LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-Un juez de
Filadelfia recibe un correo electrónico para informarle que el caso de un joven indocumentado que estaba procesando le había sido reasignado a otra corte para que finalmente lo cerrara y ordenara su deportación.
La decisión, tomada por el Departamento de Justicia (DoJ), forma parte de una política de mayor presión para que los jueces migratorios de Estados Unidos decidan sobre los procesos a su cargo con más celeridad.
El sindicato de estos magistrados, la NAIJ, presentó el 8 de agosto una nota de reclamo ante la Oficina Ejecutiva de Revisión Migratoria (EOIR), que depende del DoJ, por lo que considera una 'violación a la autoridad' de su posición en la corte.
'El meollo de ser juez pasa por su habilidad de tomar decisiones sin que intervengan factores externos que traten de influir su decisión', dijo a la AFP la presidenta de la NAIJ, Ashley Tabaddor, que despacha en Los Ángeles y afirma tiene 'una mira en el cuello'.
La justicia migratoria en Estados Unidos no depende del poder Judicial, sino del Ejecutivo. Son cortes administrativas y los jueces son nombrados por el fiscal general, que es la cabeza del DoJ.
Y así como son designados, pueden ser igualmente despedidos.
El presidente Donald Trump llegó al poder con un discurso anti inmigrantes -los llamó delincuentes, violadores y narcotraficantes- y su fiscal general Jeff Sessions, que tiene la misma firme postura, anunció este año que se evaluaría a los jueces por la cantidad de casos que cierren al año, en un sistema que está copado con cientos de miles de procesos abiertos.
NAIJ introdujo una queja también por esa medida, que ha sembrado 'mucha ansiedad y preocupación' en el estrado, señaló Tabaddor.
'No se trata de una fábrica (...), procesamos casos extremadamente complejos en un ambiente expedito de corte de tránsito porque el volumen es muy intenso y al mismo tiempo lo que está en riesgo es muy grande', dijo por su parte la jueza Dana Leigh Marks, presidente emérita de la agrupación, en referencia a las amenazas de muerte que a muchas personas le obligaron a emigrar a Estados Unidos.
Y esos casos requieren tiempo.
El DoJ aún no respondió a la solicitud de la AFP por un comentario sobre el reclamo.
'Peor pesadilla'
El juez de Filadelfia que tuvo su caso reasignado es Steven Morley, nombrado en 2010. El proceso era el de Reynaldo Castro-Tum, un guatemalteco que cruzó la frontera en 2014 con 17 años sin la compañía de un adulto.
Fue entregado a su cuñado, cuya dirección sería usada para enviar las citaciones a corte.
Se le enviaron cinco citaciones y Castro-Tum nunca compareció.
Morley decidió dar al caso un 'cierre administrativo', que es básicamente una pausa para investigar si realmente el muchacho recibió la correspondencia.
Según la cadena CNN, aquella dirección era de una comunidad de casas rodantes.
El fiscal Sessions -que en este 'sistema judicial' es una especie de Corte Suprema de un solo miembro- revocó la decisión, argumentando que los jueces no tenían la autoridad de cerrar casos a discreción y ordenó emitir otra citación, que si no cumplía se traduciría en una orden de deportación.
Era el 31 de mayo y Castro-Tum volvió a faltar.
La decisión, tomada por el Departamento de Justicia (DoJ), forma parte de una política de mayor presión para que los jueces migratorios de Estados Unidos decidan sobre los procesos a su cargo con más celeridad.
El sindicato de estos magistrados, la NAIJ, presentó el 8 de agosto una nota de reclamo ante la Oficina Ejecutiva de Revisión Migratoria (EOIR), que depende del DoJ, por lo que considera una 'violación a la autoridad' de su posición en la corte.
'El meollo de ser juez pasa por su habilidad de tomar decisiones sin que intervengan factores externos que traten de influir su decisión', dijo a la AFP la presidenta de la NAIJ, Ashley Tabaddor, que despacha en Los Ángeles y afirma tiene 'una mira en el cuello'.
La justicia migratoria en Estados Unidos no depende del poder Judicial, sino del Ejecutivo. Son cortes administrativas y los jueces son nombrados por el fiscal general, que es la cabeza del DoJ.
Y así como son designados, pueden ser igualmente despedidos.
El presidente Donald Trump llegó al poder con un discurso anti inmigrantes -los llamó delincuentes, violadores y narcotraficantes- y su fiscal general Jeff Sessions, que tiene la misma firme postura, anunció este año que se evaluaría a los jueces por la cantidad de casos que cierren al año, en un sistema que está copado con cientos de miles de procesos abiertos.
NAIJ introdujo una queja también por esa medida, que ha sembrado 'mucha ansiedad y preocupación' en el estrado, señaló Tabaddor.
'No se trata de una fábrica (...), procesamos casos extremadamente complejos en un ambiente expedito de corte de tránsito porque el volumen es muy intenso y al mismo tiempo lo que está en riesgo es muy grande', dijo por su parte la jueza Dana Leigh Marks, presidente emérita de la agrupación, en referencia a las amenazas de muerte que a muchas personas le obligaron a emigrar a Estados Unidos.
Y esos casos requieren tiempo.
El DoJ aún no respondió a la solicitud de la AFP por un comentario sobre el reclamo.
'Peor pesadilla'
El juez de Filadelfia que tuvo su caso reasignado es Steven Morley, nombrado en 2010. El proceso era el de Reynaldo Castro-Tum, un guatemalteco que cruzó la frontera en 2014 con 17 años sin la compañía de un adulto.
Fue entregado a su cuñado, cuya dirección sería usada para enviar las citaciones a corte.
Se le enviaron cinco citaciones y Castro-Tum nunca compareció.
Morley decidió dar al caso un 'cierre administrativo', que es básicamente una pausa para investigar si realmente el muchacho recibió la correspondencia.
Según la cadena CNN, aquella dirección era de una comunidad de casas rodantes.
El fiscal Sessions -que en este 'sistema judicial' es una especie de Corte Suprema de un solo miembro- revocó la decisión, argumentando que los jueces no tenían la autoridad de cerrar casos a discreción y ordenó emitir otra citación, que si no cumplía se traduciría en una orden de deportación.
Era el 31 de mayo y Castro-Tum volvió a faltar.
