos y la corrupción de los altos funcionarios.
La ex fiscal general huyó del país en agosto al ser destituida por una nueva asamblea constituyente, leal a Maduro. Por ley, solo la Asamblea Nacional (Parlamento), una de las pocas instituciones dominadas por la oposición, puede destituir al fiscal general, y muchos gobiernos extranjeros se han negado a reconocer al sucesor de Ortega.
En Washington, la Organización de Estados Americanos fue escenario el jueves de la tercera y probablemente última ronda de audiencias públicas encargadas por el secretario general Luis Almagro para evaluar si la situación de derechos humanos en Venezuela merece ser remitida a la CPI.
Dirigentes políticos, parientes de efectivos militares y exfuncionarios judiciales denunciaron en emotivos testimonios sus casos personales para denunciar que el gobierno de Maduro criminaliza la disidencia política y reprimió con exceso de fuerza las protestas ocurridas a comienzos de año.
El exministro de Justicia y exfiscal General de Canadá, Irwin Cotler, dijo a The Associated Press que él y otros dos expertos reclutados por Almagro presentarán probablemente a comienzos de 2018 un informe con recomendaciones tras evaluar no solo los testimonios recogidos en las audiencias, sino también abundante material documental procedente de Naciones Unidas, organizaciones venezolanas y otros entes.
Los testimonios “representan un ataque no solo contra estas personas, sino a las propias instituciones democráticas”, dijo Cotler. “Al final tendremos que ver si, vistas en su conjunto, demuestran que se cometieron crímenes de lesa humanidad”.
Para concluir que hay crímenes de lesa humanidad es necesario verificar que son acciones perpetradas de manera sistemática, que tienen responsables específicos y que no enfrentan juicios penales genuinos.
Venezuela, que en abril inició un trámite de dos años para abandonar la OEA, se opone a la celebración de estas audiencias por considerar que no corresponden a la misión del organismo hemisférico.
La exfiscal general venezolana Luisa Ortega pidió el jueves a la Corte Penal Internacional que investigue al presidente de Venezuela Nicolás Maduro y a otros cuatro funcionarios por crímenes contra la humanidad.
Ortega acudió el jueves por la mañana a la sede del tribunal mundial, acompañada por asesores con carpetas abultadas.
La exfiscal general dijo que le entregó al tribunal más de 1.000 evidencias --informes forenses, entrevistas con testigos y testimonios de expertos-- que vinculan a las fuerzas de seguridad venezolanas con más de 8.000 asesinatos desde 2015.
Ortega afirmó que el gobierno de Maduro 'debe pagar por estos crímenes contra la humanidad, así como también deben pagar por el hambre, la miseria y la penuria que le han infligido al pueblo venezolano'.
Afirmó que llevaba sus denuncias a la instancia internacional porque en Venezuela no es posible que los culpables reciban castigo ya que el partido socialista gobernante domina el poder judicial.
Venezuela es uno de los más de 120 países que ratificaron el tratado de creación de la CPI. Sin embargo, no es cosa segura que el fiscal principal de la Corte, Fatou Bensouda, haga lugar al pedido de Ortega. Su oficina recibe cientos de denuncias similares por año.
En el pasado, la fiscalía recibió otras denuncias de presuntos crímenes políticos de las autoridades venezolanas contra la oposición política. En 2006 se negó a iniciar una investigación, pero aclaró que se podía revisar la decisión “a la luz de nuevos hechos o pruebas”.
Más de 120 personas murieron y otros cientos fueron encarcelados o heridos durante los meses de movilizaciones contra el gobierno venezolano en los primeros meses del año. Varios gobiernos y las Naciones Unidas criticaron la represión.
Ortega dirige desde el exilio una campaña para desacreditar al gobierno de Maduro, alegando violaciones de los derechos humanos y la corrupción de los altos funcionarios.
La ex fiscal general huyó del país en agosto al ser destituida por una nueva asamblea constituyente, leal a Maduro. Por ley, solo la Asamblea Nacional (Parlamento), una de las pocas instituciones dominadas por la oposición, puede destituir al fiscal general, y muchos gobiernos extranjeros se han negado a reconocer al sucesor de Ortega.
En Washington, la Organización de Estados Americanos fue escenario el jueves de la tercera y probablemente última ronda de audiencias públicas encargadas por el secretario general Luis Almagro para evaluar si la situación de derechos humanos en Venezuela merece ser remitida a la CPI.
Dirigentes políticos, parientes de efectivos militares y exfuncionarios judiciales denunciaron en emotivos testimonios sus casos personales para denunciar que el gobierno de Maduro criminaliza la disidencia política y reprimió con exceso de fuerza las protestas ocurridas a comienzos de año.
El exministro de Justicia y exfiscal General de Canadá, Irwin Cotler, dijo a The Associated Press que él y otros dos expertos reclutados por Almagro presentarán probablemente a comienzos de 2018 un informe con recomendaciones tras evaluar no solo los testimonios recogidos en las audiencias, sino también abundante material documental procedente de Naciones Unidas, organizaciones venezolanas y otros entes.
Los testimonios “representan un ataque no solo contra estas personas, sino a las propias instituciones democráticas”, dijo Cotler. “Al final tendremos que ver si, vistas en su conjunto, demuestran que se cometieron crímenes de lesa humanidad”.
Para concluir que hay crímenes de lesa humanidad es necesario verificar que son acciones perpetradas de manera sistemática, que tienen responsables específicos y que no enfrentan juicios penales genuinos.
Venezuela, que en abril inició un trámite de dos años para abandonar la OEA, se opone a la celebración de estas audiencias por considerar que no corresponden a la misión del organismo hemisférico.
Le puede interesar: Cámara baja del Congreso aprueba reforma fiscal de Trump
