Los procesados son exmiembros de las paramilitares Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), quienes asisten por medio de videoconferencia desde la cárcel Mariscal Zavala, donde están recluidos.
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Los hechos habrían ocurrido entre 1981 y 1985 en el municipio de Rabinal, al norte de la capital guatemalteca.
La demanda comenzó hace una década cuando 11 mujeres denunciaron el abuso ante la justicia y luego se sumaron otras víctimas para un total de 36 demandantes, dijo a periodistas la abogada Lucía Xiloj, que apoya su causa.
Durante el debate será presentado de forma virtual el testimonio de varias víctimas que declararon en anticipo de prueba; mientras que cinco de las demandantes estarán presentes en la audiencia para exponer los hechos.
La mayoría de los testigos están bajo reserva por protección a su integridad, detalló Xiloj.
En el debate oral y público los peritos expondrán la estrategia contrainsurgente usada por los paramilitares y soldados durante el conflicto armado para demostrar el abuso que sufrió la población maya, agregó.
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Xiloj calificó de aberrantes los hechos debido a que muchas mujeres 'fueron violentadas después de la desaparición (forzada) de sus esposos' por parte los exparamilitares y soldados.
Para representantes de la Asociación Bufete Jurídico de Rabinal, acompañante del caso, la apertura del juicio da esperanza a la lucha de estas mujeres y de otras víctimas de la guerra civil que ensangrentó este país durante 36 años.
La premio Nobel de la Paz 1992, Rigoberta Menchú, que asistió el martes, dijo que este caso es un desafío para el Estado porque 'no cumplió con su obligación de defender a estas hermanas que fueron violadas, torturadas, humilladas y que fueron sometidas a la esclavitud (sexual) durante tantos años del conflicto armado'.
Rabinal fue una de las poblaciones más golpeadas durante la guerra y allí se ubicó una tumba colectiva con más de 3,000 víctimas.
Una Comisión de la Verdad de la ONU, que investigó los crímenes de guerra en Guatemala, documentó 669 masacres y aseguró que el 93% de las violaciones fueron cometidas por aparatos del Estado.
Las PAC y la figura del comisionado militar que fueron instrumentos de represión durante la guerra quedaron disueltas con la firma de los acuerdos en 1996, lo que puso fin al conflicto que dejó unos 200,000 muertos o desaparecidos.
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