El ejecutivo español se guardaba este lunes de todo triunfalismo tras la detención en Alemania del expresidente independentista catalán Carles Puigdemont, que desató manifestaciones violentas en una Cataluña agitada e incapaz de El ejecutivo español se guardaba este lunes de todo triunfalismo tras la detención en Alemania del expresidente independentista catalán Carles Puigdemont, que desató manifestaciones violentas en una Cataluña agitada e incapaz de dotarse de un gobierno.
La noche del domingo, 92 personas, entre ellas 23 agentes policiales, resultaron heridas de levedad en Barcelona durante las protestas convocadas por los Comités de Defensa de la República (CDR), organizaciones de barrio que militan por la secesión de esta región española. Hubo nueve detenidos y cuatro de ellos pasaron a disposición judicial.
Con el ambiente caldeado en la calle, el gobierno de Mariano Rajoy se ha mantenido discreto y ha evitado comentar la detención de Puigdemont, acusado de rebelión, o los pasos judiciales venideros.
El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, se limitó a decir este lunes que en España la justicia 'es igual para todos' y que 'nadie, por muy alto puesto que tenga' está por encima de ella.
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Según Astrid Barrio, profesora de Ciencias Políticas en la Universidad de Valencia, 'el gobierno hace bien en mantener un perfil bajo'.
'Cualquier tipo de pronunciamiento que sea visto como una injerencia abonaría la tesis de que el gobierno intenta influir en el trabajo de otros poderes, en este caso el judicial', explica refiriéndose a un argumento habitual de los independentistas, la supuesta inexistencia de separación de poderes en el Estado español.
La discreción del gobierno contrastaba con el tono enérgico de los diarios, que lucían títulos como 'El final de la escapada' (El Periódico de Cataluña), 'Alemania acaba con la fuga y farsa de Puigdemont' (ABC) o 'La caída de Puigdemont liquida la farsa del Gobierno en el exilio' (El País).
Ciudadanos, un partido liberal visceralmente antiindependentista y principal rival del PP en el centroderecha, también se mostró contundente.
Su líder, el catalán Albert Rivera, acusó de los altercados de Barcelona a 'las turbas separatistas' y opinó que la detención del expresidente regional deja claro que 'intentar romper una democracia europea tiene un coste y se paga en los tribunales'.
