Más de cuarenta de organizaciones promovieron un juicio de amparo contra las autoridades para poner a salvo la salud de migrantes y de solicitantes de asilo.
De acuerdo con la resolución del magistrado Arturo Israel Domínguez, se está “frente a una amenaza grave a la salud pública” por lo que solicitó que a las autoridades competentes “pongan de inmediato en libertad a las personas recluidas en las estaciones migratorias que son parte de algún grupo vulnerable dado el riesgo de adquirir la enfermedad estudiada y opten por otros mecanismos para su seguimiento en territorio nacional”.
The Associated Press contactó al Instituto Nacional de Migración para conocer su postura sobre la resolución y no obtuvo una respuesta de inmediato.
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Hasta el viernes por la noche, México tenía detectados 6,875 casos positivos de coronavirus, con 546 decesos.
Domínguez, del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa de Ciudad de México, también pidió que se otorguen derechos temporales de residencia que incluyan acceso a beneficios de salud y sociales, que implica que todas las personas en situación de migración tengan asegurado acceso a servicios de salud y estén incluidas en las respuestas nacionales dirigidas a prevenir y mitigar la transmisión del virus.
Además, el juez ordenó que se implementen protocolos de prevención sanitaria eficaces en los centros de detención y tomar medidas para detectar a probables positivos del nuevo coronavirus.
Pidió, asimismo, que sigan realizando inspecciones que garanticen el respeto a los derechos humanos de los migrantes y se les proporcione los instrumentos jurídicos, políticos o administrativos indispensables para cumplir con eso.
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