HOUSTON, TEXAS.- Las imágenes de niños llorando luego de que sus padres son detenidos en
redadas del servicio de inmigración en
Misisipi revivieron viejas quejas: Los trabajadores sin permiso de residencia son arrestados o deportados, mientras que los gerentes y los propietarios de las empresas que los contratan generalmente no son procesados.
Bajo el gobierno del presidente Donald Trump, la cantidad de gerentes y propietarios que han sido juzgados por emplear trabajadores sin papeles se ha mantenido estable, mientras que en todos los otros sectores vinculados con la inmigración ilegal se ha intensificado la aplicación de las leyes.
Las redadas de la semana pasada en siete plantas procesadoras de pollos fueron la operación en un sitio de trabajo más grande montada bajo el gobierno de Trump. Generó la detención de 680 personas que están en el país sin autorización y se espera que a algunas se les radiquen cargos penales. Pero ningún propietario o gerente ha sido encausado por ahora, siguiendo un patrón que viene de otras redadas similares en el pasado.
Abogados y expertos coinciden en que investigar a los gerentes toma más tiempo y es mucho más complejo que detener a los trabajadores. Un obstáculo que viene de antes del gobierno de Trump es que las leyes federales estipulan que la contratación de trabajadores sin permiso de residencia es un delito solo si se hace “a sabiendas” del status irregular del empleado.
“Ese término, ‘a sabiendas’, ofrece una gran defensa a los empleadores”, dijo Muzaffar Chishti, del Instituto de Políticas Inmigratorias. “El empleador dice, ‘lo lamento, no sabía que no estaban autorizados’” a estar en el país.
El director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (conocido por sus siglas en inglés, ICE) Matthew Albence, dijo el martes que toda persona que haya violado las leyes en Misisipi deberá responder por sus actos, incluidos “los empleadores que se benefician de sus delitos”. Las órdenes de arresto de Misisipi afirman que los gerentes de dos de las plantas participaron en el fraude.
Después de que Trump asumió la presidencia, el director interino de entonces Thomas Homan dijo que el ICE trataría de aumentar en un 400 por ciento las acciones en los sitios de trabajo.
Bajo el gobierno del presidente Donald Trump, la cantidad de gerentes y propietarios que han sido juzgados por emplear trabajadores sin papeles se ha mantenido estable, mientras que en todos los otros sectores vinculados con la inmigración ilegal se ha intensificado la aplicación de las leyes.
Las redadas de la semana pasada en siete plantas procesadoras de pollos fueron la operación en un sitio de trabajo más grande montada bajo el gobierno de Trump. Generó la detención de 680 personas que están en el país sin autorización y se espera que a algunas se les radiquen cargos penales. Pero ningún propietario o gerente ha sido encausado por ahora, siguiendo un patrón que viene de otras redadas similares en el pasado.
Abogados y expertos coinciden en que investigar a los gerentes toma más tiempo y es mucho más complejo que detener a los trabajadores. Un obstáculo que viene de antes del gobierno de Trump es que las leyes federales estipulan que la contratación de trabajadores sin permiso de residencia es un delito solo si se hace “a sabiendas” del status irregular del empleado.
“Ese término, ‘a sabiendas’, ofrece una gran defensa a los empleadores”, dijo Muzaffar Chishti, del Instituto de Políticas Inmigratorias. “El empleador dice, ‘lo lamento, no sabía que no estaban autorizados’” a estar en el país.
El director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (conocido por sus siglas en inglés, ICE) Matthew Albence, dijo el martes que toda persona que haya violado las leyes en Misisipi deberá responder por sus actos, incluidos “los empleadores que se benefician de sus delitos”. Las órdenes de arresto de Misisipi afirman que los gerentes de dos de las plantas participaron en el fraude.
Después de que Trump asumió la presidencia, el director interino de entonces Thomas Homan dijo que el ICE trataría de aumentar en un 400 por ciento las acciones en los sitios de trabajo.
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Y lo hizo, según estadísticas difundidas por esa agencia en diciembre, se cuadruplicó la cantidad de investigaciones que abrió y de auditorías de los documentos presentados por los empleados al ser contratados. E hizo 2,304 arrestos en los sitios de trabajo, siete veces los del año previo.
La gran excepción fueron los gerentes. En el año fiscal del 2018 fueron detenidos 72 gerentes, comparado con los 71 del año previo. Y 49 fueron condenados, comparado con los 55 del 2017.
