Florida, Estados Unidos
Diecisiete agencias de policía de Florida acordaron el miércoles cooperar con el gobierno federal en materia de inmigración, y ofrecieron un modelo que las autoridades dijeron puede utilizarse a nivel nacional para superar los obstáculos legales que impiden las relaciones de trabajo estrechas entre instituciones.
A la larga el nuevo plan se implementará en todo Estados Unidos, aunque aún está por verse cuántas agencias de policía se ofrecerán como voluntarias para aplicarlo.
Durante una conferencia de prensa el miércoles, Thomas Homan, subdirector del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés), y funcionarios de varios departamentos de policía de Florida indicaron que el nuevo protocolo permitirá a los administradores de prisiones cumplir legalmente con las solicitudes federales de detener a los inmigrantes, las cuales han suscitado demandas. En esencia, las agencias locales retendrán para el ICE a los inmigrantes que hayan sido arrestados por otros crímenes y que estén en el país de forma ilegal.
Los funcionarios destacaron que el protocolo solamente está enfocado en los inmigrantes que tengan antecedentes penales o en aquellos que hayan sido arrestados. La finalidad es impedir que se libere a delincuentes en la comunidad, señalaron las autoridades, y citaron casos en los que un inmigrante que enfrentaba una orden de deportación fue liberado a la espera de su deportación, y cometió crímenes.
Matthew Albence, el director ejecutivo asociado de las operaciones de deportación del ICE, dijo que 92% de las personas detenidas por la agencia en el año fiscal 2017 fueron declaradas culpables de un delito, acusadas de un delito penal, expulsadas del país y reingresaron, o se ordenó su deportación y luego se dieron a la fuga.
“Esto no es sobre las personas que simplemente están aquí de forma ilegal”, dijo Bob Gualtieri, jefe del departamento de policía del condado Pinellas. “Esto no es sobre política e inmigración ilegal”.
Las autoridades señalaron que un fallo judicial de 2014 sobre las solicitudes de detención del ICE no le dio a los administradores de la prisión la autoridad legal para retener a los reclusos después de que se resolvieran sus procesos judiciales locales. Los tribunales dijeron que retener a los reos violaba la protección a los detenidos que otorga la Cuarta Enmienda constitucional contra las pesquisas y aprehensiones arbitrarias.
Los 17 acuerdos expanden un programa conocido como 287 (g), una sección de la Ley de Inmigración y Nacionalidad que le autoriza al Departamento de Seguridad Nacional capacitar a las autoridades locales y estatales para que trabajen como agentes federales de inmigración.
Diecisiete agencias de policía de Florida acordaron el miércoles cooperar con el gobierno federal en materia de inmigración, y ofrecieron un modelo que las autoridades dijeron puede utilizarse a nivel nacional para superar los obstáculos legales que impiden las relaciones de trabajo estrechas entre instituciones.
A la larga el nuevo plan se implementará en todo Estados Unidos, aunque aún está por verse cuántas agencias de policía se ofrecerán como voluntarias para aplicarlo.
Durante una conferencia de prensa el miércoles, Thomas Homan, subdirector del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés), y funcionarios de varios departamentos de policía de Florida indicaron que el nuevo protocolo permitirá a los administradores de prisiones cumplir legalmente con las solicitudes federales de detener a los inmigrantes, las cuales han suscitado demandas. En esencia, las agencias locales retendrán para el ICE a los inmigrantes que hayan sido arrestados por otros crímenes y que estén en el país de forma ilegal.
Los funcionarios destacaron que el protocolo solamente está enfocado en los inmigrantes que tengan antecedentes penales o en aquellos que hayan sido arrestados. La finalidad es impedir que se libere a delincuentes en la comunidad, señalaron las autoridades, y citaron casos en los que un inmigrante que enfrentaba una orden de deportación fue liberado a la espera de su deportación, y cometió crímenes.
Matthew Albence, el director ejecutivo asociado de las operaciones de deportación del ICE, dijo que 92% de las personas detenidas por la agencia en el año fiscal 2017 fueron declaradas culpables de un delito, acusadas de un delito penal, expulsadas del país y reingresaron, o se ordenó su deportación y luego se dieron a la fuga.
“Esto no es sobre las personas que simplemente están aquí de forma ilegal”, dijo Bob Gualtieri, jefe del departamento de policía del condado Pinellas. “Esto no es sobre política e inmigración ilegal”.
Las autoridades señalaron que un fallo judicial de 2014 sobre las solicitudes de detención del ICE no le dio a los administradores de la prisión la autoridad legal para retener a los reclusos después de que se resolvieran sus procesos judiciales locales. Los tribunales dijeron que retener a los reos violaba la protección a los detenidos que otorga la Cuarta Enmienda constitucional contra las pesquisas y aprehensiones arbitrarias.
Los 17 acuerdos expanden un programa conocido como 287 (g), una sección de la Ley de Inmigración y Nacionalidad que le autoriza al Departamento de Seguridad Nacional capacitar a las autoridades locales y estatales para que trabajen como agentes federales de inmigración.
