CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA.- La Corte de Constitucionalidad de Guatemala (CC) paralizó en la madrugada del miércoles la decisión unilateral del presidente, Jimmy Morales, de cancelar el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Los magistrados del alto tribunal anunciaron su decisión tras nueve horas de deliberaciones.
En su fallo, la Corte señaló que tras conocer cinco amparos contra la decisión de Morales, ordenó “dejar en suspenso la decisión emitida por las autoridades del Estado de Guatemala de dar por terminado de manera anticipada y unilateral” el acuerdo para el establecimiento de la CICIG.
Morales canceló el mandato de la comisión el lunes. La medida le valió duras críticas en su país y la comunidad internacional al considerarse que la decisión pone en riesgo la lucha contra la corrupción y la impunidad en la nación centroamericana.
La decisión de Morales fue anunciada en Naciones Unidas por la canciller, Sandra Jovel, quién además dio un plazo de 24 horas para que los funcionarios internacionales de la comisión abandonaran el país.
Tras el anuncio, y como el estado guatemalteco no garantizaba la seguridad, la CICIG sacó a sus funcionarios del país.
El procurador de Derechos Humanos, Jordán Rodas, que presentó uno de los amparos, dijo a The Associated Press que las autoridades están obligadas a obedecer y cumplir el fallo de la Corte.
“El gobierno está orillado a cumplir la resolución. Si no cumple es otra cosa y ya sería un golpe de Estado, porque la piedra angular del Estado de derecho es el respeto de las resoluciones judiciales”, señaló.
La CICIG es un organismo de Naciones Unidas que funciona bajo un acuerdo bilateral que está en vigor hasta septiembre de 2019 y que investiga aparatos clandestinos y de seguridad que generan corrupción e impunidad dentro del estado guatemalteco. La comisión opera desde hace más de una década en Guatemala, donde ha presentado cargos por corrupción en casos que han implicado a más de 600 personas.
El fallo de la CC responde a cinco amparos solicitados que fueron otorgados en forma provisional por el tribunal. La decisión se tomó por cuatro votos a favor y uno en contra, el de su presidenta Dina Ochoa, designada por Morales.
La CC ordenó también que la resolución sea publicada de inmediato en el Diario Oficial.
Los magistrados del alto tribunal anunciaron su decisión tras nueve horas de deliberaciones.
En su fallo, la Corte señaló que tras conocer cinco amparos contra la decisión de Morales, ordenó “dejar en suspenso la decisión emitida por las autoridades del Estado de Guatemala de dar por terminado de manera anticipada y unilateral” el acuerdo para el establecimiento de la CICIG.
Morales canceló el mandato de la comisión el lunes. La medida le valió duras críticas en su país y la comunidad internacional al considerarse que la decisión pone en riesgo la lucha contra la corrupción y la impunidad en la nación centroamericana.
La decisión de Morales fue anunciada en Naciones Unidas por la canciller, Sandra Jovel, quién además dio un plazo de 24 horas para que los funcionarios internacionales de la comisión abandonaran el país.
Tras el anuncio, y como el estado guatemalteco no garantizaba la seguridad, la CICIG sacó a sus funcionarios del país.
El procurador de Derechos Humanos, Jordán Rodas, que presentó uno de los amparos, dijo a The Associated Press que las autoridades están obligadas a obedecer y cumplir el fallo de la Corte.
“El gobierno está orillado a cumplir la resolución. Si no cumple es otra cosa y ya sería un golpe de Estado, porque la piedra angular del Estado de derecho es el respeto de las resoluciones judiciales”, señaló.
La CICIG es un organismo de Naciones Unidas que funciona bajo un acuerdo bilateral que está en vigor hasta septiembre de 2019 y que investiga aparatos clandestinos y de seguridad que generan corrupción e impunidad dentro del estado guatemalteco. La comisión opera desde hace más de una década en Guatemala, donde ha presentado cargos por corrupción en casos que han implicado a más de 600 personas.
El fallo de la CC responde a cinco amparos solicitados que fueron otorgados en forma provisional por el tribunal. La decisión se tomó por cuatro votos a favor y uno en contra, el de su presidenta Dina Ochoa, designada por Morales.
La CC ordenó también que la resolución sea publicada de inmediato en el Diario Oficial.
